Las instituciones de control de Castilla y León recuperarán la autonomía de gestión que perdieron en 2013
Francisco Igea confirma que habrá cambios sobre personal, organización y sanciones en la regulación de los consejos Consultivo y de Cuentas y el Procurador del Común
«Todo lo que incida en la independencia de los órganos de control es positivo». Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero ... de Transparencia, confirma que la Junta atenderá las demandas de los presidentes del Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas y del Procurador del Común y acometerá cambios normativos para devolver a estas instituciones la autonomía de organización y gestión de personal que perdieron en 2013. También incorporarán mecanismos sancionadores para aplicar a las administraciones y responsables públicos que no rinden cuentas o que se saltan a la torera las resoluciones, de obligado de cumplimiento, del Comisionado para la Transparencia, responsabilidad que desempeña el Procurador desde 2015.
Estos organismos perdieron su autonomía de gestión en 2013. El Gobierno de Juan Vicente Herrera, ahora consejero nato del Consejo Consultivo, concentró el grueso de la gestión interna en una secretaría adscrita a las Cortes que perseguía ahorrar gastos. Eso generó disfunciones iniciales, por ejemplo, en el intento de unificar unos sistemas informáticos que, en el caso del Consejo de Cuentas, requerían más versatilidad, dado que ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades rinden balances a través de su plataforma informática.
El cambio ha socavado, a medida que han pasado los años, la gestión de las plantillas. Los responsables de estos organismos pasaron de tener autonomía de gestión de personal a depender de esa secretaria adscrita a las Cortes, pero con las condiciones laborales y retributivas de la Junta, sensiblemente peores que las de la plantilla del Parlamento. Los asesores que investigan las quejas al Procurador del Común perdieron entre 700 y 800 euros al mes al relevar el actual, Tomás Quintana, a Javier Amoedo, su predecesor, y hasta mayo de 2019 no se han reconocido trienios a este personal eventual. Lo mismo ocurrió en los dos consejos con la entrada en vigor de la reforma de 2013. Los letrados y auditores de esa época consolidaron un plus personal que no reciben los que se han incorporado con posterioridad. El trabajo que desarrollan es de alta especialización y muy cotizado, en el caso de los asuntos jurídicos de contratación y fiscalización, dentro y fuera de la Administración.
Qué son y para qué sirven
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Procurador del Común y Transparencia. Es el defensor del pueblo autonómico desde 1994. Tramita las quejas de los ciudadanos cuando estos creen que ha sido objeto de una mala atención administrativa. 5.694 el año pasado. Desde el año 2015 es también Comisionado para la Transparencia, al que puede acudir un ciudadano cuando una administración del niega el acceso a información pública.
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Consultivo y tribunal sobre contratos. Es el órgano de control de legalidad de las normas regionales y el que dictamina las reclamaciones por daños que los ciudadanos presentan contra las administraciones. Desde 2012 es, además, Tribunal de Recursos Contractuales. En 2019 solventó, en 25 días de media, 215 conflictos con más de 1.500 millones de euros en juego evitando demoras judiciales.
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Consejo de Cuentas: fiscalización de fondos. Nació a la vez que el Consultivo, en 2012. El Consejo de Cuentas es el órgano que se encarga de fiscalizar cómo emplean los gestores públicos el dinero de sus presupuestos. También audita los procesos de contratación de servicios y obras y de personal. Sus informes incluyen un análisis pormenorizado y recomendaciones de mejora.
«Que el Consejo Consultivo asumiera funciones de Tribunal de Recursos Contractuales fue un acierto, por austeridad y porque hay un hilo conductor jurídico, pero se realizó a coste cero y el aumento de trabajo que se ha producido es bestial», explica su presidente, Agustín Sánchez de Vega. Este órgano precisaría, al menos un letrado más en plantilla, añade. Con sede en Zamora, informan con carácter previo los proyectos de normativa para garantizar que esas regulaciones se atienen a derecho y dictaminan las reclamaciones económicas contra las administraciones por daños. Como tribunal contractual aborda conflictos en adjudicaciones, concesiones y contratos públicos y los resuelve en un promedio de 25 días: en los últimos cuatro años, alrededor de 550 casos con repercusión económica para las empresas y para la prestación de servicios públicos.
Tomás Quintana, Procurador del Común, alerta del trabajo creciente que afronta en su vertiente de Comisionado para la Transparencia. El departamento asumió esa función sin aumentar plantilla y la reforma de la normativa que prepara la Junta implicará un mayor número de administraciones sometidas a obligaciones y sobre más materias. Eso requiere intensificar la vigilancia. Además, se quiere articular un proceso de mediación, previo a la reclamación de los ciudadanos cuando se les deniega una información solicitada. «Eso supone una actividad hasta ahora desconocida y necesita de recursos materiales y humanos desde el minuto cero», esgrime Quintana.
El Consejo de Cuentas, con sede en Palencia, lleva años arrastrando dificultades para cubrir las plazas más especializadas por el régimen retributivo y laboral. Mario Amilivia, presidente del órgano fiscalizador, reivindica para la plantilla las condiciones del personal de las Cortes. «Buscamos que las plazas sean más atractivas y que no pueda ocurrir lo que ocurrió en el pasado, que alguna se quede sin cubrir», apunta.
El vicepresidente de la Junta, que ha conocido esta situación de primera mano en una ronda de visitas institucionales, reconoce que son planteamientos razonables y avanza que en unos meses habrá cambios normativos.
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