«¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León

El Defensor autonómico no identifica en su resolución el centro en el que se distribuyó el cuestionario, ni siquiera la provincia, para garantizar la protección de los menores (en el entorno de los 14 años) que lo cumplimentaron con nombre y apellidos a los que la tutora puso ante preguntas como «¿cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?», «¿estás seguro de que no es una fase?», «¿cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?», «¿no crees que es una moda ser heterosexual?», «¿quién de tu entorno te hace sentir así?» o «¿te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?», según recoge la resolución del Procurador del Común.

La queja presentada ante el Defensor autonómico refleja que el cuestionario se planteó en un primer momento anónimo, pero que la profesora había indicado finalmente a los alumnos que pusieran nombre y apellidos al cumplimentarlo.

De la información que la Consejería de Educación ha remitido al equipo de Tomás Quintana se extrae que a la dirección del centro llegaron quejas casi de inmediato, porque el inspector que tiene asignado el instituto comprobó en una visita que hizo el 29 de enero que la tutora se encontraba de baja laboral, momento a partir del cual «no ha sido posible obtener más datos sobre el contenido y el objeto del cuestionario», indican al Procurador del Común desde el departamento que dirige la consejera Rocío Lucas.

El informe remitido por la Consejería de Educación el 18 de agosto pasado, tras requerir información el Defensor autonómico, recoge que la directora del instituto había informado en enero al inspector acerca de un posible conflicto a cuenta de la encuesta, sobre la que la tutora argumentó que tenía el objetivo de hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales. Un ejercicio que se lleva a cabo, apuntan otras fuentes educativas, cuando en una clase ha habido algún problema de acoso o de homofobia.

La actividad en cuestión, según indican desde la consejería al Procurador, se planteó sin informar ni a la Dirección ni al departamento de Orientación del centro. Así lo aseguraban los responsables del instituto, al tiempo que añadían que se habían reunido con la profesora para «hacerle ver la importancia de desarrollar cualquier actividad de tutoría dentro del Plan de Acción Tutorial» y en coordinación con Orientación. Esa reunión se produjo antes de la baja laboral de la docente, que se produjo poco después del conflicto surgido sobre el cuestionario.

El informe oficial remitido al Defensor autonómico ciñe a la madre de una de las alumnas la manifestación de disconformidad sobre la encuesta, «sin que se hayan producido más solicitudes de aclaraciones u otras peticiones por parte de las familias» sobre un asunto que el Procurador entiende que puede vulnerar el derecho fundamental a la intimidad personal recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, ya que no se da una situación de consentimiento expreso para revelar aspectos privados relativos a la identidad sexual de alumnos adolescentes que se identifican con nombre y apellidos.

Es por ello que insta a la Consejería de Educación a «comprobar los hechos acaecidos y, en concreto, comprobar el contenido de las encuestas, si están identificados los alumnos que las realizaron, dónde están depositadas y quién está en poder de dichas encuestas, si las mismas fueron objeto de cualquier tipo de difusión y, en su caso, por quién, sea o no la persona que las promovió, y, del mismo modo, determinar si pudiera haber existido la comisión de cualquier infracción que debiera ser objeto de sanción».

El Defensor autonómico entiende que Educación debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar esas comprobaciones y dar a las familias la certeza de que «no se va a producir difusión de las encuestas y que estas serán devueltas a quienes las realizaron».

La resolución remitida a la Junta incluye la recomendación de investigar los hechos de forma oficial, a través de un expediente, y depurar todas las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los mismos si fuera el caso.

Fuentes de la Consejería de Educación han trasladado que se trata de una «actuación aislada» de una docente que se encuentra de baja y que en su día llevó a cabo «a título particular», sin contar con el equipo directivo del centro ni el de Orientación.