Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo

Uno era el de Mariano Esteban Gómez, de 43 años, dueño del negocio y residente en Arévalo. El otro pertenecía a Laura Mihaela Grosu, de 25, de nacionalidad rumana y camarera del local.

Las víctimas recibieron sendos disparos, a poca distancia, en la cabeza y otros dos les alcanzaron un brazo y la espalda. En el lugar también se encontraba una mujer, en estado de shock. Las otras dos empleadas consiguieron huir despavoridas por la puerta lateral.

Los policías tuvieron que acceder al burdel con mucha precaución debido a su laberíntica estructura, con pequeños cuartitos y numerosos recovecos. Además, con la escasa iluminación y el alto volumen de la música, se hacía imposible escuchar ruido alguno.

Una semana después del doble crimen, la Policía detuvo a un matrimonio de Arévalo, Manuel Martínez Molina -de 47 años- y María Vicenta Panduro -de 39- y a un hombre, Antonio Adrián Blanco Ruiz -de 26-, gracias a la identificación del coche de la huida. Este último era vecino de Madrid, pero su detención se produjo en Cáceres.

Manuel y Antonio Adrián contaban con antecedentes policiales, el primero por tenencia ilícita de armas, robo y tráfico de drogas y el segundo por estafa y robo. Doce meses después del crimen, la juez del caso incluyó como encubridor a Pablo A. L. -de 23 años- por haber facilitado el arma al matrimonio.

La muerte de Mariano se produjo por un ajuste de cuentas fruto de una deuda por un asunto de drogas y la de Laura Mihaela como 'daño colateral' al ser testigo de los hechos. Para acabar con la vida del dueño, Manuel contactó un mes antes con Antonio Adrián, residente en un piso en Madrid que compartía con el cuarto imputado, Pablo, para que consiguiera una pistola. Antonio Adrián compró en Fuenlabrada una 'Walther' y seis balas tras desembolsar 1.300 euros.

Provistos ya del arma, la pareja y Antonio Adrián se dirigieron hasta Medina del Campo. Aparcaron el turismo a la puerta sobre las 20.30 horas y dentro se quedó María Vicenta mientras ellos entraban en el local en el que se encontraban el hostelero y cuatro trabajadoras. No había clientes.

Tras solicitar una consumición, Manuel sacó el arma y disparó al dueño, que fue alcanzado en la espalda. Laura Mihaela, recibió un disparo en el hombro izquierdo. Después, huyeron en un vehículo y se dirigieron hacia el sur por la A-6. El local estaba situado en la antigua travesía de la N-VI, muy cerca de la salida hacia autovía del Noroeste.

Mariano Esteban Gómez era del municipio abulense de Nava de Arévalo, donde residía junto a su esposa y sus tres hijas. En Arévalo, su mujer regentaba un bar. También en Ávila, era propietario de un club de alterne en Sanchidrián.

Era dueño del club Las Vegas desde hacía un año y medio. El local era conocido como Los Negrillos, debido a los olmos de su ladera más próxima. Tras realizar un lavado de cara, pintando la fachada en blanco y rojo y colocando lucecitas de colores, reabrió al público con cuatro mujeres rumanas: tres trabajadoras y una camarera. A Mariano era habitual verle en la puerta sentado en una silla de plástico.

De menos de 100 metros cuadrados, tenía pendiente una orden de desahucio que debía ejecutarse en un plazo inferior a dos semanas. Según el Ayuntamiento, contaba con una licencia de apertura de hace más de 30 años. Este permiso estaba registrado a nombre del primer dueño y en ese tiempo no se había producido ningún cambio de titularidad.

Ese podría haber sido el motivo para no comprobar si cumplía con los mínimos requisitos de seguridad, salubridad e higiene. El club era una nave con un par de ventanas con rejas, una puerta lateral y tres habitaciones de unos cinco metros cuadrados, con un agujero de ventilación, sin ventanas, con tejado de uralita y paredes cubiertas de material aislante.

«Abría casi todos los días desde las cinco de la tarde», explicaron a El Norte de Castilla trabajadores del hotel, situado al lado de una gasolinera y a unos 100 metros del club. A pesar de que se pensaba que solo había una testigo, al final fueron tres mujeres las que presenciaron o escucharon lo ocurrido.

Las jóvenes fueron interrogadas por los agentes en el hotel, pero ante el nerviosismo de una de ellas, la que presenció todo el tiroteo, fueron trasladadas a comisaría. Las mujeres, que apenas hablaban castellano, eran la principal baza de la investigación. Las descripciones físicas, la matrícula y el modelo del vehículo en el que escaparon los autores del crimen fueron algunos de los datos facilitados.

Vecinos de la zona aseguraron que las jóvenes que lograron huir, una de ellas descalza, caminaron deprisa por el paseo próximo al club pocos minutos después del suceso hasta llegar al hotel, donde permanecieron en las escaleras principales.

«Aquella noche vimos a dos chicas, con caras desencajadas y hablando por teléfono de manera muy agitada», comentaron varias personas. «Decían una y otra vez y en un tono elevado: ¡que llames a la policía! y ¡hay pistolas!».

«La familia no tiene dinero y están desesperados porque necesitan repatriar el cadáver», manifestaba un amigo de la joven asesinada. Sus familiares empapelaron Medina del Campo con un escueto texto en el que pedían donaciones, abrieron una cuenta bancaria, para poder repatriar el cadáver de la joven camarera rumana de 25 años.

«La madre está buscando reunir 1.200 euros para embalsamar el cuerpo», aseguraba un conocido de la víctima. Además de esta cantidad, la familia tuvo que conseguir otros 5.000 euros para que una funeraria trasladara el cadáver hasta el país de origen ante la negativa de la Embajada de Rumanía. Dos semanas después, la familia consiguió el dinero.

Laura Mihaela Grosu llevaba tres años en España buscándose la vida para conseguir labrarse un mejor futuro para ella y sus dos hijos, una niña de 9 años y un niño de 7. Según amigos de su prima, desde 2013 estaba empadronada en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, pero la familia creía que «nunca llegó a vivir allí».

«Ella me decía que trabajaba solo de camarera», explicaba su madre, que concretaba que su hija estaba separada y que la custodia de los niños la tenía el padre. Además de ser temporera, o al menos eso es lo que Laura le contaba por teléfono a su familia en Rumanía, la joven habría cuidado a ancianos en la provincia de Ávila, donde también habría trabajado como empleada doméstica.

En el juicio, celebrado en diciembre de 2016 en la Audiencia de Valladolid, los dos acusados negaron ser los autores de los disparos, aunque Adrián Antonio culpó a Manuel, que señaló que ese día no estuvo en el club. Sin embargo, admitió que conocía al dueño y que se limitó a trasladar en su coche desde Madrid a Medina del Campo a Antonio Adrián.

El testimonio de las trabajadoras fue visionado al encontrarse las jóvenes en su país . Todas facilitaron una descripción física que coincidía con la de los dos principales procesados, aunque no se pusieron de acuerdo sobre el autor material de los disparos.

Felipe G. G., primo del dueño del club Las Vegas de Medina aseguró que Mariano estaba totalmente «acojonado» por las amenazas de muerte de Manuel y sostuvo que el hostelero había comprado al acusado 50 gramos de coca y le adeudaba 700 euros.

El jurado popular halló culpables a Manuel Martínez Molina y a Antonio Adrián Blanco Ruiz, que fueron condenados a 37 años de cárcel cada uno. A la esposa del primero, María Vicenta Panduro, se le impuso una pena de 15 años y al cuarto procesado, Pablo A. L., en calidad de encubridor, seis meses.

Tras pasar más de dos años y medio en prisión, el TSJ ordenó la excarcelación de María Vicenta al considerar que se había vulnerado su presunción de inocencia. Su defensa apeló a la inexistencia de pruebas para demostrar que la mujer hubiera permanecido en actitud vigilante en el coche a las puertas del club ni de que estuviera al corriente de que llevaban una pistola. Por este motivo, fue indemnizada con 50.000 euros.