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Manifestación contra el cierre de Puertas Norma en 2011. M. Á. Santos
Tribuna

Una regulación para evitar la deslocalización en zonas sensibles

«Constituye una necesidad exigir más rigurosas contraprestaciones a las subvenciones otorgadas y evitar el fraude en los procedimientos de insolvencia de sociedades subsidiarias de empresas multinacionales»

Javier Dámaso

Profesor de Derecho Mercantil, del Trabajo e Internacional Privado de la Universidad de Valladolid

Miércoles, 18 de junio 2025, 07:00

El próximo 24 de junio, bajo el amparo del Consejo Económico y Social de Castilla y León, estaremos en Bruselas presentando ante el Parlamento Europeo ... una propuesta técnica para el desarrollo de una regulación europea que permita proteger el mantenimiento de los procesos productivos rentables en territorios que hemos llamado 'zonas geográficas económicamente sensibles'. Desde 2019, con la fatal paralización de la pandemia por el medio, comenzamos a elaborar una proposición, basada en la experiencia de las deslocalizaciones que se habían producido en Castilla y León, con la idea de explicar y fundamentar la necesidad del desarrollo de una regulación protectora. Los casos de Fontaneda, en Palencia, en 2002; Smurfit-Kappa, en 2008, en Valladolid; Puertas Norma, en Soria, en 2013; Lauki y Dulciora en Valladolid, en 2016; Vestas, en 2018, en León, Vesuvius, en Miranda de Ebro (y Langreo), en 2019; y más recientemente, Bimbo, en Valladolid, en 2024; o Azucarera, en La Bañeza, Miranda y Toro, en la actualidad, son realidades que muestran un desajuste entre la viabilidad empresarial, la rentabilidad económica garantizada y las decisiones de cierre o deslocalización llevadas a cabo por los grandes inversores multinacionales. El caso de Puertas Norma es seguramente el que más nos ha inspirado en el desarrollo de la propuesta, porque en él se integraban elementos muy particulares que nos permitieron analizar diversas variables que exigían una protección. En 2012, la multinacional Jeld-Wen, que veinte años antes había adquirido la factoría de Puertas Norma, de San Leonardo, en la provincia de Soria, a cuarenta kilómetros de la capital, decidió llevarla a la liquidación, a través de una declaración judicial de insolvencia. La empresa soriana estaba profundamente integrada en el entorno, pues la materia prima de su actividad de fabricación de puertas, la madera, se encontraba, con una gran calidad y cantidad, en los pinares del entorno, por lo que su obtención era –y es– enormemente rentable. Puertas Norma había conseguido una presencia comercial no sólo en el mercado español de la burbuja inmobiliaria, sino también en el mercado de Oriente Medio, con lo que Jeld-Wen, como empresa matriz, cuando pinchó la burbuja inmobiliaria española (a partir de 2008), se dedicó a descapitalizarla a través de precios de transferencia (le hacía comprar la madera de peor calidad a otra subsidiaria francesa, a precios excesivos), con lo que la llevaba a una quiebra (fraudulenta). Y, claro, eso le permitía quedarse con el mercado de Oriente Medio, Además, Jeld-Wen había obtenido cuantiosas subvenciones europeas para la empresa, que habían modernizado todo el proceso fabril. Pocos meses después de expirar el plazo de devolución de las subvenciones, planteó el cierre y la liquidación de la empresa, dejando en la calle a cuatrocientas familias en una zona rural de muy difícil o imposible reindustrialización. La respuesta con actuaciones ante el Parlamento Europeo en enero de 2013 (una especie de «restricción por escándalo», al modo de lo planteado por Paul Krugman), llevó a Jeld-Wen a dar marcha atrás y aceptar la reflotación de la empresa, con una aportación económica, nuevos inversores y el mantenimiento del mercado de Oriente Medio. Se salvaron más de doscientos empleos en una zona rural de Soria, donde hoy sigue funcionando como Norma Doors. Es de esa lección de donde tiene origen nuestra propuesta, con objeto de evitar que, al modo de los abusos de posición dominante o de la competencia desleal, las empresas más potentes, las multinacionales, puedan dejar devastada una zona económicamente sensible de imposible reindustrialización. Con el máximo cuidado técnico y el respeto de los derechos de los inversores, creemos que exigir más rigurosas contraprestaciones a las subvenciones otorgadas y evitar el fraude en los procedimientos de insolvencia de sociedades subsidiarias de empresas multinacionales, constituye una necesidad en protección de los intereses generales de todos los europeos, no sólo de España o de Castilla y León.

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