Los candidatos de PP y Cs lamentan la «elevada» presión fiscal y critican el «despilfarro»

El tono del debate fue subiendo durante el segundo bloque. En él, los candidatos de Centrados y Partido Popular se enfrentaron a cuenta del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y, a partir de ahí, fue quedando muy marcado el escaso entendimiento entre Cosme Aranguren y los aspirantes de PP y Cs, Pablo Pérez y Noemí Otero. Pérez recordó que Segovia es la octava capital de España con el IBI más caro, la segunda con las tasas más altas y la séptima con la mayor presión fiscal. «Curiosamente, la población ha descendido, pero se ha incrementado la recaudación. Existe una voracidad recaudatoria que impide a las personas habitar en una ciudad. Es normal que se vayan a vivir al alfoz», atacó el candidato popular, partidario de establecer un plan fiscal que revierta la situación, de eliminar el tasazo del agua, de fijar una tarifa plana para jóvenes emprendedores y de reducir un tramo del IBI. Cs propuso, además, bonificar a los autónomos y establecer servicios conjuntos con los pueblos del alfoz a fin de optimizar recursos y facilitar la vida a los ciudadanos. El candidato de Centrados atribuyó estas medidas de Partido Popular y Cs al «desconocimiento» de los procedimientos municipales.

La aspirante socialista contraatacó diciendo que la fiscalidad que el Ayuntamiento aplica es la adecuada para mantener unos servicios sociales de calidad, y el candidato de Izquierda Unida dejó claro que, sin impuestos, no hay servicios públicos. «Somos la séptima provincia con la presión fiscal más alta y estaría muy bien que también fuéramos la séptima provincia en la calidad de los servicios, pero se está gestionando mal. Su gestión ha sido nefasta», le dijo Noemí Otero a la alcaldesa. Galindo, por su parte, se mostró partidario de gravar el IBI a las viviendas vacías, «para que salgan al mercado», y conseguir que la Iglesia pague la contribución de los edificios que ocupa y aporte así a las arcas municipales.

Las inversiones han estado condicionadas, durante los últimos cuatro años, por los pagos millonarios derivados de las numerosas sentencias judiciales que se han dictado en contra del Ayuntamiento de Segovia. En este sentido, Pérez, Otero, Aranguren y Galindo fueron implacables con la gestión socialista. «El gobierno municipal ha tirado 51 millones de euros en obras faraónicas (CAT) y en el pago de sentencias. Por eso no se ha invertido en los barrios», protestó Otero. «Izquierda Unida es partidaria de poner los recursos económicos al servicio de los ciudadanos, porque defendemos el papel de lo público en la economía, pero las sentencias contrarias proceden de errores políticos», añadió Galindo.

«51 millones? ¿Obras faraónicas?», preguntó Clara Luquero, visiblemente enojada. «Las sentencias están ahí y nuestra responsabilidad es afrontarlas. No podemos obviarlas. Sé que han mermado las inversiones, soy consciente de ello, pero afrontándolas hemos resuelto un problema que también el Partido Popular ocasionó cuando gobernó, porque algunas de las sentencias proceden de los gobiernos municipales del Partido Popular», añadió. Por alusiones, Pablo Pérez replicó a la regidora que de los 20,6 millones de euros que el Ayuntamiento de Segovia está afrontando en sentencias, solo 2,4 millones proceden de la etapa del PP, concretamente los correspondientes a un pleito. «Es el equipo de gobierno socialista quien sustancialmente ha incrementado el volumen de pleitos por su forma de gobernar, a base de sentencias y confrontaciones», dijo. «Menos mal que hemos gestionado el problema de la casa de la calle de la Parra, error urbanístico del Partido Popular. ¡Cuatro millones de euros nos hubiera costado!», exclamó la alcaldesa. «Es evidente, señora Luquero, que el pago de esas cantidades millonarias ha reducido la capacidad inversora de Segovia y deja al Ayuntamiento en una situación muy preocupante», zanjó Pablo Pérez.

La regidora prometió abordar –durante el próximo mandato y siempre que vuelva a recibir el encargo de gobernar– la regeneración urbana de los barrios de San José Obrero (terminar el plan ARU que se comenzó), Acueducto-El Salvador, San Lorenzo y La Albuera, así como la cabeza del valle del Eresma, en el barrio de la Fuentecilla.