Castilla y León

Las diez cifras clave de las cuentas que quiere Mañueco para 2025

A diferencia de años anteriores, en los que los que el presidente de la Junta presentaba un proyecto de cuentas ya aprobado por su Gobierno que se remitía oficialmente a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria, en esta ocasión Alfonso Fernández Mañueco ha presentado un anteproyecto. En la práctica un borrador de unas cuentas, con sus tomos al completo, pero borrador al no tener entidad de proyecto de ley y quedarse en el escalón inmediatamente anterior.

De ese anteproyecto de las cuentas que el Gobierno autonómico aspira a gestionar se pueden extraer infinidad de cifras. A través de las diez siguientes pueden valorar la entidad de la iniciativa presupuestaria y lo que mueve a su alrededor la Administración autonómica.

La partida con la que se prevé abonar los gastos del personal en nómina de Administración autonómica pasa de los 4.861,99 millones consignados para 2024 a la previsión de gasto de 4.987,47 millones euros para el próximo ejercicio, de los que 4.337 millones pagan salarios en centros sanitarios, educativos y de servicios sociales. La cifra de empleados públicos oscila según la epoca del año pero supera de largo el umbral de los 90.000, convirtiendo a la Junta en la primera empresa de Castilla y León si se tiene en cuenta la envergadura de su plantilla. Casi uno de cada tres euros del presupuesto va a personal.

El presupuesto total que ha elaborado el Gobierno autonómico suma 15.084 millones de euros, pero no es esa la cifra del dinero en efectivo del que dispondrán realmente los consejero de Alfonso Fernández Mañueco. La dotación para programas, inversiones, gastos de funcionamiento de centros y vehículos y personal es realmente de 12.149,8 millones de euros. Es la cifra que sale cuando se descuenta del total las partidas de la PAC, los intereses de la deuda, la dotación de las Cortes de Castilla y León, el Consejo de Cuentas, el Consultivo, el CES y el Procurador del Común y el gasto financiero de amortizar y reponer deuda.

Es la partida que permite abrir todos los centros de la Junta. Sirve para pagar la electricidad, la calefacción, la limpieza, el combustible de vehículos, la seguridad... 94 de cada 100 euros de esta dotación corresponde a las consejerías que prestan servicios esenciales: Sanidad, Educación y Familia e Igualdad.

La Consejería de Sanidad es el departamento de la Junta que mayor asignación de recursos tiene. De salir adelante el presupuesto de 2025, la dotación prevista superaría por primera vez la barrera de los 5.000 millones de euros. Es un área que tradicionalmente parte de una infrafinanciación que toca ajustar a lo largo del año, según los informes de fiscalización que elaboran sobre las cuentas autonómicas de cada ejercicio los auditores del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es la que más crece porcentualmente. Pasa a contar con 1.584 millones de euros pero es una dotación para gestión un tanto peculiar, por el peso que tienen las ayudas de la PAC que llegan de Europa y van a parar directamente a las cuentas de agricultores y propietarios de tierras de labor. El papel de la Junta es aquí el de una gestoría que mueve una cantidad ingente de tramitación para repartir 924 millones de euros. Lo que realmente le queda a la actual consejera para la gestión diaria son 659,91 millones de euros, bastante más que los 603,3 de este año, en un departamento que hasta el mes de julio estaba en manos de Vox.

La deuda supone una porción importante en los ingresos y también en los gastos que la Junta de Castilla y León abona en intereses y amortizaciones. La Consejería de Economía y Hacienda prevé emitir deuda el próximo año por valor de 1.609,29 millones de euros. Es una partida que crece respecto a este año. El consejero Carlos Fernández Carriedo restó drama a ese incremento. Valoró que el crecimiento de la economía de la comunidad hará que el peso de la deuda disminuya en Castilla y León, bajando del 19% del PIB autonómico, cuando la media de las regiones está en el 21,9%.

La previsión del anteproyecto de presupuestos es reservar al menos una partida de 377,72 millones de euros para hacer frente al pago de los intereses de los préstamos y las emisiones de bonos con las que la Junta se ha financiado años atrás. Es una partida que suele presupuestarse con holgura, dado que los intereses, junto con las nóminas del personal, son los pagos prioritarios de debe afrontar una administración.

Alfonso Fernández Mañueco define este anteproyecto presupuestario como el que recoge la «fiscalidad más baja de la historia de Castilla y León». El Gobierno del PP cifra el coste de los beneficios fiscales en vigor en 709 millones de euros para el próximo año. Es la cuantía que la Junta renuncia a ingresar en impuestos al aplicar bonificaciones. Ahí se encuadra ya la nueva rebaja en el IRPF, valorada en 20 millones de euros, y que supondrá 15 euros por contribuyente, para todos los que hacen Declaración de la Renta. También nuevas bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones para la compra de vivienda usada por parte de jóvenesy en el de Sucesiones y Donaciones, que amplía supuestos para el traspaso de explotaciones agropecuarias.

La vivienda está en el candelero social y político y asciende a palabra clave en las explicaciones que los populares darán sobre este anteproyecto presupuestario. Alfonso Fernández Mañueco destacó los 202 millones que, apuntó, prevén que incentiven en 2025 el acceso a la vivienda, con especial apoyo a los jóvenes. De esa cifra, 122 millones van a programas de apoyo al alquiler, a ayudas a inquilinos y a la construcción de viviendas que se están edificando con fondos postpandemia de la UE. El presupuesto contabiliza otro 38 millones que la Junta deja de ingresar al aplicar bonificaciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda que sea domicilio habitual.

Las cuentas de los ingresos se arman sobre una previsión macroeconómica en la que el Gobierno regional prevé que el Producto Interior Bruto de Castilla y León crezca el próximo año un 2% y eso hará que la tasa de paro de la población activa pase de una previsión del 9,6% para este año 2024 a un 9,4% al finalizar 2025. Son estimaciones avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).