El Gobierno y Generalitat pactan un cambio en la financiación común sin apoyos suficientes

El Gobierno, con todo, parece haber tenido éxito en una de sus pretensiones, la de amarrar el apoyo de sus socios en un momento delicado para Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Pese a advertir de que necesita «pasos más firmes y convincentes» y «menos escenificación», el partido de Oriol Junqueras se mostró comprensivo con las «dificultades» materiales a las que se enfrenta su pretensión de desplegar una Agencia Tributaria propia con capacidad para asumir la gestión de todos los impuestos soportados en Cataluña y dejó claro que no romperá. Por ahora, a Sánchez le vale con eso. Lo demás, lo gestionará a la vuelta del verano.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya avanzó este lunes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera - el órgano en el que, en primera instancia, debe discutirse todo cambio del modelo de financiación con las comunidades autónomas- no se reunirá hasta septiembre, aunque la intención sea llevar «en breve» al Consejo de Ministros el pacto firmado por representantes del Gobierno y la Generalitat en la Comisión bilateral celebrada en Barcelona y que, paradójicamente, no estuvo presidida por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también candidata del PSOE a la presidencia de Andalucía.

Lo que es indudable es que, si la reunión del CPFF llega a producirse, será muy tensa. El texto acordado a plantea un cambio de paradigma que implicaría que el paso a un «modelo tributario federal» con «mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección» a las autonomías. A todas, si es que lo desean.

En lugar de que el Estado nivele después a través de una serie de fondos, lo que se propone son aportaciones autonómicas a la solidaridad territorial, por un lado, y que compensen, por otro, los servicios que preste el Estado en la comunidad. Y, finalmente, plantea que el Estado contemple una «financiación adicional para las competencias específicas».

En contra de lo que pretendía ERC - y es una de las grandes críticas de Junts- se habla, además, de un funcionamiento «en red» de la agencias autonómicas y la estatal «con reglas de coordinación». Y aunque el texto menciona el principio de ordinalidad (que la posición en el ránking de recursos 'per cápita' no se vea alterado por las aportaciones al sistema) lo hace como voluntad de la Generalitat.

Pero ni esos matices ni la insistencia del Ejecutivo en que lo que se plantea es una fórmula extensible a todas las autonomías sirvió para aplacar los ánimos tan siquiera de la más afín de las administraciones concernidas, la asturiana. Y mucho menos de las del PP o del crítico oficial del PSOE, Emiliano García- Page. Sin llegar a las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que habló de «latrocinio» y se refirió a ERC como los «chulos» del presidente del Gobierno, el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, advirtió así de que la financiación «no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad autónoma con el Estado en forma de 'lo tomas o lo dejas' para el resto».