Castilla y León

Vox aprieta al PP en Ayuntamientos con el aborto y reactiva el fantasma del protocolo impuesto a Mañueco y nunca aplicado

La presentación de estas propuestas en los plenos municipales ha resucitado el protocolo de medidas provida y antiaborto que llegó a aprobar en enero de 2022 un Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La polémica que generó llevó a Alfonso Fernández Mañueco a dar marcha atrás cuatro días después y situar las medidas en el limbo de las cuestiones que no se aplican. Ese protocolo, que prendió una doble crisis, interna entre los entonces socios de PP y Vox e institucional entre el Gobierno central y la Junta, finalmente no se estrenó. Mañueco lo aparcó también empujado desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo y reconociendo que algunas de sus medidas podían entrar en el terreno de las coacciones hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

El protocolo antiaborto impuesto por Vox, con Juan García-Gallardo entonces como vicepresidente, al PP de Alfonso Fernández Mañueco incluía medidas que, según explicaban las sociedades médicas, no aportaban sanitariamente mejoras al seguimiento del embarazo, como la escucha del latido fetal y las ecografías 4-D en sustitución de las habituales de 2-D. Lo que sí proporcionaban las nuevas ecografías (en los centros públicos de Sacyl no disponían de ese equipamiento para desplegar su aplicación) era un «vídeo en tiempo real una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos pies y resto del cuerpo, perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia», informaba una nota de prensa oficial, que apuntaba también a la finalidad: «favorecer la implicación emocional» de la gestante que estaba valorando o había decidido interrumpir su embarazo. Vox trataba así de convertir Castilla y León en su laboratorio de medidas provida y antiabortistas.

Aquel protocolo de Castilla y León con el que el Gobierno de Mañueco y Gallardo defendía promover «medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias» fue aprobado un jueves 12 de enero, con Gallardo asegurando que las medidas eran de obligada aplicación por parte de los sanitarios. El portavoz de la Junta, del PP, se sentaba junto a él sin poner objeción. Cuatro días después, el lunes 16, el presidente de la Junta comparecía con el protocolo elevado a polémica nacional acompañado del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (departamento que firmaba la nota oficial sobre los cambios en la atención a «la madre gestante» impuestas por Vox), para intentar sofocar esa crisis: «No se va a obligar a nada a médicos y a embarazadas», zanjó Mañueco, que reconocía «en ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo».

El presidente de Castilla y León argumentaba que las medidas anunciadas cuatro días antes, que los profesionales ofrecieran obligatoriamente el protocolo de latido fetal y cardiaco y la ecografía 4D a una mujer que expresa su deseo de interrumpir un embarazo, podía «derivar en coacciones directas e indirectas», penadas por ley. Es, añadía Mañueco que «tengo muy claro... La Junta de Castilla y León no las va a promover ni las va a amparar», remarcaba el dirigente popular sobre las esas posibles 'coacciones'. Desde la Junta han asegurado este jueves que esa posición fijada entonces por el presidente de Castilla y León es la que sigue vigente frente al protocolo provida de 2022, que está en el limbo de lo nunca aplicado.

Desde Vox se amagó con romper la coalición, sin cumplir esa amenaza durante más de año y medio (dejaron el Gobierno en julio de 2024 por la acogida de menores inmigrantes no acompañados) y aplicaron al protocolo antiaborto una 'estrategia Guadiana'. La exigencia de poner en marcha lo aprobado aparecía y desaparecía de la agenda política autonómica y estatal según el momento, aflorando en tiempos electorales.

Y el aborto vuelve de nuevo a tensar el debate político de la mano de Vox, ahora en los ayuntamientos. «Lo plantearemos», ha avanzado Irene Carvajal, teniente de Alcalde de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid que preside el popular Jesús Julio Carnero A diferencia de Madrid, en Valladolid el PP no tiene mayoría y los ultraconservadores están en el gobierno municipal.

«No hay un derecho al aborto, el único derecho constitucional es el derecho a la vida», ha argumentado Carvajal, que entró en política desde el ámbito profesional del Derecho, al tiempo que defendió la información del 'síndrome post aborto' como algo necesario para que los «consentimientos» ante la práctica de un aborto sean «completos» y permitan «conocer todos los posibles efectos del mismo». Próxima estación para azuzar políticamente con el aborto: Valladolid