Del código Pollán que acota los dobles sueldos al presupuesto de las cosas inéditas de Mañueco

Ha sido con Carlos Pollán, cosa que se deberían hacer mirar, sobre todo en el PP pero también en el PSOE, cuando se ha impulsado un código de incompatibilidades por el que las Cortes de Castilla y León han dejado de ser el único parlamento en el que un procurador con dedicación exclusiva para el trabajo parlamentario ('adobada' con una retribución de 95.935 o 100.255 euros brutos anuales, según el cargo) podía meterse en el bolsillo un segundo sobresueldo por otras actividades ejercidas sin control alguno. Cositas que permanecían en una zona de sombra y que podían entrar en conflicto de intereses con regulaciones, apoyos públicos o decisiones de inversión en las que el procurador podía influir desde su escaño.

Eso, lo de la doble actividad en políticos a los que se pagaba dedicación exclusiva, ocurría en las Cortes de Castilla y León. Está probado en el caso de Raúl de la Hoz (PP), que al llegar a Bruselas como eurodiputado se vio obligado a declarar que a su sueldo público como portavoz del PP en el hemiciclo regional había sumado, al menos en los tres años anteriores, 40.000 euros por su actividad como abogado cada anualidad.

Ahora se ha puesto coto a esa barra libre y lo ha impulsado Carlos Pollán, de Vox, con una regulación similar a la del Senado y el Congreso. No era tan difícil. Que se haya tardado casi 40 años en cubrir esa laguna debería sacar los colores a quien pudo hacerlo desde la Mesa de las Cortes, principalmente PP, que tuvo mayoría, y también PSOE, que pudo proponerlo. Pero pasaron, manteniendo un vacío legal inédito en el parlamentarismo español a beneficio de parte de quien podía corregirlo.

Cuando afloró lo de Raúl de la Hoz, desde las Cortes reconocieron que no podían descartar que hubiera más casos, algo que refleja el déficit de control y transparencia sobre bienes y actividades de sus señorías. Terreno que es bastante opaco en el parlamento de Castilla y León, una oscuridad que se extiende a las cuentas que dan los grupos políticos de las subvenciones que reciben de la Cámara y que superan los 3,7 millones de euros.

En este tiempo en que se ha estado cocinando ese código para acotar los dobles sueldos, desde el Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco se ha intentado incomodar, fatigar, irritar, atosigar a quien dirige las Cortes reteniendo el dinero que la Junta debía ingresar al Parlamento para pagar las nóminas y los gastos cotidianos. Algo inédito, también.

Y enredados entre lo insólito y lo inaudito, se llega al proyecto de presupuesto para 2026 que esta semana presentaba el presidente Mañueco. La Junta se ha adelantado al trámite en el que las Cortes aprueban el proyecto de ley previo e imprescindible del Techo de Gasto y ha registrado en el parlamento el presupuesto, como si lo anterior no importara. Imagine que usted pide cobrar una subvención y se salta trámites. ¿Se la pagan?

Luego, el proyecto de presupuesto llega solamente con las partidas de ingresos y gastos. Promesa sobre promesa de inversiones, cheques o subvenciones como corresponde a un año con elecciones. Pero ese listado de partidas llega sin Ley de Medidas, algo inédito en la práctica presupuestaria, porque es donde se corrigen desajustes y se impulsan cuestiones fiscales.

La guinda ha sido registrar un proyecto en el que el tomo 20, el del Parlamento regional y las instituciones propias, está sin la aprobación previa de la Mesa de las Cortes a causa de una votación 'sui generis': eran cinco ese día y la representante del PSOE votó en contra, los dos de Vox se abstuvieron y los dos del PP, que podrían haberlo aprobado, optaron también por abstenerse y torpedear la tramitación del presupuesto de su partido que, por todo lo anterior, es más un trampantojo para usar en la campaña electoral que una herramienta de gestión.