Los jueces se valen del caso Bankia para dar la razón a los accionistas afectados del Popular

El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, en el Congreso el pasado mes de julio./Efe
El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, en el Congreso el pasado mes de julio. / Efe

Varios fallos condenan al banco porque el folleto de la ampliación reflejaba cuentas erróneas y se apoyan, a la vez, en el expediente de la CNMV

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Los accionistas del Popular que acudieron a la ampliación de capital de 2016 están comprobando cómo una parte de los jueces dictan sentencias favorables a sus intereses. Lo hacen porque consideran que, cuando invirtieron, el banco había presentado unas cuentas con «una imagen de solvencia que no se ajustaba a la realidad». Y para respaldar sus veredictos, los magistrados recurren de forma cada vez más habitual al fallo del Tribunal Supremo que condenó a Bankia a devolver el dinero invertido por los ciudadanos en la salida a Bolsa de 2011 por esa misma razón: las «graves inexactitudes» que contenía el folleto de oferta pública de suscripción lanzado por la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato.

Muchas de las demandas de los accionistas del Popular afectados por ampliación de capital –se emitieron 2.500 millones cuando el banco ya mostraba síntomas de flaqueza– aún se encuentran en los juzgados de primera instancia o Audiencias Provinciales. Es solo el primer paso de un periplo que puede llegar al Alto Tribunal si el Santander –el banco que adquirió el Popular a mediados de 2017 tras su resolución– los recurre, como así está haciendo. Pero parte de las sentencias hasta ahora emitidas hacen referencias explícitas a lo ocurrido con Bankia. Lo hacen con el argumento de que «la difusión del folleto que no recoge la verdadera situación patrimonial del banco (Popular)impide –al inversor– superar el error, que se convierte así en excusable».

Sentencias como la dictada en enero por la Audiencia Provincial de Cáceres condena al Popular a devolver 30.672 euros a dos clientes del banco que acudieron a la ampliación. La resolución indica que «los mecanismos utilizados para ocultar su grave situación económica» les llevó a comprar acciones «y formar parte de una entidad solvente, cuando realmente tenía importantes pérdidas, hasta el punto de que fue resuelta y vendida por un euro».

En otros fallos a los que ha tenido acceso este diario se apunta que «no es cierto que la situación de graves pérdidas se produjera en las fechas siguientes a la ampliación ni que su causa fuera circunstancias sobrevenidas», dos de los argumentos de Ángel Ron, expresidente del Popular en la etapa de la ampliación y hasta febrero de 2017. Son los mismos expresados en su momento en torno al salto al parqué de Bankia. Precisamente hoy se reanuda el juicio por esta salida a Bolsa en la que Rodrigo Rato está acusado de estafa a los inversores.

Cuando el Supremo se pronunció en contra de Bankia en enero de 2016, el banco se vio obligado a establecer un mecanismo de devolución de toda la inversión a los minoristas que habían comprado acciones del grupo. En esto la entidad se dejó 1.847 millones de euros para resarcir a 225.000 accionistas.La estrategia del Santander ha pasado por emitir bonos de fidelización a los que se acogieron un 80% de los afectados en el marco de la ampliación de capital de 2016, cuando aún no era su propietario.

Unas cuentas «inexactas»

Del resto de accionistas, una parte prefirió pleitear en los juzgados donde se dan referencias explícitas al caso Bankia para argumentar su fallo a favor del accionistas. El abogado Fernando Zunzunegui explica que «los jueces entienden que no se puede pasar de muchos beneficios a muchas pérdidas en tan poco espacio de tiempo», en referencia a la reformulación de cuentas del Popular, que pasó de ganar 94millones a dejarse más de 3.500millones. «Es el argumento de la notoriedad», aclara este abogado, al referirse al hecho de justificar ese viraje tan radical.

Por su parte, José Luis Castro, de Rúa Abogados, explica que «muchos casos son similares al de Bankia, al menos desde el punto de vista jurídico». Sostiene que «adquirieron acciones mediando información económica falsa». Desde esta firma sostienen que la entidad «no proporcionaba una imagen fiel desde al menos el año 2016».

En los fundamentos que están exponiendo los magistrados también incluyen la investigación puesta en marcha por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado mes de octubre por haber suministrado «datos inexactos» o «no veraces» que Popular incluyó en la información financiera remitida al supervisor hace tres años. Se trata de un expediente sancionador por infracción muy grave dirigido tanto contra la entidad como contra su expresidente Ángel Ron y otros miembros de su cúpula.

En este caso, los magistrados sostienen que si la propia CNMV ha dado este paso adelante para determinar posibles responsabilidades por el supuesto falseamiento de las cuentas, supone una razón más para respaldar la posición de una parte de los inversores afectados por aquella operación a la que acudieron clientes, empleados y accionistas minoritarios y cuyas demandas siguen resolviéndose en los juzgados.