El escaño 82: Cuentas y cuentos

Valen como muestra de un montante estatal para inversiones que baja un 4,2% respecto a este año en Castilla y León, cuando crece en 15 de las 17 autonomías. Ese recorte tiene difícil explicación en un presupuesto expansivo, donde los ingresos cabalgan a lomos de los fondos europeos de recuperación y el aumento de recaudación, en buena medida, fruto de la tremenda inflación y el encarecimiento general de productos a los que se aplica el IVA.

Un presupuesto público es una declaración de intenciones aderezada con cohetes de fuego fatuo. Esa pirotecnia presupuestaria se concentra en las inversiones. Partidas testimoniales o que no se ejecutan y se repiten un año tras otro. En Castilla y León, el presupuesto para infraestructuras ha sido de récord en los últimos lustros. ¿Prueba del compromiso de Zapatero, Rajoy o Sánchez? Más bien por el efecto mapa. España ha apostado por el tren veloz y somos tierra de paso hacia Galicia, Asturias, País Vasco... Los túneles de Pajares han sido un pozo sin fondo y esa millonada, que ha engordado la partida para infraestructuras de la que han presumido por etapas dirigentes del PP y del PSOE en Castilla y León, según quien gobernara en La Moncloa, ha contabilizado formalmente como inversión en León, pero es dinero que juega a beneficio de Asturias.

Eso, cuando se invierte lo consignado. No siempre es así. El presupuesto, como indica el término, pre-supone gastos y pre-supone ingresos. Lo único que de inicio se sabe que se abonará religiosamente son las amortizaciones y los intereses de la deuda y las nóminas del personal y las pensiones. La ejecución de todo lo demás dependerá de lo acertada que sea la previsión de ingresos, de la seriedad de quien gestiona y de las prioridades que marca. En las cuentas estatales hay dos apuestas claras para un año con urnas en ciernes como es 2023: los pensionistas y la revalorización del 8,5% de su paga y los empleados públicos. Estos percibirán una paga antes de fin de año con el 1,5% de su retribución y las cuentas del próximo prevén un incremento salarial de hasta el 3,5%, dentro de un acuerdo para llegar al 9,5% entre 2022 y 2024.

De los 2.383.000 empadronados en Castilla y León, 584.400 son mayores de 65 años y hay 167.000, empleados públicos. Esas prioridades presupuestarias repercuten en el 31,5% del padrón autonómico. El proyecto da respaldo a otras medidas que inciden en la comunidad, como la declaración de obligación de servicio público de trece líneas de tren de alta velocidad y media distancia. Eso permitirá a usuarios habituales acogerse a bonos que reducirán a la mitad el coste de los viajes.

Con su parte de cuentas y de cuentos, ya está dando que hablar el presupuesto estatal para 2023. Y el de la Junta, primero de PP y Vox, está al caer.