El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional por no haber presentado Presupuestos

El partido líder de la oposición lo tramitará por la vía del conflicto de atribuciones, una fórmula que ha utilizado en otras seis ocasiones ante contenciosos de distinta índole, dirigido al Poder Ejecutivo y al Congreso. Aunque el propio Sánchez ha insistido, la última vez este martes, en que ejecutará el mandato constitucional y oficializará su proyecto presupuestario para 2026, lo cierto es que ya ha incumplido los plazos y el contexto político invita pensar, al menos hoy, en que sigue careciendo de los apoyos necesarios para poderlo sacar adelante en la Cámara baja.

En este contexto, el PP considera que la justicia tiene la potestad de pronunciarse sobre el incumplimiento de los plazos en un proyecto, el de los Presupuestos Generales del Estado, que creen de la máxima relevancia. Según el artículo 134.3 de la Constitución, el Ejecutivo debe presentar los Presupuestos ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, como muy tarde, el 30 de septiembre. Ante la imposibilidad de lograr apoyos parlamentarios para sacar adelante sus Cuentas, el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar ya en dos ocasiones los Presupuestos de 2023, que fueron aprobados por el Congreso el 24 de noviembre de 2022, hace casi tres años.

En los últimos meses, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en reiteradas ocasiones al presidente del Gobierno por ni siquiera preparar un proyecto de Presupuestos y de hecho, ha anunciado que si llega a La Moncloa, estudiará un cambio en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución para obligar a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones si un Gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado dos años seguidos.

«A Pedro Sánchez le da igual legislar, solo quiere seguir en el Gobierno para protegerse de la corrupción. No tiene mayoría social ni política para sacar adelante los presupuestos y esa parálisis la están pagando los españoles», ha asegurado este viernes Alicia García, portavoz de los populares en el Senado, quien también ha recalcado que «no se puede seguir viviendo en esta anomalía democrática».

La dirigente popular ha prometido que los de Feijóo sacarán al secretario general del PSOE de la «rebeldía constitucional» en la que, insisten desde Génova, lleva instalado desde hace años al no aprobar las cuentas públicas. «Los presupuestos no son opcionales y la constitución no puede ser papel mojado», ha afirmado.

Los populares argumentan que el hecho de que el Ejecutivo no presente las Cuentas impide al Senado «ejercer la función constitucional que le atribuyen tanto el artículo 66.2 de la Constitución, que establece que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos [y] controlan la acción del Gobierno», como el artículo 134.1, que subraya que «corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación».

De acuerdo al procedimiento marcado por el artículo 188 del Reglamento del Senado, el pleno de la Cámara alta votará el próximo miércoles la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente los Presupuestos. Una vez aprobado este paso (los populares disponen de mayoría absoluta en la Cámara alta), y si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes, los populares elevarán el conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno al Tribunal Constitucional.

Ya en el Constitucional, el trámite queda regulado por los artículos 73,74 y 75 de su ley. De esta forma, cuando el PP presente su escrito, y si está conforme a la legalidad, el tribunal dará traslado a las partes en diez días y abrirá un mes para recibir alegaciones, ampliable a otro mes para informaciones complementarias. Una vez que finalice ese plazo, resolverá en un máximo de 30 días.

El conflicto de atribuciones por los Presupuestos será el séptimo que presente el PP en esta legislatura, después de los planteados por la ley de amnistía, por la enmienda que convalidaba penas a presos de ETA, por la ley de eficiencia jurídica, por la ley de la cadena alimentaria, por la ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea y por el bloqueo de leyes del Senado en el Congreso.