Castilla y León

Toque del Procurador a la Junta por la tramitación del bono alquiler joven estatal

Quintana atiende así una queja interpuesta por una joven soriana e insta a la Junta a «revocar» la orden que emitió el 22 de marzo y contenía el listado de beneficiarios «retrotrayendo el procedimiento» al «trámite de subsanación [de errores u omisiones], indebidamente omitido» por la consejería en este apoyo para ayudar a pagar el alquiler de una vivienda.

La resolución del Procurador del Común añade un leño más al fuego de la polémica que ha rodeado este bono estatal de alquiler dirigido a jóvenes de hasta 35 años que el Gobierno de la nación puso en marcha unilateralmente, con cuantías y requisitos decididos desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero encargando la tramitación a las autonomías.

La concesión por riguroso orden de presentación que plasmó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin establecer criterios de priorización por nivel de renta o vulnerabilidad social, fue el aspecto más contestado desde Castilla y León junto con la escasez de la partida presupuestaria. Los más rápidos 'pillaron' ayudas, de hasta 250 euros mensuales durante dos años, lo que supone un máximo de 6.000 euros por bono bienal. En 21 día se acabó el dinero.

La joven que recurrió al Defensor autonómico registró su petición el 1 de septiembre, jornada en la que se abrió plazo. Relata que en febrero, vía telefónica, desde la Junta le requirieron un «certificado de empadronamiento colectivo e histórico», que aportó días después. A las pocas semanas se encontró en el Boletín Oficial la resolución en la figuraba entre el batallón de denegaciones (solo se atendieron 24 de cada 100 solicitudes) por agotamiento de crédito al haber presentado la solicitud de manera incompleta o defectuosa «hasta el momento de la finalización de la dotación».

El dinero asignado por el Gobierno a la Junta para pagar estos bonos de alquiler, 21,6 millones de euros, se quedó corto. Tanto que se atendieron solamente 3.827 peticiones de 16.082 presentadas. El presupuesto llegó hasta el 21 de septiembre. La última petición aceptada entró en la Junta a las 13:20 horas de ese día. La joven que presentó la queja registró sus documentos el 1 de septiembre.

Desde la Junta argumentan su decisión de atender las solicitudes que fueron «correctamente presentada» en la imposibilidad de «disponer de capacidad suficiente para redactar requerimientos, enviarlos a los interesados y que su respuesta llegara a tiempo». Entienden que si hay que subsanar errores, la fecha 'válida' para aplicar el requisito del orden de presentación no es la del registro inicial, sino aquella en la que se solventa el defecto.

Eso dejó fuera a solicitantes que cumplían con el tope de ingresos y con las condiciones del alquiler, como es el caso de la reclamante. «No se procedió a efectuar el requerimiento en aplicación del principio de eficacia administrativa», justificaron desde el equipo de Suárez-Quiñones al Procurador, que no comparte ese argumento. Quintana asegura que la Junta ha incumplido la Ley del Procedimiento Administrativo y la propia convocatoria del bono alquiler joven que estipulaba el derecho del solicitante a un plazo de 10 días para subsanar errores o defectos tras ser avisado por la administración a través de un requerimiento formal.

El Procurador del Común cita en su resolución una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 que recoge la obligación de los tramitadores de «dirigirse al interesado para que pueda subsanar los posibles defectos que pueda contener su solicitud» en caso en los que «se haya aportado la documentación más importante, pero de forma incompleta».

Eso es lo que lleva a Tomás Quintana a pedir a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que atienda el caso de la joven que interpuso la queja al quedarse sin bono de alquiler, un apoyo a la emancipación cuyo diseño enfrentó a la Junta con el Gobierno, por una dotación, que se quedó muy corta. Habrían hecho falta 50 millones de euros más para atender a todos los solicitantes que cumplían requisitos.

También por la carga de tramitación, que no acabó en la recepción de solicitudes y la comprobación de documentación. El pago es trimestral y los beneficiarios deben presentar a la consejería los recibos pagados de la renta de alquiler para recibir cada ingreso.

La resolución del Procurador del Común no es de obligado cumplimiento para la Consejería, pero la Junta sí debe comunicar a Quintana si la acepta o no.