Atilano Soto aprobó las cuentas de Bankia en «un ejercicio de generosidad»

Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia, llegó más que puntual a la Audiencia Nacional. Este lunes estaba citado por el juez instructor, Fernando Andreu, a declarar como imputado en el 'caso Bankia' en su condición de exconsejero de la entidad y del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) a las 10 de la mañana, pero llegó a la sede judicial bastantes minutos antes acompañado de su letrado, el penalista Luis Rodríguez Ramos. Cordial, «tranquilo y sereno» antes de entrar en la sala, Soto declinó hacer manifestación alguna porque «no es procedente» como ya había anticipado días atrás y porque, en palabras de su abogado, «no le gusta al juez», y tampoco quiso comentar el alcance de su declaración ante el juez, que comenzó hacia las 10:10 y finalizó una media hora después. De lo que dijo el expresidente de Caja Segovia dio cuenta después el abogado de UPyD, Andrés Herzog, quien a pesar de ejercer la acusación particular asistió a las declaraciones casi como un convidado de piedra, pues los imputados siguen la estrategia común de responder solo a las preguntas del Ministerio Fiscal. Soto aludió en sus declaraciones a que «mañana (por hoy) Caja Segovia deja de existir».

En efecto, la entidad de ahorro segoviana cierra esta semana sus 135 años de historia y casi coincide su disolución con la declaración de su penúltimo presidente ante la Audiencia Nacional. Imputado, como el resto de los consejeros del Banco Financiero y de Ahorro y de Bankia tras la denuncia de UPyD, Atilano Soto prestó ayer declaración ante el juez instructor y, a las preguntas de por qué aprobaron las cuentas de Bankia los consejeros, contestó que fue por «un ejercicio inmenso de generosidad».

El expresidente de Caja Segovia declaró que fue consejero de Bankia entre el 15 de junio y el 9 de diciembre de 2011, de acuerdo con el relato del abogado de Unión, Progreso y Democracia, Andrés Herzog. Soto también reconoció una retribución de 89.000 euros en Bankia y otra de 12.000 euros en Caja Segovia durante el ejercicio de 2011 en su condición de consejero de estas entidades, aunque también asistió como invitado a las demás reuniones del consejos del Banco Financiero y de Ahorro hasta el rescate de la entidad el pasado mes de mayo.

Además, Herzog comentó que, si bien Soto no lo había mencionado, como consejero de la sociedad Segovia 21 (participada por Caja Segovia-Bankia) percibió en 2011 un total de 112.000 euros.

El asombro de las cuentas

Soto habría dejado claro que antes de su integración en el SIP encabezado por Caja Madrid la entidad segoviana se encontraba «en mejor estado de salud que el resto», porque en su opinión era «la mejor gestionada», si bien Caja Segovia era la que menos peso tenía en el grupo, con una participación del 2%. Cuando el Estado intervino Bankia y el pasado 25 de mayo se aprobó la reformulación de cuentas, «la gente estaba asombrada» y la reunión fue «tensa y dolorosa», reconoció Soto.

Según la versión transmitida por Herzog citando palabras textuales del expresidente de Caja Segovia, el consejo de administración aprobó las cuentas «en un ejercicio inmenso de generosidad», como mal menor y por el interés general de todo el grupo. El 'asombro' venía de la reformulación de las cuentas, que suponía pasar de unos beneficios de 309 millones de euros según las aprobadas en febrero de 2011, todavía bajo la presidencia de Rato, a unas pérdidas de 2.979 millones de euros en mayo, ya con Goirigolzarri al frente de Bankia.

Atilano Soto compareció ante el juez después de Antonio Tirado Jiménez, consejero y vicepresidente de Bancaja, y antes de José Manuel Serra Peris, que fue consejero independiente. La ronda de declaraciones ante el magistrado se prolongará hasta el 20 de diciembre, fecha en la que está prevista que acuda el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, quien será el último directivo del grupo financiero en pasar por la Audiencia Nacional.

De la integración al juzgado

La integración de Caja Segovia en el SIP liderado por Caja Madrid la defendió Soto desde el principio, incluso ganándose la severa reprimenda del presidente de la Junta, su «amigo» Juan Vicente Herrera. Aquella operación de integración en la que la entidad segoviana de ahorros fue de la mano con Caja de Ávila, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja y Caja Madrid no sentó bien en las altas esferas de la política regional. A pesar de todo, Soto y su consejo de administración la sacaron adelante. En mayo, el expresidente comparecía ante los medios para explicar el fiasco que la apuesta decidida por Bankia supuso para la histórica Caja de Ahorros de Segovia.

La investigación judicial sobre Bankia-BFA arrancó el pasado julio al ser admitida la querella de Unión Progreso y Democracia (UPyD), a la que siguieron el Movimiento 15-M y otras organizaciones, que acusan a los antiguos consejeros de la entidad de los presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Atilano Soto ocupó la presidencia de Caja Segovia de manera ininterrumpida desde el año 1997. Después de no poder optar a la reelección al haber cumplido el máximo de mandatos y de prórrogas permitido, la asamblea constituyente celebrada en julio de este año escenificó el relevo y situó al frente de la entidad a Rafael Encinas.

La última etapa de Soto como máximo responsable de la Caja de Ahorros fue convulsa. La presión ciudadana por las retribuciones, los planes de jubilación e indemnizaciones acordadas para los directivos de la institución, por importe de 30 millones de euros, culminó con el cese de Rodrigo Rato al perder la confianza de las autoridades financieras y la intervención de Bankia por el Estado.

Los problemas del ladrillo

La declaración de Soto ante el magistrado de la Audiencia Nacional fue mucho más breve que la de los otros dos consejeros de Bankia que comparecieron ayer, aunque ambos siguen una estrategia de explicar que las cuentas que fue aprobando el consejo de administración se correspondían con las de los balances trimestrales.

El deterioro de la situación económica, el aumento de la morosidad y los «problemas del ladrillo», además de la obligación de provisionar los activos 'tóxicos' por los llamados 'decretos Guindos' habrían sido los «hechos sobrevenidos» que determinaron la caída de Bankia, según dijo el exvicepresidente de Bancaja y exalcalde de Castellón Antonio Tirado.

Y a esto se sumó un plan de saneamiento «acelerado», una «cura de caballo» en opinión de José Manuel Serra Peris (exsecretario de Estado de Industria y Energía en el Gobierno de José María Aznar y exconsejero independiente de Bankia), que devino en problemas con el valor de la acción en la salida a bolsa de Bankia, cuyos directivos quisieron atajar sin éxito la situación generada por haberse encontrado con 75.000 inmuebles, valorados en 23.000 millones de euros, en un mercado inmobiliario que caía en picado desde 2008.