Ciudadanos estudia llevar a la Fiscalía el presunto trato de favor de la Junta hacia Ambuibérica

Desde luego, desde Ciudadanos se considera «indecente» toda la actuación y el procurador Francisco Igea hace más que cuestionarse la legitimidad y limpieza del proceso. Por ello, elevó al Parlamento autonómico una pregunta por escrito el pasado mes de mayo y tras recibir contestación «confesa» de la Consejería de Sanidad, con fecha de 20 de junio, ha vuelto a dirigirse a la mesa de las Cortes el pasado 19 de este mismo mes.

La cronología de los hechos es la siguiente: el 20 de octubre de 2021 se inició el expediente administrativo para la contratación el transporte sanitario. El presupuesto estimado fue entonces de 808 millones de euros. En diciembre del mismo año, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, cesó a la entonces consejera Verónica Casado (Ciudadanos). Después, el 23 de diciembre, el nuevo consejero, Alejandro Vázquez (PP), se reúne, sin figurar en su agenda pública como el propio interesado reconoció en rueda de prensa después, con el responsable de Ambuibérica «que mantenía un conflicto abierto con sus trabajadores por la negociación de un nuevo convenio», recoge el escrito de Ciudadanos.

Después de salir a la luz pública la citada reunión del día 3 de febrero, «el consejero admite haber tenido dos reuniones más, que tampoco figuraban en la agenda, con esta frase: 'Me he reunido otras dos veces, en relación con un conflicto colectivo que estaba convocado, con buen resultado según parece porque posteriormente se desconvocó'», recoge la pregunta escrita de Ciudadanos. Destaca el procurador de la formación naranja que «admite, por tanto, haber intermediado de manera irregular en un conflicto colectivo de una empresa ajena a la administración publica».

Por último añade que «sabemos, por contestación a nuestra pregunta parlamentaria» que el 21 de febrero, Sacyl desistió del procedimiento abierto para la contratación «como consecuencia de la suscripción del V convenio colectivo para las empresas y trabajadores del transporte sanitario» y que la aplicación del convenio suponía una «modificación sustancial en el cálculo de los costes».

Aquel conflicto colectivo, en respuesta además a varias sentencias, obligaba a Ambuibérica a incrementar de forma notable el personal. Un aumento de plantilla con altos costes que dificultaban acometer el incremento de ambulancias previstas para Castilla y León. Sanidad cambió las condiciones de licitación del contrato de transporte sanitario que había anunciado a primeros de de diciembre para los próximos años (2028), con una reducción de casi 72 millones de euros; ya que finalmente el importe global será de 737 millones y no los 809 anunciados tras el Consejo de Gobierno que autorizó este desembolso, aún pendiente de adjudicación. De hecho, la falta de resolución todavía de la licitación y contrato ha provocado la prórroga del anterior para dar cobertura asistencial tal y como acaba de anunciar la Consejería de Sanidad. La comunidad finalmente pasará de las 605 ambulancias actuales a 706, lo que supone un aumento del 16,7%; pero se aleja en 57 de las previstas en el primer plan.

Ciudadanos pregunta ahora cuáles eran los costes calculados inicialmente, en octubre de 2021 y si conocía Ambuibérica, «o tenían promesa», de que se desestiría de ese expediente tras la firma del convenio. Porque, añade, «de no ser así, ¿cómo explica la Consejería que se firmase ese convenio sin tener la certeza de dicha modificación?

Cuestiona además Igea que «el ordenamiento legal permita comunicar a los licitadores de concursos públicos las condiciones de futuros concursos para que puedan ajustar las condiciones laborales de sus empleados».

Para el procurador de Ciudadanos «todo esto es una desfachatez. Estoy sorprendido de que el consejero confesara y confirme ahora que se desistiera de las condiciones después de firmar el convenio. Y después de sus declaraciones del 3 de febrero hace suponer que dio información; de no ser así ¿por qué acabó la conflictividad? Todo hace suponer que contaban con información. Por ello, no descartamos emprender acciones legales, no descartamos remitírselo a la Fiscalía».