La compleja desescalada del estado de alarma

«Estado de alarma 15 días, como mucho un mes, y luego normas sanitarias», apuesta el decano de Derecho en la UBU, Santiago Bello, especialista en Derecho Administrativo. «Seguramente habrá que ir a otra prórroga de otros quince días por lo menos pero más 'light', y asimétrica. En la que las limitaciones a la libertad de desplazamiento sean menores y que deje de ser una suspensión como casi es hasta ahora y que encaje mejor en el estado de alarma, al ser menos restrictivas las medidas», esboza Juan María Bilbao, decano de Derecho en la Universidad de Valladolid y especialista en DerechoConstitucional.

Bilbao contaba con la ventaja de acabar de leer el comunicado de Ciudadanos sobre el acuerdo con el Gobierno. Ese apoyo condicionado a 15 días y a encontrar «reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma».

Será complicado. Santiago Bello cree que el error fue no emprender en su momento una reforma de la Ley de Salud Pública (3/1986). «Si era insuficiente el Gobierno podía haberla modificado, pero no lo ha hecho. Tiene pocos artículos, se podía reformar y mejorar y habría dado tiempo para generar un estatuto jurídico que pudiera limitar desplazamientos, por ejemplo, sin recurrir al estado de alarma», considera. «Daría tiempo a reformar la ley orgánica», asevera incluso el decano de la UBU, aunque es consciente de que la situación ha cambiado:«No sé si tendrán el consenso necesario porque ya hay mucha crispación. Hace unas semanas seguro que sí. Ahora PP y Vox, por un sitio, nacionalistas por otro… Sería complicadísimo. Ese tiempo ya pasó. Algunos grupos empiezan a pensar ya en rentabilizar las próximas elecciones».

Juan María Bilbao coincide en que es complicado retomar esa vía ahora mismo. La clave de las fases está en la limitación de la movilidad y no hay una normativa fuera de los estados de emergencia que permita forzarla. «La movilidad del que no está enfermo, porque la del que sí lo está, se permite [en la ley de Salud Pública]. Pero no contempla la posibilidad de confinar a toda la población.Se podría reformar, pero no hay tiempo. Aunque se utilice un trámite de urgencia, en menos de dos meses no hay manera, y necesita mayoría absoluta, habría que pactar su contenido... Es imposible».

La solución, parece, pasa por matizar el estado de alarma mediante una negociación con los partidos y, a través de ellos, las comunidades autónomas.

Pero, ¿qué ocurre si hay un rebrote? O peor aún. Otra pandemia. Porque la Covid-19 no era la primera amenaza global del siglo XXI, aunque sí la primera que ha cuajado. «Los italianos han tirado de una ley de salud pública y han establecido un estado de emergencia sanitaria que les permite confinar. Podríamos ir a un modelo de ese tipo, que en la legislación de salud pública hubiera un estado de emergencia sanitaria que pudiera contemplar este tipo de medidas en una epidemia de estas características», explica Bilbao.

En cuanto al modelo para un Estado tan diversificado como el español, con 17 autonomías y dos ciudades autónomas con muchas competencias, SantiagoBello cree que algo como el estado de alarma ha demostrado su ineficacia. «Es cómodo, porque recentraliza el poder y deja sin competencias a las comunidades autónomas en un estado súper descentralizado. Mandan el presidente y cuatro ministros. Ha sido negativo. Alemania lo ha solucionado con una distribución del poder en los 'lander 'y el Gobierno central ha coordinado. La ejecución de la política la ha tenido que negociar el Gobierno con todos los 'lander' y las han ejecutado de forma distinta. Una respuesta jacobina no se ha demostrado como eficiente desde el punto de vista organizativo», refiere Bello, que alude a los contratos mal realizados o la demora en las compras de material de protección, por ejemplo. «Se lo hemos dado a INGESA, heredera del Insalud, y es una entidad de carácter menor que está contratando por 1.000 millones de euros. La compra centralizada ha sido desastrosa y al comprar mal no hemos suministrado buenos productos sanitarios a las personas que estaban en la batalla», asegura.

«Lo mejor a corto plazo es esto, un estado de alarma suavizado y asimétrico», concluye Juan María Bilbao. Y tener en cuenta que la Constitución, en su artículo 55.1, solo permite suspender derechos fundamentales «cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio». Crear una normativa 'ad hoc' para situaciones 'pandémicas' sería, pues, una alternativa adecuada pero muy compleja.