Ángel de la Fuente: «La pérdida de población obliga a mayores sacrificios entre todos para las pensiones»

La situación del sistema de pensiones preocupa, y mucho, a la población, tanto a aquellos que están cerca de la jubilación o ya en ella como a quienes sostienen y sostendrán dicho sistema con aspiraciones de, el día de mañana, tener garantías económicas cuando les llegue ese momento. Alejado del optimismo del Gobierno, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, ha hecho un ejercicio de realismo en el Foro Económico de El Norte de Castilla hablando desde una óptica más real y preocupada por la sostenibilidad. «Hay que tomar medidas que controlen el gasto. El sistema no va a quebrar ni desaparecer, pero necesita una política más cuidadosa», ha advertido, poniendo el foco en la presión fiscal que el reto demográfico amenaza con imponer sobre los trabajadores durante las próximas décadas.

«Nos dicen que no hay un problema real de sostenibilidad, y que el déficit actual se debe a que hacemos mal las cuentas, imputando cosas que debería pagar directamente el Estado. Disiento de ese diagnóstico. Hay que intentar ser realistas y tratar de incluir medidas que ayuden a repartir el gasto», ha reafirmado el doctor en Ciencias Económicas, algo que no sucede con la contrarreforma del sistema planeada por el actual Gobierno, que carga el peso sobre los hombros de los cotizantes aun contando con los riesgos demográficos actuales.

No en vano, teniendo en cuenta la longevidad creciente de la población española, la previsión es que en el 2050 la tasa de dependencia se haya duplicado y pase de un 0,3 pensiones por trabajador a un 0,6, dificultando más si cabe la sostenibilidad del modelo propuesto. «Nos enfrentamos a 30 años muy complicados demográficamente. La generación 'baby boom' saldrá del mercado laboral y a este entrarán menos cotizantes; cada vez tenemos menos niños y eso se nota en la pirámide de población, ya que además la esperanza de vida es mayor. Todo esto dificulta el sistema de pensiones», apercibe De la Fuente.

Esta circunstancia, en su opinión, «obliga a un mayor sacrificio entre todos», pensionistas incluidos, puesto que cree que «hay margen para suavizar» algunos de los efectos de la reforma de 2013 sin volver a la indexación universal del IPC y sin suprimir el factor de sostenibilidad, como se plantea en la contrarreforma de este 2021.

«Es verdad que congelar las pensiones durante años no es lo más justo, pero también que los pensionistas más pudientes o con pensiones más elevadas pueden compartir la presión con los jóvenes no actualizando del todo la inflación del sistema», pondera, eximiendo, por tanto, de la ecuación a los pensionistas mínimos. Asimismo, cabrían otras alternativas, como aumentar los ingresos del sistema «quizás subiendo algo las cotizaciones o los impuestos» o mediante el incremento de la edad de jubilación, buscando un equilibrio en el reparto en el que se podría considerar una bajada de las pensiones en relación con los últimos salarios menor al 80% actual.

A estas soluciones, Ángel de la Fuente añade otras como la mejora de la productividad, la que considera la mejor, «y que tendría que ser nuestra prioridad, para que el empleo aumente, porque mejoraría esta sostenibilidad». A su modo de ver, «todo lo que avancemos en ese sentido será bueno y la única forma no dolorosa de afrontar el problema, porque no es realista esperar que se solucione todo teniendo en cuenta solo a los trabajadores». Entre estos, cabría considerar como factor de alivio un efecto migratorio como el de otras épocas, si bien el director ejecutivo de FEDEA habla de la necesidad de un «milagro» para que la inmigración palíe la problemática demográfica y de sostenibilidad del sistema de pensiones.

«No deberíamos apostarlo todo a esa suerte, pues el margen de incertidumbre es grande. Hay que tener en cuenta que no partimos de una situación saneada; sin la contrarreforma, habría un aumento del gasto modesto que se podría absorber. Con ella, este gasto aumentará, y nos enfrentamos además a otras necesidades crecientes de gasto: en Sanidad, dependencia, educación, infraestructuras… No sería bueno comernos todo el margen de mejora que puede haber con las pensiones», insiste.

En cualquier caso, y como reiteró De la Fuente en el turno de preguntas del público telemático, «las pensiones públicas no van a desaparecer y van a ser parecidas a las actuales». De lo que se trata es de buscar su sostenibilidad más allá de la fórmula escogida por el Gobierno de incentivar a las empresas a que hagan planes de pensiones a sus trabajadores y a estos alargando su vida laboral. Claro, que, para ello, es necesario retomar «el sentido original del Pacto de Toledo, tomar decisiones buenas y necesarias, aunque sean impopulares», aparcando el espíritu del último acuerdo, en el que nadie quiso adoptar esa vía. «Básicamente, se basa en cosas que aumentan el gasto y suscribe el diagnóstico optimista de que no hay un problema. No nos están haciendo ningún favor cuando se niegan a aceptarlo y afrontarlo», concluyó.