Castilla y León

La presión de los grupos políticos acorrala al letrado mayor de las Cortes tras cuatro sentencias en contra

«Es un escándalo», decía Igea. Que al ser el primero en intervenir tras la Junta de Portavoces pasaba a resumir el estado de la cuestión. «La Mesa de las Cortes ha sido condenada a pagar las costas por no acatar una sentencia; ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de una funcionaria de estas Cortes. Lo dice el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un auto de noviembre. El mismo TSJ que en el último auto lo remite al Juzgado de lo Penal. Es decir, ve posible delito en un señor que ya está siendo investigado por un delito de acoso y de posible prevaricación, mientras la Mesa y el presidente se niegan a hacer la elemental maniobra de impedir que siga siendo el superior jerárquico de todos los que pueden tener que ir a declarar al juicio».

«Si no cesan al letrado mayor, el que debe dimitir es Carlos Pollán», argumentaba Pablo Fernández (Unidas Podemos), que hacía hincapié en que «las costas las van a tener que pagar los ciudadanos».

El PSOE puso el acento en la inacción de Pollán, precisamente, al considerar que ya tenía que haber actuado. «Tener cuatro procedimientos judiciales y perder los cuatro es un problema y es grave. Incumplir una sentencia es intolerable. El último auto del TSJ es una ejecución de sentencia definitiva a favor de la demandante porque no se ha dado debido cumplimiento a una sentencia. El auto dice incluso que se ha intentado modificar la relación de puestos de trabajo de las Cortes para incumplir una sentencia. Le hemos preguntado [a Carlos Pollán] si conocía la sentencia desde 2024, por qué no se ha ejecutado… Y recuerdo que hay unas costas que vamos a pagar todos los castellanos y leoneses. Hemos solicitado que pague las costas quien ha provocado ese trastorno. Le hemos preguntado al presidente, que no nos ha contestado. Y exigimos la dimisión de Carlos Pollán. Porque quien debe ejecutar la sentencia es el presidente de las Cortes de Castilla y León».

Con todo, el mayor revés se lo ha propinado Vox, partido al que también pertenece el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. David Hierro, su portavoz, fue tajante respecto a que «las sentencias hay que cumplirlas». Y a continuación invitó al letrado mayor a marcharse por decisión propia, algo que fuentes parlamentarias consideran poco factible. «A lo mejor el secretario general debe recapacitar sobre si cuatro sentencias en contra de decisiones tomadas por él son buenas para la imagen de las Cortes de Castilla y León», invitó Hierro.

Esta retahíla de sentencias perdidas por el parlamento autonómico tras decisiones del letrado mayor y secretario general, Marcos Herrero, comienza con la denuncia por presunto acoso laboral y prevaricación presentada por la funcionaria Pilar Vaca, ex jefa del Servicio de Gestión Administrativa. Así, el TSJ anuló la creación de una nueva plaza de vicesecretaria general creada por la Mesa de las Cortes en 2022. También en ese caso se obligaba a las Cortes a abonar las costas del proceso.

En julio de 2023 se anuló un requisito añadido para convertir la plaza de la funcionaria despedida. En abril de 2024, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Castilla y León anuló la revocación de su puesto por entender que no se había seguido el procedimiento legal establecido. «Vulneró los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo», explicaba el escrito judicial.

Marcos Herrero tuvo un inicio accidentado en su periplo en la Cámara autonómica. Había conseguido su plaza en el equipo de letrados tres años antes, pero poco antes de su nombramiento había salido rumbo al Ayuntamiento de Madrid como asesor del PP. Las Cortes le denegaron esa autorización para prestar «servicios especiales» porque en ese momento formaba parte del tribunal de una oposición.