Los jueces de la comunidad se suman al órdago a Gallardón

Los jueces de Castilla y León han hecho suyo el órdago lanzado por las asociaciones de jueces y fiscales a nivel nacional y dan un plazo de quince días al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que se siente a negociar los anteproyectos de Ley que el Ejecutivo central tiene previsto sacar adelante antes de que concluya el año, así como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOJ), muy denostada por el colectivo porque considera que ataca su independencia y le resta medios para desarrollar su trabajo.

En Valladolid, la junta de jueces aprobó por unanimidad el documento firmado por el conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales el pasado 17 de septiembre. Ignacio Segoviano, decano del colectivo, indicó que, además, «se ha hecho constar en el acta de la reunión el desacuerdo con la intervención que ha tenido el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner», aunque no han llegado al punto de pedir su dimisión como han hecho los de Madrid. Por el momento, señaló, se suman a la reivindicación y están a la espera de que las directivas nacionales de las asociaciones decidan por en marcha la hoja de ruta de las movilizaciones en el caso de que Ruiz-Gallardón no retire el proyecto de reforma de la LOJ. En principio serán «escalonadas» y consistirán en celebrar los juicios solo por la mañana. Los jueces y magistrados, subrayan, dedican las tardes y los fines de semana a escribir las sentencias y otros documentos, además de las guardias de 24 horas.

Sobrecarga

Más rotundos, los jueces de Zamora son completamente partidarios de ir directamente a la huelga. La jueza decana de Zamora, Ana Descalzo Pino, declaró que el plan de reformas de Gallardón se está haciendo «de espaldas» a la judicatura y pone de manifiesto «un total desconocimiento de la situación de los órganos judiciales». Puntualiza además que la carrera judicial «lleva planteando lo mismo desde hace cinco años y, que quede claro, no estamos exigiendo retribuciones». Los jueces y magistrados ya fueron a la huelga en septiembre de 2009 para exigir sus mejoras laborales, centradas en la denuncia de la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios para poder sacar adelante las sentencias en el tiempo que se precisa para que la justicia sea realmente efectiva.

En Segovia, el decano, Jesús Marina, anunció al término de la junta de jueces, en la que estuvieron representados todos los titulares de los órganos judiciales de la provincia, el acuerdo unánime de respaldar el acuerdo nacional de las seis asociaciones de jueces y fiscales suscrito el 17 de septiembre.

Voluntad política

La decana de Soria, Cristina Sualdea, confirmó asimismo la ratificación unánime del documento-manifiesto acordado por la Comisión Permanente de Jueces Decanos, en que se hace patente el malestar de la carrera judicial «debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español».

La judicatura soriana, además de manifestar la disposición «a secundar cualquier medida de presión que se convoque a nivel nacional», expone, en concreto, su rechazo al sistema de sustituciones que establece el Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «por ser inviable, habida cuenta de la notoria insuficiencia de la planta judicial española, que supondrá un aumento inasumible de la carga de trabajo que ya soportan los juzgados». El acuerdo contempla «el cumplimiento estricto de las horas de audiencia y la celebración de las vistas en dichas horas de audiencia».