Castilla y León

La falta de mano de obra en el campo se agrava y obliga a buscar en más países

Una escasez de personal en el sector primario que hace mucho que dejó de ser coyuntural para convertirse en crónica. ¿El motivo? «Que es un trabajo duro y en el medio rural, y eso complica la situación. La gente no quiere vivir en los pueblos, quiere vivir en la capital», sentencia el presidente de Asaja en la comunidad, Donaciano Dujo, quien descarta de plano que la causa sea económica «porque mal pagado no está».

«Lo mismo que nosotros necesitamos, necesitan la construcción, el comercio, los bares y los restaurantes. En definitiva, se necesita mano de obra que no se tiene, y el último sitio a donde van es al campo. Si falta en otros sectores en las ciudades y no lo encuentran, nosotros mucho peor», lamenta, lo que lleva a que «cada vez se utiliza más la maquinaria». Dujo incide en que «mientras los autónomos van bajando», la demanda de las explotaciones «va en aumento», hasta el punto de que «ya tenemos más personas trabajando inmigrantes que nacionales, aunque todavía se necesitan más, principalmente para la patata y la vendimia».

En la misma idea abunda Lorenzo Rivera desde la Alianza UPA-Coag, quien confirma que las cosas están «cada vez peor, como en otros sectores», si bien «las circunstancias del trabajo en el campo echan para atrás a muchas personas y la recogida de esas campañas es complicada, porque todo depende de los extranjeros». Hasta hace unos años la inmensa mayoría procedía del Este de Europa, pero ahora también llegan de otros continentes. Se hace «fundamentalmente con cuadrillas de rumanos, de búlgaros y sobre todo marroquíes», indica Rivera, que recalan aquí «a través de empresas que se dedican a la contratación».

Una fórmula que a su juicio deberían vigilar más las autoridades para evitar el fraude. «Hay muchos problemas con estos empresarios que son extranjeros y a los que no se les controla», continúa, porque en ocasiones «dejan a deber la Seguridad Social» y meses después la Administración termina exigiendo el pago al agricultor. Con este panorama, no es extraño que haya quien esté explorando otras vías. El coordinador de Coag cita entre ellos a los que han aprovechado las ayudas a la reestructuración «para cambiar las viñas en vaso, ponerlas en espaldera y que se cosechen». «Es una solución», sostiene, convencido de que «poco a poco la maquinaria, la innovación y la tecnología tienen que ir sustituyendo esto porque es imposible encontrar a gente que lo haga».

Entre los factores que contribuyen a que sea así Jesús Manuel González Palacín, el coordinador autonómico de UCCL, menciona asimismo que «es un trabajo que está desprestigiado, que tiene un estigma y no podemos con él», y al igual que sus compañeros reitera que «no es una cuestión de dinero». «Es muy difícil que los de aquí lo quieran, prefieren otras cosas, y tenemos que tirar de mano de obra de fuera», prosigue, para añadir acto seguido que «por supuestísimo» es algo que se acentúa de año en año.

Por eso mismo González Palacín propone agilizar la burocracia. «Tenemos mucha gente en una situación irregular en España que tarde o temprano se van a quedar, que les vamos a necesitar, y yo creo que habría que acelerar el proceso de regularización», defiende, teniendo en cuenta que «los agricultores no nos podemos arriesgar a tener a alguien sin papeles porque las multas son tremendas». De la impotencia que sienten da idea que «algunos están pensando en abandonar y es una pena, con las inversiones hechas y con una actividad que funciona».

Juan Carlos García Serrano, el secretario del Sector Agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, reconoce por su parte que «traer temporeros de fuera para quince días de esto o aquello es complicado» y eso obliga a explorar otras alternativas. Entre ellas, «esas empresas que han contratado como fijos discontinuos a gente que hacía labores del campo y prestan esos servicios», constata.

Quienes optan por intentar captar trabajadores por su cuenta no solo lo tienen cuesta arriba por «las condiciones laborales, porque el campo es el campo, y el campo pega», sino que a su juicio un gran freno es «el alojamiento, que es muy difícil de encontrar en los pueblos». «La gente que tiene casa prefiere tenerla cerrada antes que alquilarla», enfatiza el dirigente sindical, por lo que a menudo la única solución es que el empresario compre vivienda y la ponga a disposición de sus operarios.

Al hilo de esto Miguel Ángel Brezmes, el secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de CC OO Castilla y León, apunta que a los temporeros «no se les puede meter hacinados en cuadras, hay que cumplir unos requisitos de habitabilidad», y llama la atención sobre lo que les desincentiva a venir. A lo fatigoso de su labor se suma que «las retribuciones son el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la jornada la más alta legal posible», sin olvidar «circunstancias que dificultan contratar en origen, porque ahora mismo todo el mundo está comunicado y los que están en los países de origen saben lo que hay».

Brezmes aprovecha para recordar que es imprescindible que estos trabajadores tengan «alta en la Seguridad Social, formación en prevención de riesgos laborales, que se les provea de prendas de protección, de EPIs, y cumplir la ley en cuanto al estrés térmico y los convenios colectivos». «No se puede tener una jornada mayor de la establecida ni un salario inferior y hay que pagar las horas extras», recuerda, y rechaza que quienes les contratan «les descuenten lo que cobra la agencia interpuesta para que vengan». «Quien cumple tiene trabajadores», asegura.

Otra voz autorizada es la de Eduardo Arroyo, el presidente de la Asociación de Productores de Patatas de la comunidad (Appacyl). «Tenemos un problema estructural enorme, y no tengo claro que vayamos a tener gente suficiente para seguir con la agricultura. Tendremos que reestructurarnos y hacerlo de otra manera», augura.

Lo dice por experiencia, ante las dificultades cada vez mayores para encontrar empleados. «Estamos condenados a depender de la mano de obra de fuera, de aquí prácticamente no hay nada», explica en referencia a los nacionales. «Yo hace que no tengo españoles cerca de 20 años. Nos abastecemos de rumanos, búlgaros, sudamericanos y marroquíes, que es lo que más hay. Ahora tengo cuatro cuadrillas de Marruecos», detalla. En su caso, el hecho de ofrecer ocupación en las viñas durante seis meses y durante otros tres en la patata es un incentivo para ellos, y la prueba es que «en otras zonas de España donde arrancamos les llevamos desde aquí porque allí no hay».

Los contratos no los realiza directamente con ellos, «porque no quieren», sino a través de una de esas compañías de servicios de un compatriota que les garantiza empleo todo el año. Aun así, se asegura de que cumplen la ley. «Lo primero que les pido es la documentación, los TC (boletines de cotización), que estén todos dados de alta en la Seguridad Social», advierte, porque «lo peor que te puede venir es que tengas una inspección y haya un tío que está sin documentar».

Gustavo Herranz, el presidente de la Asociación Española de Viveristas de Planta de Fresa y de la cooperativa segoviana Viveros Campiñas, atribuye que el sector agrario no sea atractivo para los nacionales a varias razones, entre ellas la demográfica. «La población española está cada vez más envejecida, hay menos jóvenes y lo que han hecho es estudiar e intentar tener un empleo de mayor cualificación», lo que les ha llevado a «irse de las zonas rurales a las urbanas», reflexiona. A esto hay que añadir que para optar por el autoempleo «ahora se requiere una explotación más grande que la que había que tener antes para poder obtener los mismos ingresos».

En su sector, muy intensivo en mano de obra, se recurre a otros países desde hace mucho. «Estamos acostumbrados, nuestro sector trae extranjeros desde hace más de veinte años por las campañas tan concentradas que tenemos», expresa, y lo hace vía contratación en origen. Solo para recoger la fruta y los plantones en «la zona norte de Segovia, parte de Valladolid y parte de Ávila» necesitan «4.000 o 5.000 empleos directos», lo que a su vez genera «mucho movimiento de restaurantes, transporte, supermercados o servicios como el riego, por ejemplo». «Al final sí va dejando en la zona el poso de la economía y cierta fijación de población, porque muchos extranjeros que vienen al final se afincan por aquí y dan un poco de vida a los pueblos», se felicita.

La carencia de peones agrícolas «se nota en que llegan de orígenes que no se veían, ahora hay mucho subsahariano y gente de Marruecos», ejemplifica, en detrimento de «los de Rumanía, Polonia o Bulgaria, que o se han hecho mayores o se quedan en zonas de Europa donde a lo mejor se les paga más alto». «Ante esa falta de empleados de esos caladeros tradicionales se ha ido a otros países, estamos trayendo contingentes de Sudamérica que antes no se traían y que se integran bastante bien por el tema del idioma», dice, y concluye que «la amplitud de nacionalidades que están viniendo marca que hay que andar buscando por todos los lados y realmente la demanda siempre es más grande que la oferta».