Castilla y León
Movimiento judicial para frenar la aplicación de la nueva ley de publicidad institucional25 medios de Castilla y León piden la suspensión cautelar antes de interponer un recurso contencioso-administrativo porque entienden que la norma «es contraria a derecho»
La ley de publicidad institucional nació con una tara. El mismo día de su aprobación el PSOE ya advertía de que intentaría enmendarla con una proposición de ley ... para matizar que un medio no puede tener publicidad de la Junta de Castilla por un monto superior al 33% de su cifra de negocio. La redacción de la ley habla de publicidad «institucional», así que ahí entrarían ayuntamientos, Junta, Gobierno, ministerios, diputaciones… «Presentaremos, una vez que esté publicada en el Boletín, una proposición de ley para plasmar lo que no hemos podido hacer mediante la enmienda transaccional», decía Patricia Gómez Urbán. No hay noticias de esto, cuatro meses después.
También pensaba el partido socialista que la ley no podía aplicarse sin que se desarrolle el reglamento que prevé la norma, como defendía este miércoles la vicesecretaria general, Nuria Rubio. Pero sí se está aplicando. La Junta no puede eludir su aplicación, de hecho, como describía el Consejo Consultivo en un informe muy crítico con el texto aprobado por las Cortes con los votos a favor de PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea.
Precisamente por eso, porque ha comenzado a aplicarse, 25 medios de comunicación han decidido solicitar, en primer lugar, la suspensión cautelar de la aplicación de la ley. Javier Vega, CEO de eldiario.es en Castilla y León, explica que es el primer paso. Entienden los afectados, apoyados en el informe del Consultivo, que la ley es contraria a derecho. Ese informe explicaba que la norma introduce «vetos a la contratación» en virtud de condenas con sentencia firme a rectificar informaciones. Una prohibición «que no contempla la normativa estatal básica». Conlleva unas sanciones, mayores que las que contempla la legislación estatal, lo que tampoco puede suceder. Y del mismo modo critica la restricción del 33% porque «carece de respaldo en la legislación básica estatal, resulta arbitraria, y vulnera la libre concurrencia de los medios a las campañas».
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El siguiente paso será la presentación de una demanda en el juzgado contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se pedirá que se declare la ley contraria a derecho. Esto, en la práctica, supondría que la Junta no podría aplicar la norma.
Lo paradójico del asunto es que la Junta tendrá que defenderse por aplicar una ley que los demandantes consideran «contraria a derecho», cuando el Ejecutivo, en realidad, ha acatado una norma impuesta por el Legislativo. De hecho, ha sido la primera vez en la historia de la comunidad autónoma que las Cortes de Castilla y León aprueban una ley contra el partido en el Gobierno, en este caso un PP en minoría.
Esas son las herramientas jurídicas de que disponen los medios de comunicación de Castilla y León para intentar revertir la aplicación de esta ley. «Se están sumando más medios», explica Vega, a un movimiento que comenzó con diarios digitales, televisiones locales, algún medio con edición impresa y alguna emisora local.
El mismo día que se aprobó, finalmente con la abstención de Soria ¡Ya! y UPL, que habían participado en el proceso pero descartaron el 'sí' tras hablar con algunos medios de comunicación en los días previos, Vox ya dijo que de enmendar la ley recién nacida, como había dicho el PSOE, no había nada claro. Y como se vaticinó ya entonces, con la Junta obligada a cumplirla, la única manera de parar la aplicación de la norma sería con la judicialización del asunto por parte de los afectados.
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