Consultorios de pueblo, médicos y leyes conjuro

¿Solucionado el problema de la asistencia sanitaria en el medio rural con la Proposición de Ley para Garantizar los Servicios Autonómicos Esenciales que firma el PP? Ya podía ser. Una ley por sí misma no tiene efecto mágico, de conjuro, y garantizar que haya profesionales médicos y de enfermería para atender en persona los más de 3.000 consultorios de la comunidad, los centros de salud y cubrir las guardias exige una gestión complicada. De organización y de personal. Las plantillas son veteranas, con muchas jubilaciones a la vista y hay una durísima competencia entre autonomías para fichar sanitarios. Esas tensiones superan desde ya hace tiempo el ámbito de la Medicina Familiar y los consultorios y se extienden, en forma de vacantes, a hospitales como los de Ponferrada, Soria o Ávila.

En ese contexto el PP registra en las Cortes, como solución, la proposición de ley para «blindar» los servicios esenciales. Las localidades de menos de 50 habitantes «de hecho» tendrán asistencia a demanda, sin visitas regulares; de 51 a 100 habitantes, consulta un día a la semana (en pueblos con este calendario suelen alternarse una semana el doctor y otra el enfermero); de 101 a 200, dos días en semana; de 201 a 500, consulta tres días a la semana; y en pueblos a partir de 501 residentes, cinco días, de lunes a viernes.

Eso es lo que el PP plasma en su proposición de ley que, previsiblemente, en un par de meses puede estar aprobada en las Cortes. En nada. La iniciativa persigue ser una declaración de intenciones de compromiso con el medio rural y los ciudadanos, menos y más mayores, que guardan ese territorio. También garantizar que no peligran los servicios básicos para quienes decidan vivir en un pueblo. Lo que está en una ley se puede reclamar ante un juez si se incumple. Cosa distinta es contar con la moral para hacerlo y que sea efectivo.

El texto en tramitación permite extraer conclusiones tanto por el instrumento elegido como por el contenido. Con un gobierno de coalición al frente de la Junta, de PP y Vox, los primeros han decidido presentar la ley en solitario y hacer suyo ese «blindaje» de servicios en el medio rural, territorio de competencia electoral entre los socios. Eso da una lectura política de la iniciativa. Es un texto de Alfonso Fernández Mañueco, que deja de lado a Vox.

Es una proposición de ley, no un proyecto de ley. No son lo mismo. Un proyecto de ley lo aprueba el Gobierno y sería una iniciativa compartida por ambos socios. Conlleva una consulta pública e informes previos de organismos como el CES o el Consejo Consultivo que señalan lagunas o imprecisiones, además, de requerir la estimación del impacto económico que tendrá la aplicación de esa ley. Algo básico para que se cumpla una norma. Todo eso se elude al optar por una proposición de ley impulsada desde el ámbito parlamentario.

El texto es, de partida, una declaración de intenciones que va a necesitar recursos detrás para atraer a las plazas rurales sanitarios que viven por lo general en la ciudad: mejoras laborales, retributivas, compensar desplazamientos... Lo que hay ahora no funciona y la situación apunta a peor con las jubilaciones. Eso es más gestión que ley, porque no llueven contratos de sanitarios porque lo diga una norma.

Eso sí, si los vecinos de la zona de Ayllón ven que el consultorio amanece un día sí y otro también con el cartel que avisa de que se suspende la visita por falta de personal, podrán llevar a la Junta al juzgado para que cumpla la ley. Lo que saquen de provecho será otra cuestión. Por de pronto, el texto a debate en las Cortes no contempla sanciones para los gestores que incumplan.