La multa de Hacienda que te puede costar hasta 50.000 euros si eres autónomo
La Agencia Tributaria impone duras sanciones por la normativa vigente sobre el fraude fiscal que afecta a los responsables de algunos negocios
Hacienda ha puesto el foco durante los últimos meses en las estafas y en detectar infracciones. Lo hizo con el dinero máximo que se podía ingresar y retirar en efectivo de un cajero y otras iniciativas que se han ido aplicando en 2021. La última, llega ahora y afecta a los trabajadores autónomos, que se pueden enfrentar a una multa cuya cuantía puede ascender hasta los 50.000 euros por incurrir en fraude fiscal.
El motivo, no comunicar los datos reales de contabilidad. Para ello, estos autónomos deben estar muy al tanto de sus cuentas y tener a mano los justificantes de cada una de ellas, en caso de que Hacienda solicite explicaciones sobre movimientos que considera sospechosos. En concreto, lo que puede sancionar Hacienda es el hecho de tener instalado un software que posibilite la ocultación de los datos de contabilidad del usuario. Lo haya usado o no el usuario para presentar sus cuentas. Para Hacienda basta con tenerlo para considerarlo una infracción.
Debido a la lay antrifaude, en el apartado 21 del artículo 13, se establece que se puede sancionar con hasta 50.000 euros si se detecta la tenencia de sistema o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados.
Estos programas son sistemas que permiten llevar diferentes contabilidades, o no reflejar algunas transacciones. Se pueden registrar operaciones diferentes a las realizadas, ocultar o modificar las existentes y todo ello da pie a las conocidas 'Cajas B', que es el objetivo principal de Hacienda.
Dentro de esta categoría entran los programas que permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley; que permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas y registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas; alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable; no cumplir con especificaciones técnicas que garanticen la accesibilidad de registros y que no certifiquen los sistemas fabricados, producidos o comercializados.
