El pederasta de Carucedo se confiesa «profundamente avergonzado» y pide perdón

La Audiencia Provincial de León ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio contra Rafael Prado Fernández, acusado de abusar sexualmente de 16 menores en campamentos de Carucedo (Bierzo) y Quijo de Santa Bárbara (Cáceres) aprovechándose de su calidad de director.

Una tercera jornada que ha concluido con la declaración del acusado que ha confesado sentirse «profundamente avergonzado» por lo sucedido y ha pedido «mil perdones a la familias que en su día confiaron en mí por lo sucedido».

Con serias dificultades de entendimiento por sus problemas de dicción, Rafael Prado aseguró que nunca quiso «hacerle daño a ningún niño» y ha vuelto pedir perdón «a los padres, a los niños, a la asociación y a todos los que se hayan visto afectados por mis actos. Lo siento mucho».

El acusado además recordó que ha trabajado durante muchos años como monitor de natación y nunca «le hice daño a ningún niño en la piscina». Aprovechó su turno de palabra para pedir perdón por haber llevado puesta la capucha de la cazadora durante el transcurso del juicio.

Probados los abusos y la corrupción de menores

Una jornada en la que el representante del Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones entendiendo probado «a través de los testigos y las pruebas» todos los delitos que se le imputan al acusado.

De ahí que el fiscal haya mantenido su petición de 234 años de prisión para el acusado por 16 delitos de corrupción de menores, 16 delitos de abusos continuados a menores, cuatro delitos de abusos a menores y un delito de revelación de secretos.

Por su parte, Beatriz Royo, la letrada de la acusación particular, representante legal de uno de los niños afectados, ha mantenido la petición de 19 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, un delito de abuso simple y un delito de corrupción de menores.

Tanto Fiscalía como acusación particular han negado los atenuantes de confesión y colaboración que planteó la defensa del acusado porque, según remarcaron, Rafael Prado no confiesa los hechos «porque se arrepienta tras los campamentos sino que reconoce las evidencias una vez que su mujer ha presentado la documentación en la Comisaría de Fuenlabrada».

Asimismo, remarcaron que tampoco se aprecia un atenuante de colaboración ya que la intervención del acusado fue «inoperativa» con la investigación ya que sólo facilitó una contraseña «a la que hubieran accedido los agentes sin dificultad alguna» y que tan sólo aportaba copias de seguridad de las imágenes que ya se habían localizado.

La defensa reduce a dos los delitos de abusos

Atenuantes que, si bien, ratificó el letrado de la acusación, Ángel Francisco Llamas Luengo, remarcó que Rafael Prado confesó sin tener la constancia de ya existiera una denuncia, personándose «voluntariamente» en la dependencias policiales de Fuencarral, «pudiendo haber obviado sus obligaciones legales o destruir pruebas».

En este sentido, remarcó que se debe tener en consideración el atenuante de colaboración porque cuando su cliente se enteró, inmediatamente colaboró durante los registros policiales «a lo que se podía haber negado»; aportó la contraseña del disco duro; y autorizó la extracción de muestras para la prueba del ADN. «Rafael no dilató las actuaciones policiales y logró que en 24 horas los agentes tuvieran en su poder todos los archivos».

En cuanto a los delitos, la defensa negó los delitos de corrupción porque «requiere el consentimiento de la víctima y su participación y, en este caso, los niños estaban dormidos». Asimismo, negó la continuidad delictiva en los delitos de abusos sexuales porque «el acusado los comete en el mismo espacio temporal».

Por ello, Llamas Luengo entiende que su cliente es autor de dos delitos de abusos sexuales, uno por cada campamento, y de un delito de revelación de secretos, entendiendo que Rafael Prado ya podría abandonar la prisión en la que permanece desde noviembre de 2012.