

Secciones
Servicios
Destacamos
Uvas en Nochevieja, prórroga de presupuestos en Año Nuevo. La actualidad política es así. A falta de presupuestos aprobados en su plazo legal (la Junta debe presentarlos en las Cortes antes del 15 de octubre para que dé tiempo a votarlos en diciembre), la tónica ... de los últimos años ha convertido en habitual la excepcionalidad de prorrogar las cuentas. Castilla y León empezará el 2025 estirando los presupuestos de 2024. El presidente de la Junta presentó en octubre un anteproyecto que no ha avanzado.
Será la quinta prórroga de los últimos seis años (de 2020 a 2021) con Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, un periodo de gestión marcado por la singularidad de la pandemia y dos coaliciones de gobierno con dos rupturas, a las que se sumó un anticipo electoral justo en vísperas de poder haber aprobado el proyecto de presupuestos para 2022. La prórroga autonómica se suma a la prórroga estatal.
Noticias relacionadas
Susana Escribano
Susana Escribano
El Gobierno de Castilla y León ultima el decreto que regulará las condiciones de la prórroga de las cuentas de 2024 para facilitar la gestión a partir de enero. El artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía establece que, si no se ha aprobado presupuesto, la prórroga es automática y eso garantiza que no haya ruptura en la prestación de servicios públicos. Lo que marcará expresamente el decreto que se publicará en el Boletín Oficial (Bocyl) en los próximos días son las prioridades de gasto en un escenario en el que se prorrogan los 14.562 millones de euros consignados en las cuentas de 2024, partida a partida. Y queda sin efecto el empleo automático de la cifra de 15.048 millones de euros que recogía el anteproyecto para 2025, que Mañueco presentó en octubre pero que no aprobó formalmente para iniciar su tramitación en las Cortes, donde el PP está en minoría tras la ruptura del pacto por parte de Vox (31 escaños de 81).
La gestión de la prórroga antepone el abono de las nóminas de los casi 95.000 empleados públicos que conforman la plantilla autonómica y los intereses de la deuda en un escenario en el que se afrontarán sin contratiempos el pago de suministros en los centros sanitarios, educativos, sociales y sedes administrativas, además de obras en marcha, subvenciones aprobadas y ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía. Sí requerirá más tramitación y superar controles cualquier gasto o inversión nueva. Algo que no sucedería si estuviera aprobado el nuevo presupuesto.
El decreto que regula la prórroga puede declarar 'indisponibles' algunas partidas. Eso sucedió en 2012, con una fuerte crisis de empleo y de recaudación tributaria, pero era una situación muy diferente a la actual por lo que el equipo de Carlos Fernández Carriero en la Consejería de Economía y Hacienda optará por lo que se conoce como una prórroga 'blanda', sin grandes limitaciones. Ni hay crisis ni pandemia que dispare el gasto sanitario y de ayudas económicas ni tampoco la guerra de Ucrania hace perdurar la inflación ni los precios de la energía al alza, como ha ocurrido estos años.
Aún así, aumentará la tramitación interna en las consejerías. Los gastos se deberán 'cargar' contra las partidas del presupuesto prorrogado y luego, si se aprueban las cuentas para 2025 a lo largo del año, deberán imputarse a ese presupuesto. Cualquier proyecto nuevo o iniciativa para la que se agote el dinero que había consignado para 2024 deberá contar con la certificación del origen de los ingresos con los que se va a afrontar ese gasto, sea una fuente de financiación nueva o partidas que se 'anulan' en la práctica y que estaban destinadas a otros fines para poder ser 'liberadas' con el fin de pagar las nuevas propuestas.
Fuentes autonómicas apuntan que juega a favor de la gestión en modo prórroga para estrenar el 2025 la experiencia previa de un equipo que ha empezado sin presupuesto normalizado el 2020, 2021, 2022 y 2024. Ni siquiera el año 2023, con las primeras cuentas del PP y Vox listas para entrar en vigor en enero, fue normal, porque los dos socios se equivocaron al votar la ley de medidas administrativas y fiscales que acompañaba al presupuesto e incorporaron las enmiendas de la oposición, lo que les obligó retirarla en el último momento y volver a retramitarla en las Cortes. Se aprobó en febrero. Ese es el recorrido presupuestario en la etapa de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, que ya heredó del último año de Juan Vicente Herrera las cuentas de 2018 prorrogadas en 2019. Aquel fue el presupuesto de las pilas duracell. Duró y duró y duró hasta bien entrado el años 2021.
El Gobierno autonómico cuenta con otros dos aspectos que van a engrasar el engranaje de la gestión de la prórroga y que se suman a la experiencia del equipo que controla la caja autonómica: que el presupuesto que se prorrogará se sitúa en los 14.562 millones, solo un 3,58% por debajo de lo que preveía gestionar la Junta en el anteproyecto que elaboró para 2025, y que cuenta con este último instrumento que finalmente no ha llegado a las Cortes, pero con todos los tomos completos de gastos y previsión de ingreso que servirán de guía a la gestión cotidiana de los consejeros.
Desde el punto de vista de una gestión de prórroga presupuestaria, estas dos cuestiones facilitan la labor que tiene por delante el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal con el de Pedro Sánchez, que arrastra peor situación, con cuentas a prorrogar más atrasadas y sin siquiera anteproyecto para 2025.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.