El PSOE da una semana a Sotosalbos para que anule el empadronamiento de Maroto
Los socialistas irán a la vía administrativa si el municipio segoviano no tramita la baja de oficio
La designación del vitoriano Javier Maroto como senador autonómico por Castilla y León continúa levantando polvareda política. El PSOE está dispuesto a agotar todas las ... vías para anular la llegada del vicesecretario nacional de Organización del PP a la Cámara Alta y pone ahora el foco en el empadronamiento de Maroto en el municipio de Sotosalbos (Segovia), una circunstancia que los socialistas consideran «un fraude de ley».
«Damos una semana de plazo al Ayuntamiento de Sotosalbos para que tramiten la baja de oficio por inscripción indebida. Todo el mundo sabe que no vive allí. Entendemos las particularidades de Castilla y León y sabemos que en un pueblo como Sotosalbos, con 113 habitantes, el secretario-interventor irá uno o dos días a la semana. Les damos siete días para que lo puedan hacer de oficio», señaló Virginia Barcones, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz socialista en las Cortes.
En el caso de que el Ayuntamiento de Sotosalbos –gobernado por el PP– no actúe de oficio, el PSOE está decidido a personarse para solicitar «por la vía administrativa» la anulación del empadronamiento de Javier Maroto. Si el dirigente del PP deja de estar empadronado en la comunidad, perdería su condición de senador autonómico. «Pasaría a ser inelegible y automáticamente decaería su designación al no cumplir los requisitos», sostiene Barcones.
La ley que regula el procedimiento para designar senadores autonómicos en Castilla y León eliminó en marzo de 2000 la necesidad de que los candidatos tuviesen la condición de procuradores en las Cortes regionales, pero introdujo «la obligatoriedad» de que ostentasen «la condición política de ciudadanos de esta Comunidad Autónoma».
El artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León aclara: «A los efectos del presente Estatuto, tienen la condición política de ciudadanos de Castilla y León todos los españoles que, de acuerdo con las leyes del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad». Esto supone que, para optar al cargo de senador por designación autonómica, los candidatos deben estar empadronados en Castilla y León.
«Es público y notorio que Javier Maroto no vive en Sotosalbos ni en cualquier otro lugar de esta comunidad autónoma y que la ley exige ser vecino para convertirse en senador autonómico. A partir de ahí, el empadronamiento de Maroto en Sotosalbos es un fraude de ley porque pretende eludir la normativa autonómica. Ni vive ni va a vivir en Sotosalbos», apunta Barcones.
La vicesecretaria regional del PSOE apela al Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por un Real Decreto el 11 de julio de 1986. El título II de esta norma regula todos los aspectos relativos al padrón. El artículo 54 señala que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente» y que «quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año».
En el artículo 72 de este Reglamento se recoge la obligatoriedad de «dar de baja de oficio por inscripción indebida a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54».
Para Virginia Barcones «es público y notorio» que Javier Maroto no reside en el municipio segoviano de Sotosalbos. «No es que lo sepan allí, sino que lo saben en Segovia, Castilla y León, y en toda España. Entre otras cosas porque hace dos meses se presentó como diputado nacional por Álava. Al final, la mentira tiene las patas muy cortas. Al salir del Pleno tras ser elegido como senador, dijo: 'a partir de ahora me veréis más por Castilla y León'. ¿Pero no era ya vecino de esta comunidad?», se pregunta retóricamente Barcones.
Dignidad de las instituciones
La viceportavoz del Grupo Socialista recuerda que «para que una persona solicite la renta garantizada de ciudadanía, lo que implica una situación económica complicada, le pedimos que lleve un año empadronada». «Por la dignidad de las instituciones, nosotros no podemos permitir que se eluda la ley de forma fraudulenta, como han hecho PP y Ciudadanos».
Las dos formaciones parlamentarias votaron a favor en las Cortes de Castilla y León de la designación de Javier Maroto, que se convirtió en senador autonómico junto a los socialistas Teresa López y Fran Díaz (todos los candidatos propuestos se votan a la vez). «Para nosotros fue un día complicado. Al votar en contra de Maroto, votamos también en contra de nuestros propios compañeros, pero ellos sabían que lo hacíamos en defensa de la dignidad de las instituciones. Ciudadanos votó a favor y utilizó un argumento peregrino: dicen que ahora hay que cambiar la ley. Primero habrá que cumplirla y ellos saben, como sabemos todos, que el empadronamiento de Javier Maroto se ha producido en fraude de ley».
El caso de Óscar López
El PP recurrió al caso del ex senador socialista Óscar López para cargar contra el PSOE. Lo hizo el martes Raúl de la Hoz, portavoz parlamentario autonómico, y ayer siguió en la misma estala el senador Rafael Hernando. «Óscar López se empadronó en Segovia y fue senador por la comunidad autónoma. Además fue portavoz del Partido Socialista [en el Senado], así que yo a estos del PSOE no les entiendo mucho porque es que tienen una memoria de gusano, diría yo, o de lombriz», declaró Hernando.
Óscar López, actualmente presidente de Paradores, calificó las palabras de Hernando como «una mentira más para justificar lo injustificable». «Estoy censado en mi casa, en mi pueblo ocho años antes de ser designado senador autonómico» por las Cortes de Castilla y León en 2011. «He estado votando en Riaza toda mi vida, porque estaba censado en Riaza, en mi casa de mi pueblo, no [soy] un tío al que le censan el día antes corriendo en un pueblo, en casa de no sé quién...¿qué tendrá que ver?», declaró López a la Agencia Efe.
Los senadores autonómicos no están obligados a rendir cuentas en las Cortes
Los senadores de Castilla y León por designación autonómica no tienen ningún compromiso de rendir cuentas ni de explicar sus iniciativas en la Cámara Alta. «No. En nuestra ley no tenemos ningún requisito de ese tipo», confirma Carlos Ortega Santiago, secretario general-letrado mayor de las Cortes de Castilla y León. Esta situación supone que, una vez elegidos para la cámara de representación territorial, los senadores designados por el Parlamento Autonómico no quedan vinculados por ningún tipo de control.
Durante la pasada legislatura, el grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León presentó una Proposición No de Ley (PNL) para «mejorar la representatividad y fortalecer los cauces de control parlamentario de estos senadores», según expuso entonces el procurador Luis Fuentes, actualmente presidente del Parlamento autonómico. Ciudadanos proponía que se estableciera «un sistema de rendición de cuentas» para que compareciesen ante las Cortes «al menos una vez al año». La PNL no salió adelante porque Cs pretendía también incrementar las mayorías necesarias para su elección, algo que se percibió como una amenaza de bloqueo.
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