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Los funcionarios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, en la sede de Rigoberto Cortejoso de Valladolid, se quedaron perplejos ayer ... por la mañana cuando quince agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil empezaron a desplegarse por los despachos. Su objetivo: llevarse en soportes digitales toda la información disponible sobre los contratos para la enajenación de vehículos del servicio medioambiental que se desechan en las operaciones 'renove' del parque. Según la información de que se dispone por el momento, al menos 400 todoterrenos que deberían haber ido destinados al desguace están circulando o han sido vendidos a particulares o empresas cinco veces por debajo de su valor en el mercado de segunda mano.
La operación, que está dirigida por el magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, José María Crespo, arrancó en Ávila en la primavera pasada pero, como la sede de la Junta se encuentra en Valladolid, y el supuesto fraude puede afectar a todas las provincias, todas las diligencias de la investigación se han concentrado en el Juzgado vallisoletano desde el mes de diciembre.
Pero fue la Benemérita abulense la que comenzó a tirar del hilo respecto de la supuesta venta fraudulenta de estos 'jeep' que, dada su antigüedad, tendrían que haber ido a la chatarra, pero no fue así. Ayer, los agentes, que no pertenecían a la Comandancia de Valladolid, entraron en la sede de la Consejería para requerir toda la información, después de que se ampliara el atestado sobre las posibles responsabilidades.
Perjuicio económico
La Administración puede deshacerse de sus bienes en función del montante económico. En este caso la enajenación ha sido de vehículos muy gastados del parque móvil de los Servicios Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente en las nueve provincias.
Estos bienes suelen sacarse a subasta y se traspasan al mejor postor o, en cada provincia, se realiza su venta para el desguace o bien van destinados a centros de reciclaje de este material.
Fuentes de la investigación indicaron que algunos de estos vehículos que estaban «firmados» para la chatarra, siguen circulando por las carreteras. Otros han sido vendidos muy baratos, por 600 euros, cuando en el mercado de segunda mano y ocasión cuestan hasta 12.000 euros. Existiría, de entrada, un perjuicio económico para la Administración autonómica y se investiga si se han podido producir varios delitos de fraude.
Con toda la documentación recopilada por los agentes de la Guardia Civil de los servidores de la Junta sobre este tipo de contratos, se investigará si efectivamente se ha producido una enajenación indebida de estos bienes y, de ser así, quién o quiénes lo han ordenado y qué cuantías se han obtenido por estas ventas, además de cuántos particulares y empresarios se habrían beneficiado de esta enajenación fraudulenta. Después, la investigación continuará provincia a provincia para determinar cúantos de estos vehículos han sido vendidos a precio de saldo.
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