Castilla y León

Repoblar el entorno rural y más oposiciones copan las quejas al Procurador del Común

Protestas sobre las que se han emitido 1.042 resoluciones, de las que 183 han servido para cerrar el expediente «sin ninguna irregularidad en las administraciones« y sobre las que también se han instado a 859 recomendaciones. Y es que Quintana abría explicando que en el 2023 el informe presentaba un «menor número de quejas, pero un mayor número de personas que se las han manifestado». Algo a lo que ha decidido no dar mucha importancia, ya que «no existe ninguna razón en especial por las que estas aumenten».

De un año para otro las cosas no han cambiado mucho, en especial, con las áreas temáticas que encabezan la lista de quejas de los castellanos y leoneses. Los servicios prestados por los ayuntamientos de los grandes y pequeños municipios acaparan «un número importante de las quejas de la ciudadanía». A esta sección le siguen unos puestos más abajo el empleo público con 248 quejas, entre las que se recogen una larga lista de demandas para exigir un aumento del número de oposiciones. El área de sanidad y consumo se queda con el tercer puesto de la lista con 181 reclamaciones.

Las parcelas de fomento, industria, hacienda y educación, entre otros, se sitúan en una parte más inferior de la lista. Las reclamaciones en las que se ha estado trabajando para que, según explicaba el Procurador «los ciudadanos de residen en estos pequeños municipios disfruten de un mismo nivel de prestación de servicios que el resto». De las quejas que se han emitido a lo largo del 2023, diez de ellas se han calificado como protestas múltiples. Se tratan de aquellas que se agrupan por tratarse de un tema que afecta de manera colectiva a varios ciudadanos, este año en concreto respaldadas por 733.

Entre provincias las quejas también varían. La provincia de León reúne el 22,7% de las reclamaciones recibidas por el Procurador (402) situándose por delante de Valladolid que emitió 298. Un posicionamiento que «llama la atención al tratarse de una provincia de menor extensión».

Entre todas las reclamaciones recogidas hay algunas que sobresalen por encima de otras. En el 2023, en especial, los habitantes del medio rural hicieron especial énfasis en que las diputaciones se impliquen en las tareas de repoblación en los pequeños municipios de Castilla y León. Los residentes de estas zonas piden la instalación de nuevas viviendas para combatir la despoblación. El mundo rural también ha expresado su malestar con los instaladores de energía fotovoltaica. Quejas que según apunta Quintana se han transmitido a la Consejería de Economía y Hacienda. «Hicimos una serie de recomendaciones para propiciar el acuerdo entre los promotores con el fin de evitar recurrir a la expropiación forzosa de las tierras», señala.

El equipo de asesores ha contabilizado este año 97 actuaciones de oficio, 34 más que en el año 2022. Las investigaciones se han llevado a cabo por iniciativa propia en aquellos temas considerados «de especial relevancia», según indicaba el Procurador del Común de Castilla y León. Entre estas actuaciones de oficio, destaca la adopción de medidas de seguridad en la Ruta del Cares con el fin de evitar accidentes, ya que «se considera excesivo que puedan coincidir 4.000 personas». A esto se le suma una de las recomendaciones estrella del 2023, la ampliación del cribado del cáncer de mama a partir de los 70 años. Ambas aceptadas por la Junta.

Entre estos temas de interés también se encuentran el servicio de comedores escolares en colegios rurales «no solo destinado a los alumnos que se trasladan en transporte público, sino a aquellos que residen donde se encuentra el colegio», explica Quintana. Así como la promoción de campamentos de verano inclusivos o cuestiones como la adaptación del transporte público a aquellas personas con discapacidad fueron otras de las actuaciones que se investigaron a lo largo del año.

Las quejas múltiples también han tenido su importancia en el informe anual. En su mayoría han ido dirigidas a la dotación de vestuario EPI (equipos de protección individual) al personal subalterno de la Dirección Provincial de Educación de León o a la gestión de las bolsas de empleo de personal laboral del mismo departamento, entre otras. Ante estos datos, Tomás Quintana se mostraba «muy satisfecho» con las respuestas de las instituciones. «No hay ninguna queja de las recibidas sin resolver», apuntaba. Aunque sí es cierto que en 41 de los municipios no han facilitado información y 151 no han respondido en tiempo si aceptan o no las resoluciones que se recomiendan.