Pronóstico reservado

Todo hace indicar que también aquí hay incertidumbre, sobre todo porque las cosas han podido cambiar en relación con lo que era su estado cuando se convocaron estas peculiares elecciones regionales. Y, siendo eso lo que se intuye, la inquietud está asegurada. Será entonces cuestión de pasar revista a los distintos factores que permiten considerar justificada esa inquietud, incluso más allá del comprensible recurso de remitir al veredicto final de las urnas, que los contendientes utilizan sistemáticamente para salir del paso cuando se les pide un pronóstico.

El primer factor, que conviene reiterar una vez más por la incidencia que puede tener esta vez en el resultado, es el de la participación. Analizado está ya hasta la saciedad, porque no hay análisis que no haya puesto énfasis en esto, en el riesgo que corren unas elecciones convocadas en este momento, en este lugar y de esta forma. Todos los estudios de opinión conocidos coinciden, al menos, en esto, que la celebración separada de unas elecciones regionales en una Comunidad como la nuestra, en esta época del año, con la crisis sanitaria muy activa y por causa de una disolución anticipada de las Cortes, tendrá una influencia relevante, aunque su alcance final dependerá del grado de movilización que pueda alcanzarse en lo que queda de campaña electoral. Pero es que la propia campaña electoral, afectada en un aspecto principal, como son los debates entre candidatos, por las restricciones sanitarias y por la limitativa regulación legal de su estructura, sufre de esas mismas circunstancias.

Algo similar puede estar ocurriendo con el elevado porcentaje de indecisos que muestran los sondeos, en una doble vertiente: si votar o no, y a quién votar. Intuyo que en ambos aspectos está influyendo el mismo hecho de la convocatoria anticipada. Era, obviamente, una decisión de riesgo, por el momento y por la forma en que se adoptó; necesitaba estar avalada por una situación bien perceptible de inestabilidad, o de creciente crisis de gobernabilidad, y no está nada claro que haya sido percibido así.

La impresión general predominante es, más bien, que la decisión venía impulsada por más altas instancias, interesadas en un impulso electoral en este momento, lo que tiñe la convocatoria de un sesgo de estrategia de partido, por encima de las necesidades propias de la política regional. La reiterada presencia de líderes nacionales contribuye a esa dimensión de primarias de elecciones generales, que oscurece el debate que correspondería hacer sobre los problemas y las propuestas particulares. Y, si es así, no resultaría extraño que haya descuelgue participativo y que la doble indecisión se mantenga hasta el final.

Más aún, ese componente de riesgo que indico, puede estar influyendo más de lo que parece en el sentido del voto, y en distintas direcciones. Uno de los objetivos más evidentes de la convocatoria era, sin duda, materializar aquí la recuperación del voto de Ciudadanos por parte del PP, en una especie de operación retorno que ya se había producido en otros sitios; y, a la vez, frenar el drenaje de votos del PP hacia Vox, que se venía percibiendo con claridad y con carácter general. Es posible que, precisamente por esos motivos indicados de inoportunidad en el momento y de incorrección en la forma, esos objetivos no se estén consiguiendo en la medida deseada y prevista.

Hay una parte ofendida de votantes de Ciudadanos dispuesta a reaccionar en clave de resistencia y hay una parte molesta de votantes del PP que tiende a inclinarse hacia Vox. Ambas cosas pueden estar ocurriendo a la vez y eso explicaría también la evolución de la opinión encuestada y esa incertidumbre latente en el pronóstico reservado. Porque es muy evidente: en un escenario de pluralidad y de resultado muy ajustado, tanto la recuperación de Ciudadanos, aunque sea moderada, como el crecimiento de Vox, pueden tener una influencia decisiva sobre el escenario final. Como pueden tenerla los movimientos, por escasos que sean, en el espacio actualmente colindante entre el PSOE y Podemos, visto que el perímetro de los bloques es bastante sólido.

Luego está la irrupción de esas opciones, unas nuevas, otras no, de alcance territorial limitado, impulsadas por una antigua reivindicación de identidad, como es el caso de la Unión del Pueblo Leonés, por una ruptura interna que terminó fraguando, como es el caso de Por Ávila, o por la angustia de la despoblación, como es el caso más significativo de Soria ya y, en menor medida, de otras plataformas surgidas al calor del movimiento de la España vaciada. Hay aquí un ingrediente especialmente singular para el pronóstico reservado, que hay que poner en relación con el propio sistema electoral de la Comunidad.

Nuestro Estatuto de Autonomía, en una concesión a la proporcionalidad corregida que tuvo sentido en el contexto de su elaboración, asigna un mínimo de tres procuradores a cada provincia, antes de que se tome en consideración la población, lo que, obviamente, beneficia relativamente la representación de las provincias menos pobladas. Eso era lo que se pretendía, pero mientras imperó el bipartidismo, siempre con matices, no se alteró el mapa de forma sustancial por ese motivo. Lo de ahora es otro cantar: estas representaciones locales, que no se sabe bien de dónde suman ni a quién restan, pueden modificar las previsiones de ese escenario ajustado y resultar decisivas, con cada escaño obtenido, para las opciones de gobernabilidad.

Concluyo, pues, reafirmando el pronóstico reservado con todas las consecuencias. Uno de los asuntos más recurrentes de esta coyuntura electoral es el de la necesidad de pactos, sean acuerdos parlamentarios, sean coaliciones de gobierno, en la legislatura que se abre, y lo normal es que, remitiéndose todos al día después, la especulación se centre en las alianzas entre dos, cuando es posible, y muy probable, que haya opciones triples, o cuádruples, e incluso que la gobernabilidad necesite de esas opciones.

Pronto lo veremos, pero la voluntad y la capacidad de acordar, también de ofrecer y de renunciar, serán decisivas. Claro que hay otra alternativa: la que propone el artículo 26, 3, del Estatuto, o sea, que transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura sin que se haya elegido presidente de la Junta, las Cortes de Castilla y León queden disueltas, esta vez de forma automática, y haya que convocar nuevas elecciones. Es lo legal y nunca es descartable; pero sería demasiado.