Suspendido el juicio contra la red de caza ilegal en Gredos por posibles irregularidades

El procedimiento judicial contra las 25 personas acusadas de formar parte de una red de caza ilegal a la carta en la reserva regional de la Sierra de Gredos (Ávila) ha sido suspendido sin fecha, a la espera de que la jueza María Isabel Blanco León decida si ha producido alguna irregularidad en las intervenciones telefónicas que se incluyen como pruebas.

La práctica totalidad de los 16 abogados de la defensa pidieron la nulidad del auto del 20 de octubre de 2008, y sus posteriores prórrogas, por el cual se concedía una autorización judicial para controlar las llamadas telefónicas de tres de los supuestos miembros de la red. Según los letrados, los motivos no estaban los suficientemente justificados si se tiene en cuenta que se trata de una medida excepcional que tiene que sustentarse en pruebas sólidas y no en conjeturas.

Además, la defensa criticó la transcripción que hizo la Guardia Civil de las conversaciones telefónicas. No se incluyen los diálogos al completo, sino un resumen realizado por los propios agentes. Los abogados consideran que estos extractos son interpretaciones «interesadas» dirigidas a respaldar la acusación de los hechos delictivos.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Junta de Castilla y León se sumaron a la petición de analizar el proceso con detenimiento para determinar la nulidad o no de las escuchas telefónicas; algo que no consideran necesarios los abogados de Ecologistas en Acción y la Asociación de propietarios de terrenos en la Reserva de Caza Sierra de Gredos. Este último incluso expresó su «extrañeza» por la adhesión de Fiscal y comunidad autónoma.

Cacerías a la carta

El proceso comenzó ayer, a las 10 de la mañana, en el Juzgado número 1 de lo Penal de Ávila. Allí se personaron 24 de los 25 imputados, a quienes se les informó de los delitos de los que se les acusaban tras las investigaciones realizadas en la denominada Operación Almanzor. Durante la primera semana de septiembre, se celebró otro juicio en Plasencia, el correspondiente a la Operación Chupete, en el que también estaban implicados muchas de estas mismas personas. En ese caso, no se consideró necesaria la suspensión y se está a la espera de la sentencia.

El supuesto cabecilla de la red es J. C. F. D., acusado de dirigir una organización que se dedicaba a preparar cacerías ilegales a la carta en la Sierra de Gredos. Los clientes decidían que animal querían abatir, y ellos les acercaban hasta el ejemplar e incluso les proporcionaban las armas que fueran necesarias. También se incluían servicios de taxidermia para ofrecer los trofeos logrados.

Las hechos delictivos se centran en una serie de cacerías realizadas principalmente a finales de 2008 y principios de 2009 en las que se abatieron varios machos de cabra montés. A los 25 imputados, entre los que están el hermano y el hijo del supuesto cabecilla, se les acusa de delitos contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y asociación ilícita. Todos se declararon inocentes.

En los registros realizados a las casas de los acusados se han encontrado algunas armas sin licencias y varios trofeos de cabra montés, cabezas de lobo e incluso una de puma. En las cuestiones previas, el letrado de la Junta de Castilla y León retiró siete acusaciones de tenencia ilícita de armas. Además, quedaron absueltos cuatro de las acusados iniciales, aunque el abogado de Ecologista en Acción, Juan Manuel López, pidió que sí se les llame a la vista oral como testigos.