Justicia reduce sus inversiones en Castilla y León a las sedes judiciales de Palencia y Soria

El Ministerio de Justicia ha optado en sus presupuestos por dar prioridad a la mejora tecnológica de la administración y las dotaciones para atender a las víctimas de los delitos, por encima de las mejoras de las sedes judiciales. El grueso de la inversión en infraestructuras de edificios, 18,28 millones de euros, se lo lleva la Audiencia Nacional y, en Castilla y León, solo habrá partidas para ampliar la Audiencia Provincial de Palencia y mejorar las instalaciones judiciales de Soria. En el presupuesto, presentado esta mañana, se confirma que no hay partida para el muy demandado Campus de la Justicia que aglutinaría en un solo complejo las dispersas salas judiciales de Valladolid. Donde sí se va a construir Palacio de Justicia es en La Rioja, comunidad a la que se van a transferir 3,7 millones de euros para hacer frente a la construcción del edificio, en virtud de los acuerdos de traspaso en materia de Administración de Justicia. Una consignación que figura en el capítulo de transferencias de capital, según informan desde el Ministerio.

Justicia gratuita

Justicia contará en 2015 con un presupuesto de 1.475,56, lo que supone un incremento del 1,20% respecto del año anterior. El principal objetivo, indican desde el departamento de Rafael Catalá, es «avanzar en la resolución de los principales problemas del sistema de Justicia, mediante la agilización y modernización del modelo organizativo para optimizar los recursos disponibles y desarrollar los planes de modernización tecnológica de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal».

Entre las dotaciones que se reseñan desde la cartera de Justicia como más importantes se encuentran las destinadas a facilitar el acceso al beneficio de justicia gratuita, a cuya finalidad se asignan 34,94 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,30% respecto al año pasado. Un incremento que, desde el Colegio de Abogados de Valladolid, se sigue considerando insuficiente para garantizar el servicio.

Este servicio, señalan desde el Ministerio, se va a modificar para ampliar el reconocimiento del derecho a colectivos especialmente vulnerables y para «mejorar su gestión al objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema de asistencia jurídica gratuita y hacerlo más eficiente, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva al margen de su capacidad económica».

Otro gasto social relevante es el destinado a garantizar el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a las víctimas para lo que se va a disponer de la cifra de 1,18 millones de euros.

Los gastos de personal, como es habitual, suponen la mayor parte del presupuesto (83% del total de gasto). En esta ocasión como el año pasado se elevan a 1.218 millones de euros.

Con el fin de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal en el año 2015 será de 100 plazas, que se destinarán a la sustitución paulatina de empleo temporal.

El capítulo 6, destinado a inversiones, asciende a 77,55 millones de euros, lo que implica un incremento del 26% que se destinará a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal, así como al plan de modernización del ámbito de competencias de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Los planes de modernización tecnológica contarán con una inversión de 59,27 millones de euros, que se destinarán fundamentalmente a financiar la eficacia de la organización y la actividad judicial mediante la implantación de nuevas estructuras organizativas, como nuevas oficinas judiciales y fiscales.

También se mejorarán y actualizarán las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas y se desarrollarán e implantarán los proyectos informáticos más significativos, cuyos sistemas se estandarizarán (Expediente Judicial Electrónico y Nuevo Sistema Integrado de Justicia). Además, se trabajará en el mantenimiento y evolución de los sistemas de Fiscalías, de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo y del Servicio de Orientación para Recuperación de Niños Robados.