Los 220 colegios concertados de Castilla y León creen que la 'ley Celaá' «nos borrará del mapa educativo»
Más de 100.000 alumnos, el 30% de la región, asisten a clase en centros concertados que, con la nueva norma, ya no podría cobrar cuotas a los padres
Más de 100.000 alumnos, unos 10.000 profesionales entre docentes y personal auxiliar y 220 colegios de Castilla y León siguen con ... desconfianza la previsible aprobación de la nueva Ley General de Educación (Lomloe), la llamada 'ley Celaá'. Toda la educación concertada, que representa el 30% del sector en Castilla y León, considera que la propuesta del Gobierno central «puede suponer la desaparición de la concertada al acabar con el derecho de elección de las familias», resume la presidenta de Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Valladolid, Ángela Melero.
Patronal, familias y sindicatos de profesores de la región se han sumado a la campaña digital 'Más Plurales, más libres, más iguales' alcanza ya 1,3 millones de firmas en toda España y docenas de miles en Castilla yLeón, según sus impulsores.
El portavoz de esta plataforma y secretario de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán, denuncia «una larga lista de agravios hacia la libertad de enseñanza que nos convierte (a la concertada) en subsidiarios de la pública en lugar de complementarios». Roldán sitúa la clave de esos cambios en el artículo 109 de su texto que establece que «en la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas».
Y es en esta parte final del articulado donde se disparan todas las alarmas. «Con esta redacción -advierte Leandro Roldán- se elimina la demanda social y permitirá la planificación unilateral de la Administración». «Se está inventando un derecho a la educación pública, cuando la Constitución ampara el derecho a la educación. Sin más», completa Ángela Melero. Los padres y madres de las enseñanzas concertadas reclaman «el derecho a elegir centros en función de valores, orientación e ideario», algo que, con el nueva texto «nos dejaría sin poder decisorio», advierte Melero.
En la misma línea se manifiestan desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritario en el sector. «La desaparición del concepto de demanda social va a teledirigir toda la oferta a las plazas públicas. Estaríamos eliminados como sector», concluye el secretario regional de esta central, Francisco Bernardos.
Puerta de entrada
Entre las novedades está la eliminación de cualquier aportación económica de las familias a estos centros. «No son cuotas, son aportaciones voluntarias que los padres invertimos en educación», insiste Ángela Melero.
Una decisión que tendría a los primeros damnificados en la oferta de 0 a 3 años, único tramo en el que no hay conciertos al no ser obligatorio. «Las familias pagan por este servicio, que suele ser la puerta de entrada para el resto de la escolarización -explica Bernardos-. Eliminarán a más de 800 miniempresas en Castilla y León que cubren esta oferta».
La ley también posterga a la asignatura de Religión, sin efectos en la evaluación, algo que también solivianta al 90% de los colegios concertados propiedad de instituciones religiosas.
Los cambios de las leyes de Educación y su «sesgo partidista» es una constante denunciada ciudadana, hasta el punto de que todas llevan el nombre del ministro que las modificó. La 'ley Celaá' (por la actual ministra de Educación, Isabel Celaá) sustituirá a la 'ley Wert' (por la polémica norma que instauró el ministro del PP José Ignacio Wert en 2006, que entró en vigor en 2013).
La plataforma de la enseñanza concertada confía en que «la Consejería de Educación cumpla su compromiso de tratarnos sin discriminación», asegura su portavoz Leandro Roldán. Para lograrlo «presentaremos peticiones a la Junta para blindar o asegurar esa estabilidad», anuncia sus representantes.
Los portavoces de la concertada de Castilla y León creen que los cambios llegan «en un momento innecesario e inoportuno que solo se justifica por el 'cambio de cromos' con los socios del Gobierno central para aprobar los presupuestos», lamentan tanto Bernardos como Melero.
Centros que segregan por sexo
En la ley educativa se ha colado la exigencia de Unidas Podemos de retirar el concierto a los colegios que segregan a los alumnos por su género. Una norma que afectaría a tres centros vallisoletanos: Pinoalbar, Inmaculada Concepción y Peñalba. El director de este último colegio, Jesús E. Albertos, insiste en que «esta enmienda es inconstitucional puesto que va en contra de dos sentencias dictadas por el pleno del Tribunal Constitucional». Albertos recuerda haber visto en prensa escrita que la propia ministra Isabel Celaá «reconocía que es inconstitucional». Ese mismo tribunal ya dijo en abril de 2018 que segresar a los estudiantes por sexo «no causa discriminación».
Decálogo de demandas de la concertada
1- Defender la libertad de elección de las familias.
2- Promover un Pacto Nacional -social y político- que asegure la estabilidad educativa.
3- Determinar el coste del puesto escolar y elevar el módulo económico de los conciertos hasta su completa financiación.
4- Asegurar el concierto económico a los colegios en los que haya demanda y que cumplan las condiciones legales.
5- Renovar los conciertos automáticamente cada seis años si no han dejado de cumplirse.
6- Promover la existencia de diferentes modelos educativos para garantizar la libertad de elección de las familias.
7- Analogía retributiva del profesorado de la concertada respecto a la pública.
8- Flexibilizar los criterios prioritarios de admisión de alumnos.
9- Incremento de becas y ayduas para comedor, libros y transporte escolar (independientemente de en qué sistema estén escolarizados).
10- Financiación pública para todas las etapas, incluida la etapa de 0 a 3 años.
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