La Junta de Castilla y León cierra 2018 sin emplear 505 millones de euros de sus partidas de inversión

La consejera de Economía, Pilar del Olmo./L. P.-ICAL
La consejera de Economía, Pilar del Olmo. / L. P.-ICAL

Más de uno de cada cuatro euros de los 1.774,6 millones que las Cortes aprobaron para esos proyectos figuran sin gastar

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANOValladolid

Se llama presupuesto al cálculo, exposición, planificación y formulación anticipada de los ingresos y gastos, por eso una cosa es lo que se presupone que gestionará una Administración pública y otra distinta lo que realmente cuaja. Una cosa es lo que aprueban las Cortes de Castilla y León y otra lo que acaban gestionando la Junta, el gobierno del presidente JuanVicente Herrera y sus consejeros.

Los datos de los informes bimensuales elaborados por la Consejería de Economía y Hacienda reflejan un crédito inicial para proyectos de inversión de 1.774,6 euros en las cuentas que aprobaron las Cortes para 2018 y un «obligado» final (lo que la Junta debe pagar porque se ha empleado) de 1.269,9 millones de euros. En el limbo quedan 505,3 millones, el 28,47%. No es dinero que se haya ahorrado. Habitualmente sirve para pagar otros gastos, en buena medida sanitarios.

Si usted identifica inversión con obras de carreteras, hospitales, regadíos o colegios no va desencaminado, pero no se ciñe solo a ese tipo de proyectos. En los capítulos inversores del presupuesto cabe casi de todo, desde campañas de vacunaciones o programas sanitarios de prevención de patologías, a licencias informáticas, iniciativas de saneamiento ganadero y un nutrido elenco de informes y estudios variados.

Del puerro a los salmónidos

La previsión de 2018, por ejemplo, recogía investigaciones sobre nuevas enfermedades del puerro y la zanahoria, la huella ecológica de la carne de cordero, la captación de C02 en remolacha o la eficacia de la vacuna en los salmónidos, en un proyecto que comprometía en el área sanitaria inversiones por valor de 141,3 millones de los que, a 31 de diciembre, se habían dado de baja con modificaciones de crédito 54 y no se habían ejecutado 59. De cada diez euros se dejaron de emplear seis. La reforma del Clínico de Salamanca, tras años acumulando demoras y protestas, era el proyecto bandera.

Esos montantes sin ejecutar corresponden a las partidas de inversión directa de las consejerías y entes públicos, las de subvenciones que reciben terceros y asociaciones para proyectos de ese tipo y los créditos que facilitan, principalmente el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y la antigua ADE, hoy Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), a las empresas para esos fines.

Desde la consejería que dirige Pilar del Olmo defienden las cifras de ejecución presupuestaria de la Junta, que sitúan en el entorno del 80%. Informan de que en los últimos tres años presupuestaron 6.534,7 millones en partidas de inversión y cifran la ejecución final 5.338,3 millones. Desde la Junta resaltan que lo que no se ejecuta no es dinero que no se emplee. Se destina a pagar recursos, generalmente, de sanidad. Mañana viernes acude a las Cortes el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, para explicar varios informes, entre ellos el que analiza las cuentas que la Junta, las empresas y fundaciones públicas y las universidades gestionaron en 2016. Una de las conclusiones del organismo fiscalizador, que se repite año tras año, incide en la «insuficiencia de crédito para financiar obligaciones en la Gerencia Regional de Salud» que plantea la Junta y que ocasiona «gastos en intereses de demora, como consecuencia de los retrasos en los pagos a acreedores».

5.870 millones desde 2011

La suma que hacen desde el PSOE es muy diferente. «Con datos oficiales suyos (de la Junta), el Gobierno del PP ha dejado de ejecutar en las dos últimas legislaturas algo más de uno de cada dos euros. Partían de compromisos iniciales por 11.538 millones de euros y las liquidaciones de las cuentas de los últimos ocho años arrojan que han dejado de ejecutar 5.870 millones de euros», analiza José Francisco Martín, secretario del Grupo Socialista en las Cortes y portavoz del PSOE en asuntos fiscales y presupuestarios.

En el caso de los apoyos a empresas a través de créditos para impulsar la inversión y la competitividad, el ICE disponía para 2018 de 150 millones en las cuentas que salieron de las Cortes. Los datos oficiales de liquidación presupuestaria reflejan que se han concedido préstamos por valor de 84,9 millones, lo que implica que el 43,5% se quedó sin emplear.

Martín asegura que un capítulo propio merece el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias comprometido en 2015 por Juan Vicente Herrera, con un acuerdo para financiarlo con alrededor de 700 millones de euros. «Siendo generosos e incluyendo todas las inversiones reales de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, las aprobadas entre 2016 y 2018 ascienden a 525,8 millones, de los que se dieron de baja 116,8 y se han ejecutado alrededor de 361. De ese Plan de Inversiones Sociales Prioritarias no ha sido tan prioritario el 31,23% de lo comprometido», critica el procurador vallisoletano.