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Miguel Ángel de Vicente y José Antonio Sanz, del PP, se sientan antes del pleno de hoy. / Antonio de Torre
La Corporación insta a clarificar el nuevo impuesto regional sobre la eliminación de residuos en vertedero
PLENO DE LA DIPUTACIÓN

La Corporación insta a clarificar el nuevo impuesto regional sobre la eliminación de residuos en vertedero

El presidente de la institución provincial, Francisco Vázquez, reconoce que la disposición de la Junta sobre el gravamen es «confusa»

CÉSAR BLANCO

Jueves, 2 de febrero 2012, 13:44

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La Diputación ha celebrado esta mañana «un pleno de trámite», como lo ha definido el presidente de la Corporación, Francisco Vázquez, en el que se ha dado cuenta de los informes de Intervención y Tesorería sobre la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones correspondientes al último trimestre del año pasado. El máximo responsable de la institución provincial ha asegurado que, de momento, se cumple con lo establecido por la norma en cuanto a los plazos de pago, aunque augura este nuevo ejercicio va a ser complicado.

En cuanto a los debates, el grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentaba en la sesión de este martes varias iniciativas que han chocado, en su mayoría, con la oposición del equipo de Gobierno del Partido Popular (PP).

Solo ha habido una excepción y con peros, que se concreta en la aprobación por asentimiento y con matices de la moción interpuesta por la bancada socialista sobre el nuevo impuesto sobre la eliminación de residuos que pretende instaurar la Junta a partir del 1 de marzo.

El portavoz de la oposición en la Diputación, José Luis Aceves, ha justificado su rechazo a esta nueva figura tributaria de carácter regional, la cual prevé gravar los deshechos depositados en vertederos con la finalidad de «fomentar el reciclado y la valorización de los residuos». Los socialistas cuestionan este objetivo «teniendo en cuenta que dicho impuesto encarecerá los costes de tratamiento de los residuos en vertedero».

Aceves reprocha que la imposición de este nuevo impuesto responde más a una «pura política recaudatoria de la Junta, ya que el impuesto grava más los residuos susceptibles de valorización, 20 euros por tonelada, que los no valorizables, 7 euros por tonelada, imponiendo como sujeto pasivo a las entidades locales propietarias de los instalaciones y apropiándose de la recaudación la propia Junta». El portavoz socialista ha aprovechado su defensa de la moción para condenar la pasividad de la Administración autonómica ante el ingente número de vertederos incontrolados a los que no se aplican sanciones «y ahora pretende gravar aquellas actividades que se desarrollan legalmente».

El representante de la formación socialista alerta de que tendrá que ser el Consorcio Provincial el que asuma este impuesto autonómico, y por ende, las mancomunidades y ayuntamientos se van ver obligados a subir sus tasas de recogida de residuos, por lo que los ciudadanos serán los mayores damnificados.

El portavoz del equipo de Gobierno provincial, José Antonio Sanz, no ha quitado la razón al representante socialista en su argumentación, si es que es así cómo se va a aplicar la nueva medida tributaria, y ha reconocido que existe una «cierta ambigüedad» sobre los tipos de residuos afectados por el gravamen, aunque se ha remitido al debate que habrá en las Cortes regionales.

Por su parte, el presidente de la Corporación, Francisco Vázquez, coincide en que «la disposición de la Junta sobre la eliminación de residuos es confusa». De hecho, así lo prueba la cantidad de enmiendas que ha recibido la propuesta. Con su aprobación por asentimiento de la iniciativa del PSOE, los diputados provinciales populares precisan que «manifestamos que se clarifique el sujeto pasivo y el tipo impositivo sin inmiscuirnos en la parte legislativa», tal y como señala el presidente de la institución.

Publicación de los presupuestos

Otra de las mociones socialistas tratadas en el pleno se refiere a la publicación trimestral en la web de la entidad de los presupuestos iniciales, sus modificaciones y su aplicación por parte de la propia Diputación y de todas sus entidades, sociedades, consorcios y organismos provinciales, así como de la serie histórica de los últimos años. El equipo de Gobierno estaba dispuesto a secundar esta iniciativa, pero no así el segundo punto de la propuesta, que instaba también a la difusión en la web de la Corporación de los informes trimestrales anuales de Intervención sobre estabilidad presupuestaria. El portavoz popular ha expuesto en su intervención que no se podían disgregar ambas instancias, por lo que el rechazo global ha dado al traste con la moción.

La bancada de la oposición también ha puesto sobre la mesa la solicitud a la Junta para que asuma sus competencias en materia deportiva y financie las obras necesarias para convertir en sede de las distintas federaciones deportivas provinciales los locales ubicados en el estadio de La Albuera o que, en su defecto, busque un nuevo local para reubicar estas organizaciones. El equipo de Gobierno que preside Francisco Vázquez también ha rechazado en la votación esta propuesta porque excede a competencia de la Diputación, ha esgrimido Sanz.

«La autonomía local ha quedado por los suelos»

El pleno de esta mañana se ha movido en la arena económica. El grupo de diputados provinciales de PSOE presentó otra moción por la que se demandaba la modificación del Real Decreto que establece un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Para empezar, el portavoz de la formación en la oposición ha criticado que el «Gobierno de España no haya contado con los ayuntamientos para adoptar una decisión que es injusta». Según ha defendido José Luis Aceves, «la autonomía local ha quedado por los suelos» y ha invitado al gobierno provincial a que se pronuncie, ya que el cambio de las condiciones de tributación del IBI «es contrario a la letra y espíritu tanto de la Ley de Bases de Régimen Local como de la Ley de Haciendas Locales» .

Por su parte, el portavoz popular se ha remitido a responder que «no se puede legislar donde ya está legislado», por lo que la moción socialista ha sido rechazada.

Negociar los horarios

Por último, ante otra de las mociones presentadas por el PSOE, los responsables de la Corporación provincial han declarado que ya se han solicitado y se están estudiando los informes preceptivos para buscar una «solución lo más ajustada posible a la legislación vigente» en lo que respecta a la ampliación a 37,5 horas semanales de la jornada laboral de los empleados que trabajan para la institución. El portavoz de la formación popular ha apostillado que se intentará recabar un acuerdo «pleno» con los representantes de los trabajadores, aunque es consciente de la dificultad existente por las diferencias existentes entre la plantilla de funcionarios y el personal laboral, ya que éste último se rige por convenio que estipula 35 horas semanales. «Estamos pendientes de negociar y de saber qué se va a hacer en el resto de la Administración local», ha asegurado José Antonio Sanz.

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