Una de Pilatos en las Cortes de Castilla y León

Un capítulo más en la estrategia de intentar aislar y acallar al exvicepresidente de la Junta. La energía que los de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo dedican a noquear, al precio que sea, a Francisco Igea lo primero que muestra, en un error de política elemental, es lo mucho que a los socios autonómicos les incomoda tenerle enfrente haciendo oposición, pese a desempeñarla en una situación altamente precaria: más solo que nunca, hoy sin partido, y viendo cómo a excompañeros suyos les reciben en el PP con alfombra, despacho y alta en la Seguridad Social.

Poncio Pilatos rubricaría la táctica empleada por la Mesa de las Cortes en el 'caso Igea'. La firma Vox, con el PP puesto de perfil, pero todo lo que ocurre en esa institución, bueno, malo o mediopensionista, sale adelante porque lo permiten los de Mañueco, que son decisivos para impulsar o frenar lo que allí se decide. En ese órgano se sientan dos representantes del PP, dos de Vox con el presidente Carlos Pollán a la cabeza, y dos del PSOE.

Tras intentar sin éxito declarar a Igea procurador no adscrito, como un tránsfuga sin turnos de debate ni ingresos, los ultraconservadores plantearon dejarlo sin dedicación exclusiva. Vox votó a favor, los socialistas se opusieron y el PP se abstuvo. Lo que viene a ser un lavado de manos pilatiano, a sabiendas de que la iniciativa saldría adelante con el voto de calidad del presidente Pollán

Si los representantes de Mañueco en la Mesa de las Cortes no apoyaron expresamente ese 'castigo' a su exsocio no fue por falta de ganas, que han demostrado de sobra tenerlas, por lo que su abstención conduce a un campo de interrogantes políticos y legales. ¿Estaban en la línea del PSOE, pero no querían contrariar a sus actuales socios? ¿Es esa abstención una forma de disfrutar de ver a Igea 'arrollado' y a la vez ponerse a resguardo sobre la responsabilidad de tomar una medida que podría demostrarse discriminatoria y contraria a la normativa?

Pilatos cobraría derechos de autor al PP en las Cortes con el caso del procurador Igea, pero también por muchas de las quejas que ciudadanos cansados del maltrato de las administraciones han hecho llegar a Tomás Quintana, Defensor autonómico.

El informe anual del Procurador puede no servir de unidad de medida modelo sobre el funcionamiento de los servicios públicos, pero los casos que refleja no son inventados. Algunas quejas son crónicas: demoras para pasar por quirófano y pruebas médicas, deficiencias en colegios públicos, abastecimientos contaminados, carreteras impracticables, ruidos...

Aparecen año tras año, lo que denota que los políticos que deberían solventarlas o son incapaces de hacerlo o, a lo Pilatos, se lavan las manos porque entienden que no les pasarán factura en las urnas. Muchos de los expedientes en los que ha trabajado Quintana tienen su origen en pueblos. Territorio rural de gente mayor, con residentes-electores a la baja. Ahí están los recorridos interminables del transporte sanitario no urgente que sufren esos vecinos. Desde hace un lustro, dos, tres... El Procurador del Común plantea propuestas para atraer sanitarios, aborda la contaminación de aguas de boca por filtración de purines, la falta de viviendas de alquiler o de comercio rural, entre otros asuntos.

Las 630 páginas de informe son una lectura idónea para que aquellos a los que pagamos para que gestionen le dediquen un ratito si les sobra energía de otros asuntos. Hay casos de desatención de aurora boreal. Para los que Pilatos se queda corto y que encajan más, para desdicha del ciudadano sufridor, en el guión de 'La Vida de Brian'. Pero sin la gracia de la película.