El bien común de la Fiscalía General

La apertura del inédito juicio oral al fiscal general del Estado, acusado de romper su deber de reserva con la presunta filtración de datos confidenciales de un justiciable que es, a la sazón, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha situado a una de las instituciones más relevantes del país ante una coyuntura imposible de manejar sin que la misma se vea seriamente erosionada. A Álvaro García Ortiz le asiste, como no puede ser de otra forma, el legítimo derecho a defenderse y reivindicar la presunción de inocencia. Pero esta prerrogativa, común a cualquier ciudadano, no puede sustraerse al hecho de que García Ortiz es, además de un particular, el máximo responsable de los acusadores públicos del país. Y que está obligado, por tanto, a velar por la entereza de la Fiscalía porque el cargo se debe al bien común de la institución y no al revés. Por ello y pese a su negativa a apartarse de su puesto –una cerrazón avalada interesada e irresponsablemente por el Gobierno que lo nombró–, sigue correspondiendo a García Ortiz la responsabilidad principal de salvaguardar al Ministerio Público en lo posible ante semejante desdoro. Y cabe confiar, también, en que el juicio previsto para noviembre se resuelva con todas las garantías pero a la mayor brevedad.