Contra la deslocalización empresarial

La despoblación no es solo un síntoma, es también una consecuencia directa de un modelo económico centrado en los grandes núcleos urbanos que olvida al ámbito rural. Para fijar población, es necesaria una inversión en proyectos empresariales que genere oportunidades de empleo de calidad, porque las personas vivimos allá donde podemos desarrollar nuestras capacidades laborales, allí donde podemos trabajar y desarrollarnos profesionalmente, donde nos ganamos nuestros salarios. Por tanto, se necesitan inversiones empresariales estratégicas, sostenibles y arraigadas al territorio para que Castilla y León pueda hacer frente a ese grave problema que nos salpica a todos y se llama despoblación.

Para fijar población no solo hay que conseguir inversiones empresariales y emprendedores que apuesten por el territorio, también es imprescindible mantener los proyectos que ya existen y evitar las temidas deslocalizaciones. En 2010 nació la Fundación Anclaje para evitar la deslocalización de empresas fruto del acuerdo de Junta, patronal y sindicatos. Su función es detectar y prevenir la desindustrialización buscando proteger el empleo en la región. Su propósito principal es el anclaje empresarial y el apoyo a proyectos sociales e industriales que generen nuevos puestos de trabajo, especialmente en áreas afectadas por la deslocalización o reestructuración. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no es suficiente, porque la Fundación Anclaje no tiene carácter obligatorio con las empresas 'deslocalizadoras'.

Por ello, a partir de 2019, desde CC OO comenzamos a elaborar una proposición basada en la experiencia de las deslocalizaciones, que se habían producido en Castilla y León, con la idea de explicar y fundamentar la necesidad del desarrollo de una regulación obligatoria para proteger a los trabajadores y trabajadoras.

El pasado 24 de junio, bajo el amparo del Consejo Económico y Social de Castilla y León, tuvimos la oportunidad de presentar ante el Parlamento Europeo una propuesta para el desarrollo de una regulación europea que permita proteger el mantenimiento de los procesos productivos rentables en territorios que hemos llamado «zonas geográficas económicamente sensibles». Casualmente, la presentación coincidió con el conflicto de Azucarera que va a suponer el despido de 194 trabajadores y el cierre de su fábrica en La Bañeza.

Lamentablemente, en Castilla y León hay muchos casos de deslocalizaciones: Fontaneda, en Palencia, en 2002; Smurfit-Kappa, en 2008, en Valladolid; Puertas Norma, en Soria, en 2013; más recientemente Lauki y Dulciora en Valladolid, en 2016; Vestas, en 2018, en León, Vesuvius, en Miranda de Ebro (y Langreo), en 2019; y más recientemente, Bimbo, en Valladolid, en 2024; o Azucarera, en La Bañeza, Miranda y Toro, en la actualidad. Todos ellos son realidades que muestran un desajuste entre la viabilidad empresarial, la rentabilidad económica garantizada y las decisiones de cierre o deslocalización llevadas a cabo por los grandes inversores multinacionales.

La lección aprendida con todos estos casos es donde tiene origen nuestra propuesta con objeto de evitar que, al modo de los abusos de posición dominante o de la competencia desleal, las empresas más potentes, las multinacionales, puedan dejar devastada una zona económicamente sensible de imposible reindustrialización. Con el máximo cuidado técnico y el respeto de los derechos de los inversores, creemos que exigir más rigurosas contraprestaciones a las subvenciones otorgadas y evitar el fraude en los procedimientos de insolvencia de sociedades subsidiarias de empresas multinacionales, constituye una necesidad en protección de los intereses generales de todos los europeos, no sólo de España o de Castilla y León.

En el caso que nos ocupa y preocupa actualmente, Azucarera, tenemos que advertir que desde CC OO no tiramos la toalla. Hemos sido testigos del declive acelerado del número de centros azucareros en Castilla y León desde 1990. A comienzos de los 90 se molturaba remolacha en 14 instalaciones; hoy sólo siguen activas cuatro y una de ellas, la de La Bañeza, está a punto de cerrar si no se encuentra antes una alternativa para sus instalaciones.

Es el momento de exigir que la Fundación Anclaje, que ya se ha reunido en varias ocasiones, evite la deslocalización de esta empresa, Azucarera, para mantener el tejido empresarial de la comarca leonesa y, por ende, a sus trabajadores y trabajadoras. La Junta de Castilla y León tiene la obligación de cumplir el compromiso asumido en el seno de una de esas reuniones de Anclaje para buscar alternativas que propicien que las instalaciones sigan activas y garanticen que sus empleados no tengan que emigrar de su tierra.

Castilla y León necesita un compromiso real por parte de las administraciones y del sector privado. Las inversiones que fijan población son aquellas que generan empleo digno, arraigan en la comunidad y respetan el entorno. No se trata de llenar la tierra de macroproyectos que esquilman recursos y se desvanecen en una década, sino de implantar un modelo económico inclusivo, innovador y sostenible al que hay que añadir la propuesta de regulación para evitar las deslocalizaciones que acabamos de presentar en el Parlamento Europeo. Si no se hace ahora, quizá mañana ya no quede nadie a quién fijar en su territorio.

Desde CC OO no vamos a cejar para conseguir que los trabajadores y trabajadoras tengan la garantía de una regulación que proteja sus empleos y sus condiciones laborales, independientemente del lugar en el que las empresas estén ubicadas y del sector al que se dediquen las instalaciones en las que se desarrolle la actividad empresarial.