Las denuncias por maltrato bajaron durante el confinamiento en Castilla y León, pero subieron las llamadas al 016

El año pasado, en esos mismos meses, se realizaron 758 comunicaciones. El incremento es del 44%. Por ejemplo, en la provincia de Valladolid, se pasó de las 46 llamadas de abril de 2019, a las 107 de este año. O de las 78 conexiones de mayo del año pasado a las 108 del mismo mes en este 2020, cuando comenzó la desescalada.

Este incremento en las peticiones de ayuda al teléfono 016 (la llamada es gratuita, no deja rastro en la factura y también es posible la comunicación por 'whatsapp') no ha hallado sin embargo reflejo en el número de denuncias, que han descendido. De las 2.569 que se presentaron en Castilla y León durante el primer semestre de 2019 se ha pasado, este año, a 2.195, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Una caída del 17%. El confinamiento dejó así más llamadas para pedir ayuda y menos denuncias efectivas. También han bajado las órdenes de protección: de 709 entre enero y junio de 2019 a 664 en el mismo periodo de este año del coronavirus.

Estos datos evidencian que «la pandemia supone una dificultad añadida para las mujeres que son víctimas de malos tratos y violencia», asegura Elena de la Fuente, de la Asociación de Mujeres de La Rondilla. No solo por esa convivencia forzosa en hogares donde ya estaba instalada la violencia «o la situación se había deteriorado», sino también porque la crisis económica desatada estos meses es un palo en las ruedas para quienes están dispuestas a denunciar.

«Toda esta situación vuelve a poner de manifiesto que hay que reforzar el sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia machista», asegura Cristina Alcalde, coordinadora de Avadasymt. «Hay que fortalecer la ayuda de forma 'on-line' y telemática y, al mismo tiempo, hay que facilitar las denuncias, con protección y seguimiento». Durante el confinamiento, aseguran los colectivos de mujeres, «hubo más dificultades de acceso a los recursos y servicios sociales, se generó una incertidumbre muy grande ante las situaciones de custodia y cómo cumplir el régimen de visitas, aumentaron los casos de ansiedad, de pánico y depresión, por esas situaciones de convivencia con agresores, pero también por el impago de los ERTE o el paro de larga duración». Durante este año, Avadasymt ha comenzado a trabajar con 90 nuevas mujeres que han sido víctimas de maltrato.

Ana Isabel Martín, secretaria de Igualdad de UGT, y Yolanda Martín, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO, también han subrayado que «la crisis económica y social ha provocado que las mujeres se tengan que recluir en su hogar y, al mismo tiempo, ha obstaculizado los recursos de atención y protección a los que tienen derecho, por lo que a pesar de las campañas del Gobierno, muchas mujeres no han tenido posibilidad de pedir ayuda». Además, insistieron en que esta situación se agrava en el medio rural. El sindicato CSIF constató que la pandemia «ha afectado a los recursos públicos y, en particular, a los destinados a la atención de las mujeres que sufren este problema, sobre todo en justicia, y exigió que los planes de reconstrucción social establecidos por las consecuencias de la pandemia, incluyan medidas concretas y específicas contra la violencia de genero».

Para robustecer esta red de ayuda, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, rubricaron este martes el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones dentro del programa VIOGEN de protección a las mujeres maltratadas y a sus hijos. Actualmente, se da cobertura en la comunidad a 2.965 personas, incluidos menores a cargo de sus madres. Burgos aparece en primer lugar con 618 casos, seguida de León (616), Valladolid (503) y Salamanca, con 284. Ávila registra 217; Segovia, 205; Zamora, 179 y Soria cierra la tabla con 124. El representante del Ejecutivo en Castilla y León quiso recordar a las mujeres que «no están solas, sino que las instituciones las arropan» con este tipo de servicios.

En el caso de Valladolid capital, la implicación de la Policía Municipal en la lucha contra esta lacra data de 2002, cuando dentro de este cuerpo se creó un servicio específico. Desde 2016 se ha visto reforzado por su participación en el Sistema VIOGEN, cuando los agentes se incorporaron como un actor más en el operativo de prevención. Fruto de su participación, la Policía de Valladolid ha brindado cobertura a unas 142 víctimas al año. A día de hoy, lleva el control de 146 casos, según los datos facilitados por el alcalde, Óscar Puente, tras firmar la prórroga del acuerdo.

Izquierdo abogó crear una conciencia cívica de protección hacia las mujeres víctimas de la violencia machista, ya que «el 80% de los casos siguen sin denunciarse», con lo que «la mayor parte de la violencia está soterrada y no se conoce», según lamentó. Izquierdo, sin nombrar a Vox, aunque refiriéndose claramente a esta formación política, destacó la necesidad de combatir «los discursos extremistas que se están generando respecto a la lucha contra la violencia machista y contra el feminismo», al tiempo en que incidió en que esta situación es la «máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres».

El alcalde subrayó la importancia de la colaboración y coorodinación entre ambas instituciones, que permita que la víctima que deba ser reasignada por motivos de fuerza mayor a uno u otro cuerpo de seguridad no perciba desajustes o diferencias en la protección que recibe. El delegado del Gobierno quiso destacar que una de cada cinco mujeres en el mundo es víctima de violencia de género y en España se estima que más de la mitad la ha sufrido en algún momento de su vida. Izquierdo recordó que desde que existen registros en España se han producido 1.074 asesinatos de mujeres y 37 menores que también han fallecido por esta causa. «Debemos intentar que las mujeres salgan de este círculo de violencia y evitar que esta se perpetúe», argumentó. Por ello, insistió en la obligación cívica de poner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad estos casos, porque «en el caso de la víctimas hay miedo al maltratador y a que este ponga en peligro también la integridad de los hijos».