El embudo catalán que el PSOE propicia con la financiación autonómica

A esa barrera de garantía solidaria, cimentada en una Agencia Tributaria estatal fuerte, que recauda para redistribuir luego fondos, le hace un boquete sideral el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña (PSOE y PSOE) sobre la «financiación singular» para esa autonomía. Medida que tiene su semilla en el acuerdo entre el PSOE y ERC por el que los independentistas apoyaron la investidura de Sánchez en 2023.

La financiación autonómica no es un tema que seduzca en una conversación, pero si hablan de ello en una radio, no cambie de emisora. Y si encabeza un titular, no pase de página. Que no entiende lo que escucha o lee: busque, compare, contraste... Le va en ello, entre otras cosas, la asistencia sanitaria que recibirá si pide cita con su médica de Familia, los recursos de colegios e institutos, el alcance de los servicios sociales o la modernización de las carreteras regionales: más de 11.000 kilómetros en Castilla y León.

La financiación autonómica es la savia que nutre servicios esenciales que en su día dependían del Estado y ahora gestionan las comunidades. El acuerdo con Cataluña implica que sea una agencia tributaria catalana quien recaude impuestos estatales y haga cuentas luego con el Gobierno para contribuir a un 'fondo de solidaridad' con lo que estime que le sobra. Eso se gesta desde un punto de origen viciado. Parte de lo que tributan los ciudadanos de una comunidad y no del coste efectivo que supone prestar servicios en ella.

En España no pagan impuestos los territorios, tributan las personas, según sus ingresos. Si hay más que disfrutan de más renta en Baleares, Cataluña o Madrid, Hacienda recaudará más allí. Y con eso se sufraga el armazón de los servicios públicos. Exportar el acuerdo de la financiación singular de Cataluña a la ciudad de Valladolid supondría que los vecinos de la calle María de Molina, cogollito de renta pucelano, exigieran que todo lo que apoquinan en impuestos se invirtiera en su calle y reclamaran atención sanitaria preferente y prioridad en el hospital por delante de quienes viven en localidades y barrios con una renta por habitante menor. Habría barricadas en las calles.

Cataluña avanzaría con esta financiación singular hacia un modelo que se mira en los cupos vasco y navarro. Un terreno oscuro en la liquidación que estas autonomías ingresan al Estado para contribuir a la solidaridad (que no caridad) territorial.

No vale tampoco negociar entre dos y luego decir que los demás se pueden sumar a ese modelo de la barretina, que le puede interesar a Madrid o a Baleares, pero no a Castilla y León, a Asturias, a Andalucía...

Mantener la igualdad entre ciudadanos que recoge la Constitución requiere una financiación justa y eso solo puede alcanzarse aplicando el coste efectivo de lo que supone prestar servicios en cada comunidad. Si Cataluña está infrafinanciada por la incorrecta ponderación del aumento de población, habrá que dar respuesta, pero en igualdad con el resto. Y no es el territorio peor tratado por el sistema de reparto de fondos.

Castilla y León sufre déficit de financiación por el sobrecoste que supone atender un padrón envejecido y disperso. El Consejo de Cuentas estimó en una auditoría en 2023 que la comunidad necesitaría 395 millones anuales más de financiación autonómica solo para la sanidad y la educación. Sin contar otras materias. Somos, tras Asturias, Galicia y Andalucía, la autonomía que más peso ha perdido desde 2002 en el reparto de la tarta de la financiación autonómica.

Y a todo esto, ¿qué tienen que decir desde el PSOE de Castilla y León sobre el embudo catalán? ¿Quizás lo contrario de lo que han defendido hasta ahora?

Estaría bien que Carlos Martínez hablara claro, como han hecho compañeros de partido asturianos, manchegos o extremeños.