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Militares del Regimiento Farnesio, en la Plaza Circular para hacer cumplir las restricciones de movilidad. Rodrigo Jiménez

La aparición de casos graves y fallecidos entre jóvenes sanos refuerza la alarma

El Ejército empieza a colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las restricciones en Castilla y León

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 19 de marzo 2020, 21:23

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Cuando Castilla y León conoció sus tres primeros fallecidos por coronavirus, el pasado día 13, hace un siglo de seis días y 40 muertos, Verónica Casado, consejera de Sanidad, indicó que eran personas con edades de 81, 89 y 98 años, con «pluripatologías previas». Un mensaje que, en realidad, trasladaba la misma sensación que por entonces desprendía este COVID-19 en las informaciones que se transmitían desde el exterior y, con ánimo de tranquilizar, desde el propio centro de epidemiología, que para muchos era una gripe mal curada y que solo se agravaba en aquellos casos que ya arrastraban enfermedades y años. Más cerca en el tiempo, el miércoles día 18, la consejera adaptaba su alocución a esta actualidad cambiante: «Todos los fallecidos en Castilla y León hasta el momento tienen más de 70 años y con patologías asociadas».

Una frase con dos matices relevantes nuevos. Tienen más de 70 años, no 80, ni 85. Los setenta están muy cerca de la edad de esos médicos recién jubilados a los que se va a reclutar para labores de asistencia telefónica, por ejemplo, porque ellos también son, más ahora que nunca, grupo de riesgo. Y el «hasta el momento».

Porque la realidad dejó en 24 horas dos muertes que destrozaron prejuicios. Un guardia civil de 37 años el miércoles, casado, con una hija de cinco años, sin enfermedades previas, en Alcorcón. Y una enfermera de 52 años del sistema sanitario vasco, ingresada desde hace seis días en el hospital de Basurto.

«Habrá fallecidos, porque esta enfermedad no es banal. No es grave, pero no es banal. Y produce un cierto nivel de letalidad. A medida que tengamos casos en España, si esos casos tienen factores de riesgo para aumentar la letalidad, podrían producirse fallecimientos en nuestro país», dijo Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el 27 de febrero.

Desde aquella fecha, 21 días después, han fallecido 803 personas en España. 43 en Castilla y León.

Este jueves, el propio Fernando Simón admitía en rueda de prensa que han muerto «al menos tres menores de 65 años». Y añadía: «Que el impacto sea menor en estos sectores no quiere decir que no se pueda producir».

La cifra, si la ratio persiste y la curva continúa, está lejos de aplanarse. No es algo que no se supiera, tampoco, aunque en tiempos de vértigo es difícil apretar el botón de 'pausa' y reflexionar. En China, en un estudio con más de 44.000 casos, ya se observó que un 0,9% de los fallecidos carecía de patologías previas. En Italia, el análisis de los datos con dos mil muertos del Instituto Superior de Sanidad, publicado este martes, clasificaba las defunciones en función de las patologías previas que se consideran relevantes para agravar la incidencia del COVID-19. Un 0,8% de los fallecidos no sufría ninguna de ellas.

En números absolutos, eso supone que 8 ó 9 de cada mil víctimas mortales no tenían ninguna dolencia anterior. Cuando en España el número de casos se acerca a los 18.000, los cálculos deberían servir para empezar a reducir, al menos, el número de denuncias por incumplir el estado de alarma, siquiera por miedo.

Este jueves el Ejército tuvo que salir a la calle ya no como la Unidad Militar de Emergencias, para colaborar en desinfecciones y otras tareas, sino para ayudar a la Policía Nacional y a la Policía Local a mantener el orden. En Valladolid actuaron en zonas clave como el centro, estaciones de tren y autobús, hospitales y los centros comerciales Vallsur y Carrefour. En Palencia se desplegaron otros 20 efectivos.

En uno de los grupos de Whatsapp que permiten que este periódico se publique cada día, un compañero relataba que su pueblo, «por las mañanas, parece una romería». En rueda de prensa le preguntaron a Verónica Casado por aquellas localidades que siguen celebrando las misas como si tal cosa. «El Vaticano cerró las iglesias en Roma, esto debe ser una medida», fue su argumento de autoridad, seguido por un consejo, por si no es bastante: «Si se siguen manteniendo hay que guardar un metro de distancia como mínimo». Y por un aviso. «En el medio rural puede haber una percepción menor de la situación, pero estamos en un estado de alarma», recordó la consejera de Sanidad. Y no es una cuestión de los municipios pequeños. En Valladolid se interpusieron 104 denuncias, con un detenido. En León cayó una treintena. En Palencia, el miércoles se impusieron 12 sanciones y ayer se conoció que dos tipos ataviados con botas de pesca y aparejos justificaron su presencia en la ribera del río en que habían salido «a dar una vuelta», como si estuvieran aún a 27 de febrero.

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