Certidumbre energética

El decreto aprobado ayer por el Gobierno al abrigo del apagón del 28 de abril no es solo una respuesta urgente, sino el reflejo de una transición energética que avanza con tropiezos. Se amplían plazos para que proyectos renovables no queden fuera del sistema por razones administrativas. Se destinan fondos del plan de recuperación a infraestructuras clave y se propone reforzar el papel del almacenamiento energético como pilar del sistema. Más allá de lo técnico, este decreto es político. Con el retrovisor puesto sobre el impuesto al sol y la inseguridad jurídica del pasado, se imponen la prudencia y la determinación. Hoy se busca soberanía energética y competitividad empresarial, aunque también estabilidad en una red cada vez más compleja. La inversión pública es esencial, aunque insuficiente sin una implicación clara del sector privado. Y todo eclosiona bajo la sombra del compromiso de gasto con la OTAN, que podría socavar la agenda social del Ejecutivo y, por tanto, esa inversión. El desafío es considerable y quedan preguntas abiertas: ¿podrán las renovables garantizar por sí solas la estabilidad de la red? ¿Será suficiente el respaldo institucional para sostener el cambio? El decreto apunta en una dirección, pero el camino sigue siendo incierto.

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