La esposa de Publio Cordón dice estar convencida de que los GRAPO asesinaron a su marido

Pilar Muro, la esposa de Publio Cordón, aseguró ayer ante el tribunal que juzga a los tres cabecillas de los GRAPO por el secuestro de su marido en 1995 que está convencida de que los terroristas asesinaron al empresario, a pesar de que la familia cumplió su parte del trato y pagó en París los 400 millones de pesetas que la banda le exigía para su liberación.

La vista contra Fernando Silva Sande, el máximo responsable de los comandos operativos de la banda; Manuel Pérez Martínez, 'Camarada Arenas', secretario general del PCE-reconstituido; e Isabel Llaquet Baldellou, 'número dos' del brazo político de los GRAPO, quedó vista para sentencia.

La última jornada del juicio a la cúpula de los GRAPO estuvo marcada por las sobrecogedoras declaraciones de Pilar Muro y de las dos personas que participaron en el pago del rescate: la hija y el yerno del empresario, Maria del Carmen Cordón y Pablo Juan Jiménez.

Muro revivió la angustia y la traición de los terroristas. «Nosotros cumplimos el compromiso. Pagamos lo que nos dijeron. La entrega del dinero se hizo bien y han pasado 13 años y Publio no ha aparecido», recordó.

Se mostró convencida de que alguna facción de los GRAPO, incluso engañando al resto de la organización, asesinó a su marido, quizás antes de que se hiciera efectivo el pago en agosto de 1995. «Nunca lo liberaron. Seguramente lo asesinaron. Son terroristas, los más bajo de la sociedad. Son capaces de hacer cualquier cosa», lamentó Pilar Muro, quien recordó el «temor» que todavía siente por estar «en manos» de los terroristas, que «no tienen ningún miramiento por la vida humana».

Su hija y su yerno recordaron también ese calvario y dieron detalles sobre cómo en el verano de 1995 pagaron el rescate en París a Silva y a otro de los terroristas ya condenados por el secuestro, Enrique Cuadra.

El fiscal Luis Barroso mantuvo inalterada su petición de 27 años de cárcel para los tres activistas. La familia, que inicialmente pedía 30 años para cada uno de los procesados, aumentó su petición a 36 años, al sumar en el último momento el delito de estafa, al haberse quedado con los 400 millones de pesetas sin haber liberado al empresario.