IU alertará de los riesgos de la extracción de gas pizarra a los vecinos de la Ribera

Izquierda Unida no va a cejar en su empeño de declarar la provincia de Valladolid libre de 'fracking' o, lo que es lo mismo, de impedir que la técnica conocida como fractura hidráulica se utilice en el territorio. A la moción que la coalición presentó en la Diputación el pasado octubre con la que consiguió que el pleno solicitara a los gobiernos autonómico y nacional una moratoria en la concesión de las pertinentes licencias han seguido después una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León y otra de ley en el Congreso para reclamar la prohibición expresa de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales siguiendo esa técnica. El Ejecutivo autonómico, sin embargo, no solo no tiene en mente impedir la obtención de gas pizarra o 'shale gas' inyectando en el subsuelo grandes cantidades de una mezcla compuesta por agua, arena y productos químicos, sino que ya ha concedido dos permisos para utilizar la técnica en el norte de Burgos y valora otras nueve solicitudes en la comunidad autónoma.

Una de ellas, la denominada Palencia IV, abarca una extensión de 96.350 hectáreas de territorio de Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid, incluida parte de la comarca de Peñafiel. Izquierda Unida anunció ayer una ronda informativa y de movilizaciones para informar a vecinos y cargos públicos vallisoletanos «que los peligros del 'fracking' están ahí y que las consecuencias de esta práctica pueden ser muy graves para el territorio», en palabras del portavoz en la institución provincial, Salvador Arpa.

Empresas como Trofagas Hidrocarburos (filial de la petrolera canadiense BNK Petroleum que ha obtenido los permisos en Castilla y León) defienden que, con la tecnología adecuada, la extracción del gas petróleo atrapado en las rocas es segura. Los detractores, por el contrario, advierten de que la práctica ha ocasionado ya en varios lugares de Estados Unidos problemas de contaminación del suelo y el subsuelo con gases y sustancias químicas que afectan a las aguas subterráneas y superficiales, y provocado pequeños terremotos.

Arpa recuerda también que hay países como Francia que ya la han prohibido y que el Gobierno de Cantabria, del PP, aprobará en breve un proyecto del ley para hacerlo, por lo que la postura de la Junta resulta «incomprensible». El desarrollo de un proyecto de estas características, subraya el diputado, perjudica gravemente no solo a los municipios afectados Bocos, Canillas de Esgueva, Castrillo de Duero, Corrales de Duero, Curiel, Encinas de Esgueva, Fombellida, Manzanillo, Olmos, Peñafiel, Pesquera de Duero, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Roturas y San Llorente, en el caso de Valladolid sino también a los de su entorno más inmediato «con especial incidencia en una de las principales fuentes de riqueza de la comarca, el sector agroalimentario, con el viñedo acogido a la denominación de origen Ribera de Duero o la ganadería ovina amparada por la IGP Lechazo».

Varios de los alcaldes de estas localidades que se verían afectadas por la nueva concesión se han opuesto al proyecto, han exigido información e, incluso, como Fernando Sanz, regidor de Piñel de Abajo, han organizado charlas divulgativas para tratar de despejar dudas. Ayuntamientos como el de Peñafiel han dado un paso más y se han opuesto en pleno a la técnica.