Empieza la recogida de firmas para reclamar enfermeras escolares en los colegios de Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lanza una campaña de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita promulgar una ley para garantizar la presencia de una enfermera escolar en todos los centros educativos de Castilla y León. El objetivo es superar las 15.000 firmas necesarias para llegar a las Cortes y alcanzar el 0,75% del censo de al menos cinco provincias de la comunidad. La recogida de firmas se efectuará en todas las sedes de CSIF, además de en las secciones sindicales en los centros de trabajo, en los colegios de enfermería de las nueve provincias y en carpas informativas y de apoyo que se desplegarán en capitales y municipios grandes.

La iniciativa, apoyada por sanitarios, docentes y familias, plantea una inversión anual de 66,6 millones y situaría a Castilla y León «a la vanguardia en la educación y como una sociedad moderna», tal y como explicó el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, quien estuvo acompañado del presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz; y la presidenta de Confapacal, María Soledad Alegre, en representación de las familias, colectivos que históricamente han demandado la figura de la enfermera escolar.

Sin embargo, iniciativa legislativa es respaldada por numerosas asociaciones que la apoyan. «Se cuentan por miles los alumnos que conviven cada día con enfermedades que requieren controles, como diabetes, asma, epilepsia y otras enfermedades crónicas, además de cualquier urgencia por accidente, crisis, indisposiciones o sintomatología del otoño-invierno», señaló Castro, quien defendió que esta medida «no solo beneficiará a estos alumnos, sino a toda la comunidad escolar». En España, el 19% de alumnos padecen alguna enfermedad crónica.

«A la atención de accidentes o pacientes crónicos, se suma el trabajo que pude ejercer esta figura en la prevención sexual, el tabaco y el alcohol, la obesidad infantil o la detección temprana en bullying, porque «se puede tener una visión más cercana», además de la depresión o la soledad no deseada en menores o la enseñanza en primeros auxilios y la labor investigadora con recogida de análisis y datos, ha remarcado Enrique Ruiz Forner. Incluso para abordar el incremento del riesgo cardiovascular detectado entre los adolescentes.

Benjamín Castro apostó, en declaraciones recogidas por Ical, por una «medida razonable en términos educativos, sanitarios y económicos», pues su implantación se estima en 66,6 millones al año, un 0,48% del presupuesto de la comunidad. «No existen razones de desequilibrio presupuestario para que esta medida no salga. Es una estimación al alza, en el que entran todos y cada uno de los centros de la comunidad, aunque sabemos que no habrá una enfermera en cada uno», apuntó Castro, quien apeló a «tener en cuenta la idiosincrasia del medio rural», donde «no será una presencia continua, sino itinerante, mientras que a lo mejor en otros centros necesitan una persona permanente porque tiene muchas líneas y es muy grande».

Igualmente, se refirió a los impactos «directos e indirectos», dado que «por cada euro invertido en enfermería, la economía del país ahorra 1,10 euros», por ejemplo, gracias al menor número de hospitalizaciones. También contribuye a liberar a los docentes de «una responsabilidad que no les corresponde y para la que no están formados». Castro añadió, además, que «asegura que ningún niño quede atrás por absentismo escolar» y también contribuye a reducir las ausencias laborales de los padres. «Castilla y León no puede quedarse a la cola. Pedimos a los políticos que den un paso adelante, valiente, y atiendan esta demanda», exclamó.

«Siempre decimos ser la vanguardia en la educación y una sociedad moderna en la comunidad. Pues hágase, porque esto es un pasito más por lo que implica», animó Castro, quien admitió las dificultades para que la ley se pudiera promulgar antes de terminar la legislatura, dado que cuentan con una plazo de nueve meses para recoger las firmas.

Por su parte, Enrique Ruiz explicó que el Consejo «no se podía negar a participar en esta recogida de firmas», sobre una iniciativa que «está consolidada en países europeos del entorno». Al respecto, criticó que en España «no hay homogeneidad» y puso como ejemplo Madrid, que tiene un millar de enfermeras escolares, Andalucía, 411, y Castilla y León, medio centenar, repartidas (por todas las provincias, «en una autonomía que es la más grande de Europa, y que atienden a más de mil centros de educación obligatoria»).

En este sentido, opinó que es una ratio de una enfermera por cada 8.100 alumnos, muy por encima de las 6.788 de España, «que ya es bastante», y del uno por cada 750 alumnos de Europa. «Estamos siempre a la cola en estos temas», lamentó Ruiz, quien apostó por «aumentar la oferta de plazas de enfermería en las universidades» y reclamó a la administración que «se apliquen los diplomas de acreditación avanzada para la formación de estos profesionales». Además, aplaudió que la Universidad de Salamanca ha creado el máster de enfermera escolar.

Por último, Soledad Alegre recordó que las Ampas de la Comunidad «demandan esta medida y evidencian su necesidad desde hace años», dado que las familias consideran que los centros educativos son «lugares de acogida, y como tales deben ser diseñados y establecidos, para que el conocimiento del alumnado sea pleno... Por eso creemos que los perfiles educativos deben ser variados, entre ellos la enfermera escolar», sostuvo.

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