Castilla y León

Educadores del Zambrana: «Los despidos convertirán los centros de menores en un polvorín»

La «trampa», indican, está en la reorganización de puestos. Hasta ahora, había tres grupos de trabajadores: educadores, técnicos de atención al menor en institución (TAMI) y personal nocturno. A partir de ahora éstos se unifican en una sola categoría, la de técnico de menores y se crea otra, la de los «integradores», un nuevo grupo con un sueldo inferior y «supuestamente, con menos funciones», explica un educador de uno de los centros de menores de Valladolid que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a las represalias. «Entraron sin saber cuáles iban a ser sus funciones y a la semana de entrar ya estaban haciendo partes y todo tipo de informes, así que están haciendo el mismo trabajo de los educadores por menos sueldo y, en lugar de lunes a viernes, de lunes a domingo». La realidad es, subrayan, que «por cada integrador que entra se va un educador a la calle y los que nos quedamos tenemos que asumir funciones que no nos corresponden, hasta las de impartir talleres, porque no contratan a profesores».

En el área de socialización del Centro Regional de Reforma Zambrana, estuvieron la semana pasada «en servicios mínimos y, a ratos, por debajo de esos servicios», señalan estas fuentes, que ponen el foco en que «se olvidan de que estamos trabajando con menores con problemas y que nosotros estamos cada vez más agotados y quemados, porque visten un santo con la ropa de otro y no damos abasto. De hecho, no tenemos un minuto (a veces, literalmente, casi ni para ir al aseo) y el 'papeleo' tenemos que hacerlo cuando termina nuestro turno, fuera del horario laboral». No son raras, confirman, las bajas por ansiedad y las deserciones en goteo de educadores «vocacionales» que, quemados, finalmente se marchan si consiguen otro trabajo.

La organización del trabajo también es criticada por estos trabajadores, que indican que en plantilla, dentro del área de socialización del Zambrana, hay ocho educadores y 11 TAMI. De esos educadores, a cinco no les renuevan el contrato y habrá en noviembre otros cuatro despidos. «Así que el equipo se queda sin gente de lunes a viernes, pero los fines de semana hay más gente que antes». En la actualidad, se atiende a ocho menores de edades comprendidas entre los 12 y 18 años en el área socializadora, aunque la media está en diez menores atendidos. Están allí por problemas de conducta, fugarse de otros centros de reforma, consumo de todo tipo de sustancias o pornografía. También pasan por socialización cuando los menores tienen causas pendientes de juicio y, tras la vista en el Juzgado de Menores, terminan en el área de reforma.

La preocupación de los educadores, en este sentido, es que cada vez los menores que llegan son «más menores» y las infracciones que cometen, más graves, mientras que las plantillas que los atienden «cada vez están más menguadas, desmotivadas y los nuevos que se incorporan, menos preparados», critican estas fuentes.

CGT es uno de los sindicatos firmantes del convenio el pasado verano, pero ya anuncia que lo impugnará porque, sostiene, «hubo un compromiso de que no iban a producirse despidos y se iba a mantener la plantilla». Expresa su indignación por «la forma de actuar de la Gerencia de Servicios Sociales, que despide a trabajadores que llevan años realizando funciones de apoyo y reeducación en los centros de menores», unos despidos, sostienen «que suponen una flagrante traición a lo negociado y acordado en la negociación del nuevo Convenio Colectivo que entró en vigor el 1 de julio de 2023».

Esta central sindical puntualiza que, según sus datos, se despide a 26 personas de 109 porque, aunque son en total 129 puestos de trabajo, a día de hoy hay 20 vacantes. Insiste en que la Gerencia ha incumplido lo acordado en la negociación en la que, tras la revisión del modelo profesional de los centros de menores, se decide incorporar una nueva categoría. «Por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se indicó que las plantillas no solo se iban a mantener, sino que podrían aumentar en algunos casos sin producirse ningún despido, conviviendo ambas categorías en beneficio de calidad de la atención que se presta a los menores en los centros«. Expone que en la negociación se acordó que la reorganización «se iría produciendo de forma natural y progresiva, a medida que los puestos fuesen quedando vacantes y nunca se contempló el despido de ningún profesional. De no haber sido así, esta central sindical no hubiese aceptado esas condiciones ni firmado el convenio colectivo«, subrayan.

CGT reclama a la Dirección General de la Función Pública que intervenga para parar los despidos y se aborde el asunto en la comisión paritaria urgente convocada para el 23 de octubre. Si la Gerencia no frena los 'ceses', CGT presentará una denuncia por incumplimiento del convenio colectivo ante la Inspección de Trabajo y, en su caso, una demanda ante el juzgado de lo social.

También CSIF, que no firmó dicho convenio, ha expresado su indignación por estos despidos. La reclasificación de categorías del documento, explica, elimina las cuatro actuales, que se unifican en una única categoría y se crea una nueva en el grupo III. Según los datos que maneja este sindicato de funcionarios, siete despidos son de Valladolid (cuatro del centro Zambrana y tres de Montero); ocho de Salamanca (cuatro de Los Charros y otros cuatro de Los Molinos; cuatro del Gregorio Santiago de Burgos; tres del Suero de Quiñones de León y tres del Fuente Clara de Ávila.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se trata de «una reconversión en toda regla», consecuencia de la nueva reclasificación laboral del convenio colectivo para el personal laboral firmado el pasado 12 de junio con los sindicatos UGT, CC OO y CGT, y del que CSIF se desvinculó. «Se irán a la calle muchos de los trabajadores de las cuatro categorías profesionales del Grupo ll que con este convenio se extinguen», denuncia. Se trata de los puestos de educador, técnico de atención al menor en institución (TAMI), técnico de atención al menor en medio Abierto (TAMMA) y responsable nocturno de internado.

Estas categorías se sustituyen por una única, el técnico del menor (también del Grupo ll), un puesto al que se accede con un grado en Educación Social, Psicología o en Pedagogía. CSIF denuncia que «la voluntad evidente de la Junta es ahorrar a costa de abaratar el trabajo de los empleados, ya que su intención real es asignar las tareas que venían realizando las mencionadas categorías TAMI, TAMMA, educador y responsable nocturno (Grupo II) a un puesto de nueva creación e integrada en el Grupo III, el técnico de apoyo al menor, para el que se exige el título de FP Técnico Superior en Integración Social.

«Por lo pronto, los trabajadores se enfrentan a una importante inseguridad jurídica, derivada de un convenio colectivo que no se tendría que haber firmado nunca», ya que «para 25 profesionales va a suponer un despido inmediato, y para los que se queden o contraten, inseguridad laboral, ya que no conocen bien cuáles van a ser sus funciones, dada la inconcreción del propio convenio cuando las define», explica Mar Carrascal, secretaria de Negociación y Estudios del sector de la Administración General de la Junta (AGCYL) de CSIF Castilla y León. «Especialmente preocupante» considera esta organización, «la eliminación, en las dos categorías laborales, de las funciones educativas dirigidas a los menores».

«El nuevo convenio de laborales afectará a la casi totalidad de las plantillas de los centros de menores que no tienen la nueva titulación», avisa. Ante esta situación «de malestar y decepción de los empleados, que están firmemente comprometidos con su trabajo», CSIF adoptará «todas las medidas de presión a su alcance y, de entrada, aconseja a los afectados que pongan un «no conforme» en el despido que les sea notificado. Concluye que «llevamos años haciendo hincapié en la importancia de estos centros y en la necesidad de la cobertura de todas sus plazas para proporcionar una adecuada atención a estos menores».

Desde Servicios Sociales se señala, por el contrario, que esta reorganización de las plantillas que es resultado del nuevo convenio que entró en vigor en julio pasado no incide en la calidad de la asistencia a los menores y que «la atención en los centros está totalmente garantizada». En este sentido, se subraya que, frente a los 21 contratos de técnicos de atención al menor que se extinguen se crean 51 nuevos contratos.