Valladolid: integración ferrocarril-ciudad

Primero convendría recordar algunas normas, tantas veces olvidadas. Así, el artículo 141 de la Ley de régimen jurídico del sector público enuncia un deber de colaboración entre administraciones públicas, obligación que incluye el respeto de las competencias ajenas, la ponderación de intereses al ejercer las propias, el intercambio de información y la asistencia recíproca. Quizás esto suene a poco más que buenas intenciones, pero a mi juicio va siendo hora de que los responsables de cada uno de los niveles reflexionen sobre el cumplimiento del precepto citado.

Segundo, los acuerdos anteriores deben ser respetados (Pacta sunt servanda). Cuando accedemos a la escritura de constitución de la entidad mercantil «Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A» podemos leer sus estatutos; también el convenio que firmaron en su día los representantes de las instituciones, entonces todos del mismo color político. En 2017, gobiernos distintos firmaron otro convenio, después modificado por una adenda en 2022. Aunque los nombres firmantes eran diferentes, se mantenía la voluntad de colaborar en un proyecto común: «una integración permeable del ferrocarril-ciudad».

Tercero, evoco la jurisprudencia sobre convenios interadministrativos, casi literalmente: «la igualdad de partes…impide que una de las Administraciones pueda imponer su voluntad a la otra». Ninguna Administración tiene el poder unilateral de interpretar a su solo antojo las condiciones acordadas. Las desavenencias deben resolverse mediante el diálogo, en órganos creados para ello. Por cierto, no estamos ante un contrato mercantil. El vínculo entre las instituciones no es comercial; su causa es el interés público de Valladolid.

Entonces, ¿qué puede pasar si se rompe? El peor de los escenarios es la paralización y judicialización de todos los proyectos, con implicaciones urbanísticas y económicas de gran alcance. Tanto las infraestructuras públicas de transportes como las promociones de viviendas asociadas a esta operación constituyen palancas de crecimiento de Valladolid. Todos perdemos si se demoran o se cancelan.

¿Hay alternativas? Claro que sí, desde firmar un nuevo convenio a interpretar el vigente en un modo que permita conciliar todas las posiciones. Esto pueden hacerlo las administraciones participantes en la comisión creada al efecto si superan los obstáculos actuales: decisiones unilaterales irreversibles, hechos que imposibilitan el despliegue de un proyecto de ciudad con toda la legitimidad democrática o planteamientos maximalistas de todo/nada.

Desde una perspectiva jurídica, la conciliación, la mediación o el arbitraje podrían llevar al acuerdo de las partes si aceptaran que un grupo de técnicos independientes estudiaran el asunto durante pocos meses. En la perspectiva económica e ingenieril, claro que deben ejecutarse obras, pero la cuestión de los tiempos sobre lo que se hace primero y lo que viene después no parece trivial, dados los efectos múltiples de cada decisión sobre el futuro de la ciudad. Toda política de hechos consumados dificulta la solución porque encona las actitudes.

También cabe que estemos ante un órdago para imponerse. El presidente de Estados Unidos emplea el mismo truco una y otra vez. Dice que hará lo peor de lo peor, asusta a todo el mundo, y cuando hace algo nada bueno (pero no tan horrible) los demás respiran. Yo no creo que se trate de esto porque supongo que todos deseamos lo mejor para Valladolid.