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Jueves, 1 de febrero 2018, 15:45
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«Sin salvedades». Esa fue la conclusión que figuró cada año entre 2002 y 2010 en las auditorías que sobre las cuentas de Caja Segovia realizó la firma KPMG. Así lo reiteró María Eugenia Fernández Villarán, responsable de los análisis anuales entre 2004 y 2010 en la comisión de investigación que dirime en las Cortes de Castilla y León las causas de la desaparición de las cajas de ahorros de la comunidad.
De las explicaciones de la compareciente quedó claro que el ámbito de las auditorías se ceñía a comprobar si las decisiones de gestión las tomaba el órgano competente, si tenían un reflejo contable en las cuentas y si se ajustaban al marco normativo y las directrices de los órganos supervisores y reguladores que vigilaban la actividad de estas entidades financieras.
«El auditor no entra en las decisiones de los órganos de gobierno», respondió la experta a preguntas de los procuradores, para añadir que recogía estas decisiones y analizaba si estaban correctamente contabilizadas o no. Entre ellas, los viajes de formación que responsables de la caja segoviana hicieron a Venecia o a la Patagonia. También las prejubilaciones millonarias para los integrantes de la alta dirección de la caja.
«¿Hubo rigor en los gestores de Caja Segovia al valorar el riesgo de operaciones como la que llevó a perder el Torreón de Lozoya y a aprobar prejubilaciones millonarias por encima de los beneficios de caja en una gestión que acabó por poner en riesgo a la entidad que más tarde fue rescatada?» José Sarrión, de IU-Equo, inició la ronda de preguntas.
La compareciente remarcó nunca encontraron nada significativo en las cuentas, puesto que nunca pusieron salvedades a las mismas en sus auditorías y que su labor se limitaba a valorar si las decisiones las tomaba el órgano adecuado y si contablemente se recogían y reflejaban en las cuentas. «Nuestro trabajo se termina ahí», anotó, en un argumento reiterado durante toda su comparecencia en las Cortes.
«En mi opinión la situación de Caja Segovia entre 2009 y 2010 era ya absolutamente dramática. ¿Qué valor aportaron sus auditorías para el conocimiento de la realidad de la caja?», preguntó Manuel Mitadiel, procurador de Ciudadanos y presidente de la comisión. Muy crítico con que estos análisis de la firma auditora no advirtieran sobre las consecuencias del empeoramiento de indicadores como la morosidad o los créditos de riesgo.
Mitadiel sacó a colación un cargo de 230 millones de euros que entre el 2009 y el 2010 se reflejaron en las cuentas contra las partidas de reserva y no en las de pérdidas, «algo que habría sido relevante para alertar sobre la solvencia». María Eugenia Fernández explicó que cambiaron los criterios contables y con la autorización del Banco de España se contabilizaron con la etiqueta de 'pérdidas esperadas' en ese momento y que eso no significa que esos 230 millones desaparecieran. «Sirvió para ocultar la realidad, mientras el consejo de administración disfrutaba de cursos de formación en la Patagonia o Venecia», censuró el procurador de Ciudadanos.
«¿Qué han incorporado ustedes con su trabajo a que se supiese que la entidad tenía graves problemas?», insistió el procurador. La representante de KPMG enmarcó la deriva negativa de indicadores que sí recogían las auditorías en el marco de una crisis de la que se preveía salir en 2011, al contrario de lo que sucedió, y señaló que era algo común a todas las entidades financieras. «La caja cumplía con los requisitos que se le exigían», manifestó.
«Si de 2004 a 2010 corroboró que todo se hacía correctamente, ¿por qué acabo Caja Segovia como terminó?», preguntó Pablo Fernández, portavoz de Podemos. La auditora señaló que a 31 de diciembre de 2010 «nuestra opinión (sobre las cuentas) es sin salvedades».
Ante la insistencia sobre los cursos para los directivos y cargos «a 15.000 kilómetros de Segovia» y las prejubilaciones de los procuradores, María Eugenia Fernández Villazán volvió a reiterar que eras decisiones aprobadas por los órganos de la entidad, con reflejo contable y documentación «de soporte» que justificaba ese gasto. «Nuestro trabajo termina ahí», rebatió, al tiempo que añadió que la firma auditoria «ni podía ni debía» entrar en juicios de valor sobre la idoneidad de esas iniciativas.
La compareciente explicó celebraban una reunión previa al cierre de la auditoría para trasladar a los responsables de la entidad lo que detectaban que no era correcto y que podía dar lugar a las «salvedades». Si corregían esa anomalía, la auditoría salía limpia. Fernández Villarán explicó que tenía una experiencia de 35 años y que en el caso de Caja Segovia las auditorías se hicieron «con el mayor rigor y profesionalidad».
«Menos mal, si se llega a hacer sin rigor, no sé qué hubiese sucedido», ironizó el portavoz de Podemos, que preguntó si, fruto de esas reuniones con los responsables de la entidad segoviana consideraba que los consejeros del Consejo de Administración tenían suficiente cualificación. «Ni puedo ni debo evaluarlo», respondió la compareciente, que a la pregunta de si pensaba que habían hecho algo de las auditorías mal, defendió que «claramente no, fue un trabajo riguroso y profesional».
«Todo iba como un tiro y un buen día nos encontramos con que no tenemos cajas de ahorro. ¿Nadie se dio cuenta de lo que sucedía? Ustedes vieron las tripas de esas cuentas. ¿Cómo eras las recomendaciones para evitar las salvedades? ¿Encontró desviaciones?», inquirió Óscar Álvarez, procurador del PSOE. Fernández Villarán explicó que eso se abordaba en «un entorno normal, en reuniones no especialmente difíciles».
Al final de la comisión, la procuradora del PP, Isabel Blanco, preguntó a la compareciente si en sus auditorías encontraron algún rastro en los balances que hiciera referencia a una posible fusión o integración de las cajas autonómicas. La auditora no mudó el gesto, pero explicó que no hallaron nada, porque analizaban cuentas. El proyecto del 'músculo financiero' autonómico se quedó en el limbo de la política. Nunca llegó a sustanciarse.
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