La oposición, de acuerdo con los sindicatos, tumba los decretos de la Junta sobre gestión forestal

Ni un solo voto a favor que no fueran los de los dos procuradores no adscritos, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, ex de Vox, que cada vez más componen un +2 que se añade a los 31 votos del PP.

Todos los demás grupos votaron en contra en ambos casos. PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Unidas Podemos y Francisco Igea. 47 votos en contra (con una ausencia en el hemiciclo).

Y en ambos casos sobrevoló el parlamento una tesis: la Junta ha intentado sacar adelante estos decretos sin negociarlos previamente con las partes afectadas. Los sindicatos de agentes medioambientales, por un lado, y los pequeños municipios y propietarios de montes, por el otro. «Hemos hecho su trabajo», les acusó Iñaki Sicilia (Vox). «Han puesto de acuerdo a todos contra ustedes. Ninguno de los organismos, de los representantes de las asociaciones, estaban a favor de ninguno de los dos decretos, que además entran en colisión con normas estatales y municipales», decía Pedro Luis González (PSOE). Y en el caso del decreto sobre gestión del riesgo, se acusó al consejero de trasladar la responsabilidad de tomar medidas a los ayuntamientos, que en muchos casos carecen de recursos para hacerlo.

Quizá el termómetro más relevante sea el de Pedro Pascual. El procurador de Por Ávila recibió los halagos de Mañueco el día anterior por su «talante» durante su pregunta en la sesión de control, después de las ásperas intervenciones de PSOE y Vox. No es que fuera más o menos educado que en otras ocasiones el parlamentario abulense, que no tiene liberación porque ejerce como técnico de emergencias. Es que a estas alturas, con las urnas en marzo, conviene hilvanar alguna posible alianza de cara al futuro. Pascual, en su intervención para fijar posición ante la convalidación de ambos decretos, fue claro (tiene menos tiempo, y compartido, que otros grupos, eso también ahorra algún párrafo de más): «Ni sindicatos ni miembros del operativo están de acuerdo con los decretos, es algo preocupante. Es fruto de legislar sin escuchar», dijo.

Los demás, en cambio, hicieron lo que les pidieron. El PSOE, hace unas semanas, convocó una rueda de prensa tras reunirse con los sindicatos de los agentes medioambientales. Se le preguntó a Patricia Gómez Urbán, portavoz parlamentaria, qué iban a hacer en la votación de los decretos. «Lo que nos digan ellos», señaló. Sin ambages. El afectado manda. Vox hizo la misma labor. Con un añadido, según confirmaban fuentes del partido: también se reunieron con el consejero para saber qué postura tenía. Finalmente, los de Vox hicieron lo mismo que los socialistas: votar en contra, como deseaban los afectados.

Y UPL, que tiene como argumento preelectoral los rescoldos de los incendios, insistió en lo mismo. «Los sindicatos le han dicho, todos, que este decreto no pone freno a las necesidades del operativo, no supone un aumento de la dotación, ni más material, ni más trabajadores… Si algo no perdona la sociedad es que le mientan en la cara», le replicó a González Gago. Y concluyó: «Una frase que me dijeron ayer los representantes de los trabajadores -otro que se reunía con los afectados y cumplía órdenes-: el dinero destinado a prevención es inversión; el destinado a apagar los incendios es simplemente gasto».

Lo de León, sumado a lo de Zamora, Palencia y Ávila, se convierte así en un lastre muy importante para un PP en precampaña. Y más cuando el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, brinda algún desliz inopinado. Como cuando se refirió, al empezar su alocución, al «problema complejo y grave ocurrido el pasado verano». Y claro, Pedro Pascual (Por Ávila) se sintió agraviado. Porque los avisos comenzaron a llegar en 2021 con el terrible incendio de Navalacruz, en su provincia. O en 2022, en la Sierra de la Culebra, en Zamora.

«Quiñones defiende su decreto para 'mejorar' un operativo maltratado por el PP. Decreto rechazado por las Cortes, por trabajadores, sindicatos y patronal. Mañueco ni está. Eso es lo que le importan los profesionales que se juegan la vida para proteger nuestro patrimonio natural», escribía el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez.

Sí estaba en la votación Mañueco. No durante el debate del segundo decreto, ya tras la votación en contra del primero, cuando se ausentó junto con la vicepresidenta, Isabel Blanco. «Tendrá que comer», soltó alguien en la bancada socialista, un recuerdo a aquella frase de Suárez-Quiñones en verano, «tenemos la mala costumbre de comer», cuando le preguntaron por su ausencia a pie de Cecopi, por así decirlo, cuando se desató la ola de incendios.

González Gago advirtió antes de empezar las votaciones que si no se daba el visto bueno, ya no habrá tiempo para más. «No podemos esperar a la tramitación ordinaria de la ley», explicó, por la proximidad de la siguiente campaña de riesgo, en primavera, y el inminente periodo electoral. Para los neófitos en parlamentarismo, hay que recordar que la convocatoria electoral no solo disuelve las Cortes sino que echa abajo todas las iniciativas legislativas en curso. Así que después hay que volver a empezar. Y eso, si la negociación para formar Gobierno se complica, no sucedería, quizá, hasta finales de abril.