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Hacen falta más especialistas para prestar atención psicológica que atienda la demanda creciente de personas en riesgo de suicidio o que incluso han intentado quitarse la vida y han sobrevivido a ese trance, que es especialmente duro en el caso de adolescentes y jóvenes. ... Ese déficit de psiquiatras y psicólogos genera en Castilla y León demoras en la atención en consulta. Es lo que plasma el Procurador del Común, Tomás Quintana, tras investigar la queja que interpuso la familia de una persona que había afrontado un episodio autolítico y que, ante la tardanza en lograr una cita en con los profesionales de salud mental de Sacyl tras superar ese momento crítico, optó por recurrir a la consulta privada de un especialista para no demorar una terapia que urgía.
Desde la Consejería de Sanidad se informó al Defensor autonómico que «los pacientes que han sufrido un intento o gesto suicida y no requieren hospitalización se incorporan al programa de prevención del suicidio y son reevaluados ambulatoriamente por un psiquiatra en el plazo de una semana», además de especificar que «los adultos derivados al psicólogo de la unidad ambulatoria son atendidos en un plazo de 10 días». Ese calendario oficial que marca el protocolo está lejos del que vivió la familia que interpuso la queja. Los responsables del Sacyl transmitían también al equipo de Tomás Quintana que la «escasez importante de dichos profesionales» a nivel nacional suponía un escollo para contratar psiquiatras y psicólogos.
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El Procurador del Común traslada a la Junta que mientras en el conjunto de España hay de media 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, en Castilla y León esa tasa baja a 3,6. Ambas cifras se encuentran muy alejadas de los 18 especialistas que la OCDE recomienda para esa escala de población.
El suicidio es la primera causa de muerte entre la juventud, por delante de otras como los accidentes de tráfico o el cáncer y los expertos apuntan que otros fallecimientos que se consideran accidentales, como ahogamientos, pueden esconder también conductas autolíticas. Un vistazo a las cifras estatales sitúa a Castilla y León como la séptima comunidad en muertes por suicidio: 194 en 2023, lo que supuso un freno frente a los 242 en 2022. Aún así son más de un fallecido cada dos días y el indicador empeora si se pone en relación este número de muertes con el total de la población. La tasa autonómica de suicidio llegaba en 2022 a 10,2 por 100.000 habitantes en 2022, frente al 8,8 de la media estatal.
Tomás Quintana resalta que la falta de especialistas «sobrecarga de trabajo» a los que atienden las consultas y dificulta que se dedique a los pacientes, una vez que logran cita, «el tiempo necesario para el preciso abordaje de la complejidad de sus patologías». Apunta el Defensor autonómico la consecuencia inmediata que provoca «este panorama», que no es otra que «muchos pacientes no tienen más remedio que acceder a la atención privada para tener una terapia de calidad y que les ofrezca una atención en tiempos razonables». Algo que solamente puede afrontar quien tiene capacidad económica, resalta Tomás Quintana.
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Susana Escribano
La resolución remitida al Gobierno que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco llama la atención, además de sobre la falta de profesionales y la demora en citar, sobre la enorme disparidad de esas listas de espera según la provincia. Quintana explica que 6.627 pacientes estaban en el 30 de septiembre de 2024 a la espera de su primera consulta con el psiquiatra, y que acumulaban una demora media de 48 días. Mientras en Palencia el acceso al especialista en salud mental implica esperar 12 días (de media) o 17 en Salamanca, en Burgos esa demora llega a los 41 días y en Aranda de Duero supera los tres meses, con 103 días de lista de espera.
Esta situación lleva al Procurador del Común a concluir que la Junta debe reforzar su plantilla de psiquiatras y psicólogos, corrigiendo el desequilibrio de atención por provincias, y que debe poner en marcha las medidas necesarias para garantizar «una asistencia sanitaria adecuada a las necesidades de los pacientes y en plazos razonables».
Tomás Quintana suma a esta investigación de una queja concreta otro análisis que ha emprendido a iniciativa propia sobre la prevención de la conducta suicida en Castilla y León en el que urge a la Junta a evaluar los resultados de las medidas incluidas en la planificación autonómica para aplicar entre 2021 y 2025. Algo básico para reforzar lo que funciona y reorientar las iniciativas que no ofrecen los resultados buscados. «No resulta aconsejable, pues, demorar el seguimiento de la Estrategia en cuestión, que debe ser concebido, además, como una prioridad», concluye.
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