La Fiscalía rebaja sustancialmente la petición de penas en la 'Operación Anaconda'

La Fiscalía ha rechazado que en el proceso por la 'Operación Anaconda', seguido contra una red de tráfico de drogas, se hayan producido «dilaciones indebidas», aunque ha rebajado las penas solicitadas a la mayoría de los 22 acusados, entre ellos a Néstor G.G., presunto cabecilla. En la presentación de sus conclusiones definitivas, que se prolongó durante toda la mañana de ayer en la sección primera de la Audiencia de Cantabria, la representante del Ministerio Público destacó que en esta causa no ha habido «inactividad procesal» en ningún momento, e incidió en el elevado número de imputados y en los «numerosos» recursos planteados por sus defensas.

La Fiscalía ratificó la acusación contra Néstor G. G., 'Bodoque', al que considera cabecilla de la red que operaba en el norte de Palencia y en algunas localidades cántabras, ya que éste «controlaba y dirigía» la compraventa de sustancias.

Pese a haber rebajado la petición de pena para el principal acusado de 13 a 10 años de cárcel, la Fiscalía ha entendido que la participación de éste en el tráfico de drogas ha quedado acreditada «suficientemente» en la conversaciones telefónicas intervenidas en la causa. A pesar de que en su declaración en la vista oral Néstor G. G. aseguró que se dedicaba a la prostitución y que no tenía otro trabajo, la representante fiscal subrayó que este acusado «realizaba una amplia actividad laboral en los delitos contra la salud pública».

Al igual que en el caso de Néstor G.G., el Ministerio Público ha rebajado las condenas para Marcos R. F. y Borja P. H., los dos «hombres de confianza» del presunto cabecilla, que tras la modificación de las calificaciones fiscales se enfrentan a penas de seis y cinco años de prisión, respectivamente, frente a los once que se les requería con anterioridad.

Respecto al resto de los acusados, la Fiscalía mantiene las condenas solicitadas para Manuel V. -once años-, Marouane K. Y. -seis años-, y Francisco Javier C. V. -dos años-, mientras que para los demás acusados se reducen las penas entre uno y cuatro años.

Escuchas telefónicas

La representante de la Fiscalía sustentó sus conclusiones en las escuchas telefónicas (más de un centenar) presentadas en la causa, cuya validez ha defendido ante la «dificultad de obtener información por otros medios» en este caso. La Fiscalía, pues, ha rebajado la condena a 20 de los 22 acusados -inicialmente eran 23, pero el Ministerio Público retiró la acusación contra L. A. M., para quien pedía dos años de cárcel inicialmente-. Siete de los procesados, toxicómanos, podrán beneficiarse de la suspensión de la ejecución de las penas para someterse a un tratamiento de desintoxicación en un centro especializado.

En el caso de Borja P. H., el Fiscal reconoció que el consumo de sustancias disminuyó «ligeramente su capacidad volitiva e intelectiva», aunque ha justificado la pena de cinco años para este acusado «por su papel preponderante y protagonista» en los hechos.

Además, reconoció como atenuante el consumo de sustancias estupefacientes en Francisco Luis L.O., Carlos Javier L.G., Emilio José A. G., Juan Carlos A. V., Víctor Manuel G. S. y José Manuel L. H.

El Ministerio Público resaltó cómo en sus conversaciones telefónicas, sobre todo los principales acusados, Néstor G. G., Marcos R. F. y Borja P .H., «utilizaban palabras y expresiones equívocas para referirse a su actividad, de forma que a menudo éstos hablaban entre sí y con otros imputados de «barras de pan, botellas de vino, gallinas, medio pollo, CD, grasa o leche».